Circulan propuestas para cuadruplicar la frontera agrícola en Bolivia hasta 13 millones de hectáreas para el año 2025 con el fin, se dice, de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Priorizar el tema alimentario a futuro como política de Estado nos parece acertado. Sin embargo, creemos pertinente plantear algunas reflexiones desde otra perspectiva en base al debate del II Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, llevado a cabo recientemente en la ciudad de La Paz con presencia de expertos de ocho países.
Si la expansión propuesta está basada en la actual estructura productiva del agronegocio, articulado fundamentalmente al cultivo de la soya en Santa Cruz, la real contribución de esta política a la seguridad alimentaria estaría en tela de juicio por las siguientes razones. La soya no contribuye directamente a la soberanía alimentaria nacional. Del total producido, el 80% se destina principalmente a torta de soya, y la mayoría se exporta para alimento balanceado de ganado en el exterior. El 20% restante se convierte en aceite y de esta cantidad, sólo una quinta parte se queda en el país para el consumo de los bolivianos. Además, el 95% de la soya es transgénica y se fumiga con el herbicida glifosato ocasionando serios impactos en el medio ambiente y en la salud de las poblaciones que viven cerca de los cultivos, tal como sucede ahora en Argentina y Brasil. Por otro lado, la superficie dedicada al cultivo de alimentos básicos como la papa, el trigo y el maíz es actualmente seis veces menor que la superficie cultivada de soya.
Ampliar la frontera agrícola bajo esta estructura productiva implica altos niveles de deforestación. En la última década se han perdido alrededor de 2 millones de hectáreas de bosque, principalmente debido a la agricultura mecanizada. Esto influye en la humedad, los patrones de lluvias, los incendios forestales y la degradación del suelo, además de ejercer presión sobre comunidades, cambiar el uso del suelo y disminuir la diversidad agrícola. Asimismo, una parte importante de las tierras con aptitud para agricultura intensiva está ya cultivada y las áreas de uso mixto disponibles, normalmente bosques, requieren de un manejo diferente al que promueve el agronegocio de la soya.
Desde sus inicios, el sector soyero es uno de los más beneficiados con políticas estatales: construcción de carreteras, preferencias arancelarias, privilegios impositivos y un subsidio indirecto de Bs 5,80 por litro de diesel importado. Sin todo este apoyo estatal, este sector no podría competir en los mercados externos ya que tiene el rendimiento más bajo de la región y costos de producción más elevados. ¿Cuánto aporta este sector al Estado? Argentina cobra un impuesto del 35% a la exportación de soya, mientras que en Bolivia no existe nada parecido.
Es visible la actual contribución económica de la soya para el sector privado y la economía regional del departamento de Santa Cruz. Pero ¿cuán sostenible es este modelo y qué realmente implica su expansión? El desafío de lograr la seguridad y la soberanía alimentaria nacional debe ser compartido por todos los sectores de la sociedad, en un proceso consensuado en el cual, colectivamente decidamos cómo utilizar la tierra y nuestros recursos naturales para producir alimentos de consumo nacional. Se debe acordar claramente qué alimentos se producen, quiénes los producen, dónde se lo hace y fundamentalmente cómo se lo hace. Este gran acuerdo, fundamental para los retos que nos impone el futuro, aún está pendiente.
Quien firma este artículo es Director Nacional de Fundación TIERRA. El artículo corresponde a una reflexión del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, conformado por CIDES/UMSA, CIPCA, Fundación TIERRA e IPDRS.