PRONUNCIAMIENTO
Abandonemos la Agricultura Extractiva
Vamos a decir claro y fuerte. Los incendios forestales de la Chiquitanía y Amazonía boliviana tienen su origen en la expansión irracional de la frontera agropecuaria. Desde el año 2010, el Gobierno de Evo Morales y los agro-rentistas se aliaron para consolidar las grandes propiedades de la tierra, masificar el modelo soyero, producir agrocombustibles y exportar carne a China. Ambos actores divulgan la falsedad de que la agricultura extractiva llenará el vacío que empieza a dejar los hidrocarburos y de que ésta –con un pequeño empujón estatal– se convertirá en una nueva locomotora de la economía nacional.
Los costos de la política agraria y ambiental dominante son muchos. Los traficantes de tierra controlan ahora las tierras fiscales, solo una casta dirigencial se beneficia con los nuevos asentamientos, la agroexportación está en manos de las transnacionales y la deforestación avanza con fuerza hacia parques nacionales, áreas protegidas y territorios indígenas.
Sin embargo, el problema de fondo con la agricultura extractiva es que ésta proyecta una ficticia realidad económica. Es un espejismo. No se mantendría en pie sin la subvención al diésel que pagamos todos los bolivianos, sin los mercados con aranceles preferenciales y, por supuesto, sin los reiterados ‘perdonazos’ para desmontes y quemas ilegales. Los soyeros dicen ser un gigante de la economía al mostrar cifras cercanas a mil millones de dólares en exportación, pero ocultan la realidad de que el 70 por ciento o más de este dinero se fuga de Bolivia en forma de compras de insumos agrícolas, tecnología y ganancias expatriadas. Para el año 2030 los ganaderos prometen 900 millones de dólares anuales por exportar carne a China; pero, a cambio, piden deforestar 20 millones de hectáreas.
Cuando se cuestiona este modelo, muchos replican señalando que no existen alternativas, que se afectaría la economía cruceña o, como dijo el presidente de los ganaderos, Óscar Ciro Pereyra, sería “matar la gallina de los huevos de oro”. Este fatalismo de que no hay salidas goza de aceptación entre mucha gente. Pero, afortunadamente, los bolivianos estamos dándonos cuenta que las alternativas son mucho más prometedoras. En agro-exportación, basta prestar atención a experiencias cercanas como el agro peruano. El año pasado (2018) la agro-exportación de Perú alcanzó a 7.030 millones de dólares (INEI 2018). Esto es siete veces el valor que genera la soya boliviana, no son productos transgénicos y tiene baja dependencia de insumos importados. Tan solo la exportación de palta o aguacate generó 724 millones de dólares, una cifra que debería hacer sonrojar a los soyeros. Tiene casi el mismo valor la exportación de café, arándanos rojos o uvas. Los agro-empresarios juegan un papel central, pero con una diferencia crucial: la productividad y la competitividad están por encima del agro-rentismo.
Por estas y otras razones, hacemos un llamado público para exigir el abandono de la agricultura extractiva y transitar hacia la agricultura sostenible a pequeña y mediana escala. Aquí plantemos tres pasos iniciales y responsables:
1. Cancelar el proyecto de producción de "biodiesel". Los chaqueos y quemas se intensificaron en la Chiquitanía porque la Ley 1098 de aditivos de origen vegetal (2018), despertó la ambición de habilitar nuevas tierras para soya a partir de la campaña de verano 2019-2020.
2. Suspender y auditar la distribución de tierras fiscales. Esto significa paralizar de inmediato todos los actos agrarios de distribución y redistribución de tierras fiscales y llevar a la justicia todas las denuncias de tráfico de tierras y corrupción en el saneamiento y titulación de tierras.
3. Aprobar una ley integral de Pausa Ecológica. Los principales componentes de una verdadera pausa ecológica deberían ser: 1) Auditoría ambiental de los incendios forestales de Chiquitanía, 2) Suspensión de desmontes y quemas, 3) Abrogar el Decreto Supremo 3973 que autoriza desmontes y quemas en Beni. Este Decreto se basa en un nuevo Plan de Uso del Suelo (PLUS) que no está aprobado y que contiene la polémica propuesta de reclasificar el 53 por ciento del territorio beniano como tierras de uso agropecuario, por lo tanto, susceptibles de deforestación y quemas a gran escala.
Si no decimos basta, el fuego arrasará los bosques una y otra vez. El momento para que abandonemos la agricultura extractiva es ahora. Caso contrario, todos pagaremos las consecuencias.
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Fundación TIERRA
03 de septiembre de 2019