Los requerimientos técnicos del proyecto Misicuni y el crecimiento urbano cochabambino transforman la vida y los intereses de los campesinos ayopayeños, y acaban con el postulado constitucional de dos jurisdicciones (estatal e indígena-campesina) y dos sistemas de gobernabilidad (Parque Nacional Tunari y TCO), como pilares fundamentales de un sistema de pluralismo jurídico.
La ciudad de Cochabamba arrastra un problema muy serio de abastecimiento de agua. El proyecto múltiple de Misicuni es la solución estructural anhelada pero hasta ahora está lejos de suministrar lo planeado: 2.030 litros de agua por segundo. Según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la empresa municipal, SEMAPA, abastece solo el 36 por ciento de las viviendas mientras que el 46 por ciento depende de cooperativas de agua, pozos propios, cisternas y otros. Este déficit de agua está obligando al Estado a adoptar medidas más agresivas para controlar las áreas de colección de agua para Misicuni.
Sin embargo, esta mirada ‘urbano-céntrica’ ignora los intereses de campesinos de las áreas afectadas que dependen del acceso a los recursos naturales. Este último aspecto, es el tema central de un reciente estudio de Pablo Regalsky, quien se ocupa de develar los conflictos emergentes de la contraposición entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena campesina.
Regalsky explica en su estudio que el Estado recientemente amplió los límites del Parque Nacional Tunari (PNT) hacia el nor-noroeste más allá de las zonas de colección de agua de Misicuni. Los más afectados son los campesinos ayopayeños ya que el 40 por ciento del parque se sobrepone a la provincia Ayopaya. Desde varios años atrás, los ayopayeños iniciaron la defensa de su territorio y derechos jurisdiccionales mediante el trámite de un título colectivo de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). El título ejecutorial de TCO fue emitido el 14 de agosto de 2009 y aprobado en base al expediente I-800 y TCOD3D30D01. Sin embargo, según el autor, es posible que el título ejecutorial de TCO de Ayopaya haya desaparecido de los archivos agrarios o probablemente fue anulado. Una de las mayores consecuencias para el campesinado es que sus derechos constitucionales y jurisdiccionales pierden fuerza.
Los problemas para el campesinado no terminan ahí. Las luchas campesinas de las épocas de la Guerra del Agua lograron anular las leyes de los años noventa de privatización de fuentes y servicios de agua y para que los cambios sean irreversibles, jugaron un papel clave para la constitucionalización de sus derechos colectivos en el marco de los postulados del Estado Plurinacional. Pero ahora enfrentan procesos regresivos. La Agenda del Agua de la Gobernación de Cochabamba, señala el autor, se propone de forma muy polémica, que los conflictos por el agua se deben principalmente a la vigencia de usos y costumbres.
El campesinado afectado al parecer habría perdido su fuerza de resistencia colectiva ante estos embates. Misicuni avanza casi sin oposición manifiesta del campesinado afectado, señala Regalsky. La emergencia de una “burocracia campesina” vinculada al poder político sería una señal inequívoca del debilitamiento interno, divisiones, diferenciaciones económicas. A esto se deben sumar cambios estructurales en el uso de las tierras agrícolas con impactos económicos diferenciados. El proyecto de Misicuni iba a suministrar agua para riego a 18 mil hectáreas de tierra pero hoy la urbanización descontrolada redujo las tierras agrícolas a 3.900 hectáreas. Muchos campesinos lotearon y vendieron sus tierras, en consecuencia, sus intereses también son distintos.
Nota. El estudio de Pablo Regalsky está disponible mediante el siguiente enlace (Parte I) http://goo.gl/nqtl73 .