Hace poco más de una década, Quipus nació con la promesa de sacar a Bolivia de su letargo tecnológico. Fue concebida durante los años de delirios de grandeza económica y pretensiones de industrializar el litio del salar de Uyuni. Su primera criatura ensamblada fue el Classmate Kuaa, una pequeña tableta para escuelas con la imagen de Evo Morales sellada en la contratapa. Años después, un gerente puesto a dedo por el entonces presidente Luis Arce, tasó en 24 millones de bolivianos el costo de borrar esa silueta grabada en miles de equipos de computación.
Quipus fue concebida como la punta de lanza de una revolución industrial dirigida por el Estado, pero terminó siendo un taller de ensamblaje, cuyo único cliente ha sido el propio Estado desde un inicio. Un Estado que la financia, le compra equipos al fiado y desembolsa millones cada año. El dinero sale del mismo bolsillo y regresa a las cuentas fiscales convertido en promesas de pago.
Rodrigo Paz, en sus días de campaña, prometió enterrar todas aquellas empresas públicas que se negaban a morir. Ya en el poder, reiteró su plan de cerrar y reestructurar las empresas deficitarias como Quipus. En un país agobiado por un déficit fiscal de dos dígitos, la gente apoyó la liquidación de las empresas públicas técnicamente quebradas. Al final de cuentas, cada boliviano gastado en un elefante blanco es un boliviano que se le arranca a la salud, la educación y obras públicas.
Pero, a la hora de la verdad, tanto Quipus como otras en igual o peor situación siguen recibiendo millonarios desembolsos desde el nivel central.
El balance general 2025 de Quipus no es un documento contable cualquiera, sino una sentencia de muerte. Su patrimonio es negativo, sus deudas duplican el valor de todos sus activos y las pérdidas acumuladas superan los 117 millones de bolivianos. El termómetro financiero, la llamada razón corriente, marca un inaudito 0,26, lo que equivale a una declaratoria de quiebra para cualquier empresa, sea privada o pública. No son opiniones, sino dictámenes financieros que hablan más que cualquier informe de rendición pública de cuentas o planes de salvataje.
Sin embargo, Quipus sigue en pie. El presupuesto aprobado para 2026 es incluso mayor al del año anterior. Hasta mayo, ya ejecutó 7,3 millones de bolivianos. Tiene una masa salarial presupuestada para 102 trabajadores a tiempo completo, aunque informes recientes sugieren que solo estarían trabajando unas 40 personas.
Siguiendo las mismas malas prácticas que tanto había criticado en la campaña, Rodrigo Paz nombró a dedo a los nuevos ejecutivos. Hoy, la ensambladora está en manos de una camada de cruceños con perfil de marketing comercial y la mayoría provenientes del entorno del ministro del área. Uno de los altos cargos tiene como único mérito sobresaliente el haber manejado una pizzería en su ciudad de origen.
¿Por qué el gobierno se niega a liquidar esta y otras empresas zombis? Las respuestas oficiales son, cada vez, más esquivas y más laxas. Pero en el debate público circula una versión recurrente. Que sobreviven porque cumplen una función utilitaria como espacios de influencia y bolsas de empleo. Que sirven para comprar lealtades con platos de lentejas servidos en la mesa de la burocracia. Siguen vivos porque, en última instancia, están enlazadas a males sistémicos como la corrupción, el rentismo, el populismo, los taxipartidos, los movimientos sociales descarriados y la endogamia entre empresaurios y políticos demagogos.
Y para llegar a esta conclusión no hace falta ser un perito contable. Basta con ingresar a la tienda en línea de Quipus. Todas las computadoras a la venta aparecen con el sello de “agotado”, excepto un modelo que lleva el nombre de “Bennett V.4”. El sitio promete compras rápidas, transacciones seguras, certificación ISO 9001, envío gratuito a domicilio, entre otros beneficios difíciles de ignorar. Dejo de escribir esta columna y tomo el papel de cliente. Lleno el formulario, confirmo los datos solicitados, intento pagar con tarjeta, pero sin éxito. Insisto. Cambio de método de pago, intento con código QR, una y otra vez. Y la pantalla devuelve siempre el mismo mensaje: “Código de transacción no válido”.
Quipus es como su tienda en línea. En apariencia funciona, pero no vende ni una computadora. No sobrevive gracias al mercado, sino al dinero público. Y en tiempos de crisis y recesión, deja de ser un problema económico para convertirse en un problema profundamente político.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
Artículo publicado en: Visión 360, Brújula Digital, Rimay Pampa, Urgente.Bo, Sumando Voces
