Fue promulgada el 29 de diciembre de 2010. Regula los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico.
Se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de Ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables.
Contenido:
Capítulo I. Disposiciones Generales
Capítulo II. Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales
Capítulo III. Ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina
Capítulo IV. Coordinación y cooperación
Disposición final