La cumbre campesina de Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria resolvió limitar el acceso y uso de tierras y recursos naturales a ciudadanos extranjeros a través de la redacción de una ley, y simultáneamente determinó la realización de una auditoría externa al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) referida a la ejecución de los procesos agrarios, con la participación de organizaciones sociales.
Entre el 23 y 25 de abril las delegaciones de los nueve departamentos trabajaron en la cumbre convocada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMIOB-BS), y reunida en la ciudad de Santa Cruz. La resolución más importante de la reunión fue trabajar una nueva Ley Agraria adecuada a la Constitución Política del Estado y en consecuencia abrogar la Ley INRA 1715 aprobada en 1996 y modificada por Ley 3545 en 2006. El Estado estuvo representado por una delegación del Ministerio de Desarrollo y Tierras y otra del INRA.
Pero en los lineamientos aprobados para la redacción de esa norma es contundente el mandato en relación a la extranjerización de la tierra. El documento final define que, "Se limite el acceso y uso de tierras y recursos naturales a extranjeros, con sanciones penales drásticas a los palos blancos". También determina que "Se anulen privilegios para migraciones extranjeras". En la cuarta mesa sobre saneamiento y solución de conflictos fue clara y directa la alusión a los menonitas como avasalladores de tierras.
La reunión definió algunas acciones inmediatas que deben ser ejecutadas por la CSUTCB y sus filiales departamentales y provinciales. Entre estas determinaciones destaca la exigencia de una auditoría externa a la oficina nacional y a las departamentales del INRA Nacional relacionada con la ejecución de los procesos agrarios. El examen abarcaría a otras instituciones involucradas en el tema tierras tales como la Autoridad Boliviana de Tierras, el Viceministerio de Tierras y el Tribunal Agroambiental. Este proceso deberá contar con la participación activa de la CSUTCB y CNMIOCB BS.
Una de las críticas a la Ley 1715 del INRA es su excesivo enfoque técnico jurídico en detrimento del aspecto social, aún más la ausencia de la integralidad relacionada a aspectos del uso y distribución y el fomento al desarrollo de las comunidades rurales. He aquí dos ejemplos de la propuesta integral de la Cumbre: "La tenencia de la tierra debe vincularse con un nuevo régimen de aguas y el desarrollo productivo para garantizar la soberanía alimentaria, mercado de productos, incentivos, crédito y tecnología con apoyo estatal, normando el uso y manejo adecuado de suelos". "El nuevo régimen agrario debe contemplar la articulación con las entidades autónomas del nivel departamental, municipal y territorios campesinos indígenas originarios. Asimismo, debe relacionarse con la Ley de la Madre Tierra, de Revolución Productiva y otras normas conexas".
Resalta la importancia de la articulación institucional en los diferentes niveles de gobierno nacional en la administración de la tierra. Por ejemplo, para las comunidades campesinas originarias del altiplano y valles es de suma importancia que los gobiernos locales tengan un rol en la gestión de los derechos de propiedad tanto familiar como colectivo surgido de los acuerdos internos del proceso de saneamiento. Plantean la "gestión territorial respetando los usos y costumbres según la cosmovisión de comunidades y de acuerdo a las características de cada región".
En lo que atañe a la estructura institucional se propone la: "Creación de un Ministerio de Tierra y Territorio", con el objetivo de administrar todo el régimen agrario que satisfaga las necesidades de las organizaciones básicas, en directa coordinación con la CSUTCB y CNMCIOB BS". Actualmente el Ministerio de Desarrollo y Tierras tiene directa tuición sobre el INRA que es el encargado de la administración de las tierras en Bolivia. La nueva entidad estatal que se propone crear sería la encargada de este rol además deotros aspectos como el "resguardo en fronteras y fomento de asentamientos humanos productivos".
El latifundio y el minifundio también merecen mención en el documento, pero sin la contundencia ni precisión con que la CSUTCB lo hacía antes. Dice tímidamente "profundizar la reversión de tierras de latifundios para la dotación a favor de las comunidades campesinas indígena originario". Señala que "en áreas con minifundio se priorice la dotación de tierras fiscales".
El crecimiento de las ciudades fue otro tema polémico porque ese proceso implica afectación de tierras con vocación agropecuaria. Al respecto la resolución propone resguardar "áreas productivas, evitar la urbanización y el loteamiento". Sugiere establecer un observatorio para la verificación del cumplimiento de la Función Social y la Función Económico Social. En la ley INRA actualmente vigente este es el mecanismo de control del latifundio y el incumplimiento de la FES es causal de la reversión de la tierra al Estado para su redistribución a las comunidades indígenas, campesinas y originarias.
Ausencias
Si bien las conclusiones de este evento abarcan muchos aspectos concernientes a la problemática de la tierra y el territorio, son notables algunas ausencias. Entre ellas el tema crucial del crecimiento de la frontera agrícola, no mencionado en el documento final de la cumbre. Este aspecto encierra una complejidad enorme, pues tiene una estrecha relación con el agronegocio, el cual mueve miles de millones de dólares a escala mundial. El agronegocio trae consigo problemas de acaparamiento y extranjerización de tierras. El crecimiento de la frontera agrícola afecta de manera directa al equilibrio y la conservación de sistemas agroecológicos y de los territorios indígenas particularmente de tierras bajas.
Otro desafío que deberá encarar una nueva ley de tierras es incluir en el debate a otros sectores como la CIDOB, la CONAMAQ, además de los sectores agros empresariales.