NOTAS TIERRA

Representantes de 32 territorios titulados colectivamente —pertenecientes a las regiones del Chaco, Valles, Llanos, Chiquitanía, Altiplano y Amazonía— suscribieron este viernes el "Manifiesto de Territorios Colectivos del Estado Plurinacional de Bolivia", que exige el respeto a la autonomía indígena y llama a superar sus divisiones internas para hacer frente a las actividades extractivas como la minería, los hidrocarburos y el agronegocio en sus territorios.

La falta de agua, el avance de la minería y el riesgo de incendios e invasiones fueron algunas de las problemáticas que representantes de pueblos indígenas de tierras altas y bajas pusieron sobre la mesa durante la jornada inaugural del encuentro "Territorios Colectivos y Economías Plurales", evento que busca sentar las bases para recuperar la agenda histórica de los pueblos indígenas y construir horizontes comunes de defensa territorial y ejercicio pleno de la autodeterminación.

Luego de más de dos años, el Punto Nacional de Contacto de Alemania (PNC) que es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— entidad ante la que organizaciones de América del Sur y Europa presentaron una denuncia contra Bayer por la afectación del medio ambiente y de los derechos de campesinos e indígenas en la región, generada por la producción y comercialización de herbicidas tóxicos articulados a la agricultura industrial de exportación— archivó la queja de los demandantes y propuso una mediación que dejaba fuera los casos concretos de daño. La posición fue rechazada por las organizaciones denunciantes y alertaron que el organismo actuó en favor de la empresa.

A través de una nota formal, el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) solicitó a la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García Moreno, que la institución brinde acogida solidaria a aproximadamente 2.000 personas que arribarán a La Paz en el marco de la Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de la Tierra y Territorio.

La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión social, sino también debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre distintos sectores del país.

Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” rechazaron de forma categórica las denuncias de que su movilización estaría financiada o dirigida por organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores externos.

Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, y reafirmaron su papel como defensoras de derechos humanos y actoras del desarrollo.

Marchistas indígenas y campesinos activaron protestas en La Paz contra la Ley 1720, exigiendo su abrogación tras casi un mes de caminata. En paralelo, diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TCP, mientras la Fundación TIERRA ratificó su respaldo a la movilización y advirtió riesgos para territorios y derechos agrarios.

La marcha por la defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios llegó a La Paz y enfrenta una situación crítica en Urujara. Al menos 50 marchistas de la delegación de la CPMB presentaron complicaciones de salud la noche del 1 de mayo, mientras avanzaban por el sector de la cumbre, en dirección a la Sede de Gobierno.

Llegaron a Yolosita con ampollas en los pies, dolores musculares, algunos con vómitos y jaqueca después de cruzar el Choro. Decenas de hombres y mujeres e incluso niños llevan 22 días caminando desde Pando. Este jueves, el frío de la altura comenzó a golpear a quienes nunca lo habían sentido. Pero la marcha no paró ni se detendrá. Su objetivo es el mismo, la abrogación de la Ley 1720 y el respeto a la pequeña propiedad. Y para no ser juzgados con otra finalidad, decidieron que no se mezclarán con otras movilizaciones, no desviarán su causa.