Para la Fundación TIERRA, antes de que se promueva una nueva ley de tierras, es fundamental un pacto entre campesinos e indígenas para no avasallar "ni en los hechos ni con la ley", las 55 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) tituladas en tierras bajas.
"Para que no se produzcan retrocesos y contrarreformas, es decisivo evitar cualquier resquicio jurídico que atente contra las TCO. La nueva ley de tierras no tiene que ser para enfrentar a iguales, a indígenas y campesinos que sufren los mismos problemas", dijo el director de esa organización, Gonzalo Colque.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) pidió el martes pasado al Ejecutivo, durante la celebración por el 2 de agosto en Villa Tunari, apoyar una nueva ley de tierras, propuesta que fue aceptada por el presidente Evo Morales que consideró que con esta norma terminará definitivamente el latifundio en Bolivia.
Ayer, el secretario general de la Csutcb, Rodolfo Machaca, anunció que desde este lunes su sector comenzará a trabajar el anteproyecto de la nueva ley que tiene como objetivo principal "reordenar" la distribución de tierras.
El debate en torno a la nueva norma gira en torno a las diferencias actuales entre campesinos e indígenas por la tenencia de la tierra. Los primeros quieren terrenos para producir y no descartan incluso que las Tierras Comunitarias de Origen tituladas a favor de los indígenas entren a un proceso de redistribución.
Postura política
Colque señaló que, con excepción de los resultados importantes en la titulación de las TCO, "al parecer el Gobierno está reconociendo que los abultados números de hectáreas declaradas como tituladas, han sido nomás parte de una postura política de intentar diferenciarse con ventaja de los gobiernos anteriores y no una efectiva lucha contra el latifundio y el minifundio que condena a la pobreza a miles de campesinos, indígenas y originarios".
Explicó que la ley de tierras vigente tiene que adecuarse a la nueva Constitución Política del Estado y esto puede producirse vía reforma parcial o sustitución por una nueva ley de tierras.
