Opinión
La autonomía indígena socavada
Jason Tockman
Estudiante doctoral de Ciencia Política, Universidad de Columbia Británica, Canadá
Los investigadores que tenemos interés en los procesos de AIOC en Bolivia estamos aprendiendo que el marco legal de la autonomía indígena es un camino lleno de obstáculos y sin apoyo suficiente desde el gobierno central, lejos de las grandes expectativas que anunció el gobierno con su flamante discurso plurinacional. La promoción del plurinacionalismo y la autonomía indígena se ve limitada por dos fuertes tendencias políticas del gobierno actual: la adhesión a un modelo de desarrollo económico convencional basado en la extracción y exportación de recursos naturales y la adopción de una fuerte línea de política partidista. Una consecuencia de estas tendencias es que el marco legal político y la práctica de la autonomía indígena, cada vez parecen estar limitadas por la lógica y los objetivos de las autoridades. Además, más allá de los esfuerzos notables del Ministerio de Autonomía, especialmente de su Dirección de AIOC, los funcionarios públicos y las políticas de autonomía sirven principalmente para circunscribir a pequeña escala el ejercicio de la autonomía indígena, con fines en gran medida simbólicos.
La ventana temporal abierta por el Decreto Supremo del 9 de agosto del 2009 (Nº 231), para que los municipios transiten hacia la autonomía indígena, fue demasiado breve. Debido a que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) aún no había sido aprobada, hubo una general incomprensión sobre el significado de la autonomía indígena. Municipios con alta población indígena que quizás estaban interesados en la autonomía no estaban seguros acerca del significado del proceso. Desde 2009, el contenido de la legislación secundaria y las resoluciones administrativas han limitado progresivamente la práctica de la autonomía indígena. Esto refleja una aparente falta de compromiso del gobierno central para la realización de la autodeterminación indígena y, de hecho, algunos grupos del Movimiento Al Socialismo (MAS) han estado entre sus mayores opositores. La LMAD puso límites considerables a los municipios y territorios interesados en las autonomías, y creó un proceso largo y complejo para su conversión. La Resolución Administrativa Nº 45, de la Corte Nacional Electoral, estableció que las autoridades municipales elegidas en abril de 2010 sean provisionales hasta el momento en que los estatutos autonómicos entraran en vigor, pero no estableció una fecha específica; es decir que la Corte permitió que algunos de los alcaldes y concejales, llevados por sus intereses personales, puedan impedir o retrasar la elaboración de los estatutos, hasta la conclusión de su mandato de cinco años.
La realidad de estos procesos de construcción de autonomía es muy distinta del discurso oficial de la plurinacionalidad en dos sentidos: (1) exceptuando al Ministerio de Autonomía, no hay un serio apoyo estatal para la autonomía indígena; y (2) el soporte que ha sido proporcionado por el gobierno central ha ayudado y obstaculizado estos procesos; a veces socavando la participación autónoma local por la fuerte intervención del personal financiado por el gobierno, que por lo general tiene una perspectiva muy “legalista y municipalista”.
La ausencia de apoyo estatal suficiente es tanto una cuestión de escasos recursos como la falta de voluntad política. El Ministerio no tiene un presupuesto suficiente para llevar a cabo su mandato legal, lo que significa que no tiene la capacidad para financiar las reuniones de las asambleas autonómicas o para su socialización. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en la Plataforma Interinstitucional de Apoyo a las AIOC han llenado parte de este vacío, proporcionando recursos para el transporte y alimentación de quienes participan en las reuniones, aunque este apoyo es desigual. Sin embargo, los miembros de las asambleas autonómicas participan en largas sesiones sin remuneración, lo que ha provocado dificultades financieras , y contribuye a un alto nivel de renuncia e inasistencia. Según asambleístas de Charagua (Santa Cruz), ésta es la razón principal de que el proceso sea tan lento. Dentro del Ministerio de Autonomías, algunos nombramientos de personal clave han sido criticados por inexpertos para generar el impulso político necesario para avanzar en la agenda.
Finalmente, durante las reuniones de las asambleas autónomas y de sus comisiones de trabajo, los técnicos han desempeñado un fuerte papel en el procedimiento, a menudo superando el tipo de imparcial asesoramiento técnico que se espera de un proceso concebido como deliberativo y autónomo. Esta acción de los técnicos ha tenido el propósito de influir en el contenido de los estatutos y adecuarlos a las leyes. En algunas reuniones de las comisiones, había tantos técnicos como miembros de la asamblea, y aunque muchos eran bilingües, tenían la tendencia de cambiar la conversación a su idioma preferido, el castellano, con la consecuencia de que las asambleas terminaban desarrollándose en otra lengua. En algunas AIOC, los técnicos sirvieron como agentes principales de la socialización del estatuto, explicando a las comunidades el contenido y razonamiento de las disposiciones de las asambleas autónomas, y después informando a la asamblea sobre las observaciones que han recibido.
Aun así, estos audaces procesos autonómicos indígenas significan una considerable innovación de participación ciudadana. Pero tenemos que ser claros, si las comunidades indígenas están buscando ampliar pragmáticamente el control local, el largo y complejo camino de la construcción de una autonomía podría ayudar. Si su meta es la reconstitución de los ayllus y markas con una visión de Qullasuyu, con toda probabilidad, los participantes se encontrarán decepcionados.
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