Tal como estamos viendo a diario, la crisis económica se propaga sin esfuerzo alguno a lo largo y ancho de la geografía nacional. Nuestras líneas divisorias entre el occidente y oriente, reales o imaginadas, no hacen diferencia cuando llegan los años de “vacas flacas”. La escasez de combustibles, la falta de dólares y el alza del costo de vida son fenómenos económicos generalizados, sin que importe si estamos en El Alto, Chapare o San Julián. Es casi inevitable asociar a la crisis de los años ochenta, sin embargo, existen diferencias. Una de éstas es que, esta vez, además de la económica, estamos frente a otras dos crisis: la energética y la ambiental.
La convergencia de estas tres crisis es el peor escenario posible de las últimas dos décadas. Por un lado, sabemos que la crisis económica no es pasajera y todo apunta hacia el estancamiento del aparato productivo. La escasez de dólares y la significativa brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y paralelo son expresiones concretas de que la política económica del gobierno no condice con la realidad. El tipo de cambio oficial está congelado desde noviembre de 2011. Son 13 años de vigencia que, desde una perspectiva económica, no tienen razón de ser. En su momento, tenía sentido mientras estaba respaldada por las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB). El agotamiento de las reservas explica que el precio fijo de 6,96 colgado en las pizarras financieras de los bancos, no sea más que un elemento decorativo.
Por otro lado, la crisis energética reviste igual o mayor gravedad. La escasez de diésel y el abastecimiento irregular de gasolina están pasando factura al sector productivo. La desaceleración del aparato productivo nacional es palpable a pesar de que está en sus comienzos y el horizonte está cargado de nubarrones grises. Las largas filas de camiones y transporte pesado son indicadores observables a simple vista de la paralización económica. Los choferes, en lugar de cumplir un papel productivo, están en estado de vigilia, durmiendo por varios días al lado del volante, soñando con la llegada del camión cisterna.
Una faceta poco visible para la población de la crisis energética es el agotamiento del gas natural y las consecuencias negativas que tendrá sobre el suministro y los costos de la energía eléctrica que llega a los hogares bolivianos. El hecho es que las plantas termoeléctricas funcionan con gas natural que vamos a tener que importar pronto, probablemente en unos tres o cuatro años. Actualmente, las plantas generadoras gozan de un gas subvencionado que tiene un precio de 1,30 dólares por millar de pies cúbicos, mientras que el precio de exportación está entre 8 a 11 dólares (datos de la Cámara Boliviana de Electricidad-CBE). Esto quiere decir que las facturas de luz van a provocar más que un dolor de cabeza y si el gas importado escasea como los combustibles, los apagones serán parte de nuestra cotidianidad.
Finalmente, la crisis ambiental ya la respiramos y la sufrimos en primera persona. Los incendios forestales de este año han batido todos los records conocidos: más de 10 millones de hectáreas quemadas a nivel nacional, siendo 7 millones del departamento de Santa Cruz. Es un desastre ambiental de enormes proporciones, motivada por el modelo económico basado en la depredación de los recursos naturales. Todo el mundo quiere quemar, aunque sea un pedazo del bosque, para habilitar tierras de monocultivos y ganadería comercial. Muchos buscan el lucro fácil y rápido en la agricultura soyera. Muchos otros que tienen dinero mal habido buscan lavar invirtiendo en el agro y mostrarse ante la sociedad como exitosos empresarios de la agricultura o ganadores respetables dedicados al negocio de la exportación de carne.
Estas tres crisis son grandes amenazas por separado, pero combinados tienen efectos devastadores. Convergen, se retroalimentan entre sí y forman un círculo vicioso y perverso. La escasez de dólares causa escasez de combustibles importados, éste último profundiza la depredación de los recursos naturales y con ello empeoran los daños ambientales. Solo la ineptitud del gobierno nacional puede explicar la creencia de que una mayor permisividad de desmontes, avasallamientos y la soya intacta aprobada subrepticiamente, harán posible la producción de biocombustibles. El discurso oficial es que las filas de camiones terminarán con el biodiesel y, en consecuencia, la economía nacional se reactivará. En esto consiste la política gubernamental en vigencia. El gobierno de Arce se aferra a este tipo de soluciones falsas porque, en definitiva, su objetivo es sostenerse en el poder hasta el último momento del desastre, bajo el slogan de que “el gobierno nacional cuida la economía de todos los bolivianos”.
No hemos mencionado la crisis política, pero qué duda cabe sobre sus efectos negativos en la economía. Los bloqueos de caminos y las protestas sociales tienen su origen en el descontento de la población debido al alza del costo de vida y la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, a la vez, generan pérdidas económicas que afectan a todos los rubros productivos de país.
Estamos a inicios de un largo periodo de estancamiento. No hemos tocado fondo. Siendo así el escenario, de una u otra forma, como sociedad civil tenemos la obligación de participar en espacios de diálogo y debate sobre estas problemáticas. Por eso, valga la ocasión para extender la invitación de Fundación TIERRA al foro denominado “Tiempos inciertos: crisis económica, energética y ambiental”, que se realizará este 29 y 30 de octubre en la ciudad de La Paz.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.