Luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, criticara al Poder Judicial, e incluso acusara a jueces de liberar a cabecillas de grupos dedicados al avasallamiento de tierras, ayer el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, salió al paso de estas declaraciones y señaló a los fiscales y policías de ser los responsables de esta situación.

Según el magistrado, en algunos casos por "errores" de los fiscales y policías, los jueces toman decisiones " que significa favorecer a estos señores (avasalladores) por procedimientos errados que vienen del Ministerio Público".

El martes, Romero dijo que la justicia boliviana estaba en su peor momento, y acusó a los jueces de liberar a varias personas involucradas en la toma de predios productivos, que fueron detenidos por la Policía en coordinación con el Gobierno y productores tras varios meses de investigación.

Admite crisis. El magistrado admitió que existe una crisis en el sistema judicial, y en el operan malos jueces y fiscales.

Pero añadió, "sin justificar a los jueces que estén en actos irregulares, que la Policía ha vulnerado los derechos y no cumple con el procedimiento del Ministerio Público. Entonces, el juez se ve en la disyuntiva de hacer respetar el debido proceso, y al final tenemos que pagar los errores de los fiscales y policías", dijo.

Hay una red corrupta. Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó que actualmente existe una red corrupta de jueces y fiscales que favorece a las personas que avasallan tierras.

Para el empresario, este problema se está saliendo de control, luego de que una personas fuera victimada el pasado fin de semana en predio productivo a manos de presuntos avasalladores.

Lo más preocupante, afirmó, es que a mediano y corto plazo esto afectará el crecimiento de la actividad agrícola cruceña.

Hay ineficiencia estatal. El director de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, dijo que el avasallamiento se da por la "ineficiencia" del Estado en resolver derechos de propiedad en procesos de saneamiento y la falta de transparencia y retardación en la definición del titular del derecho de propiedad.

"Lo que estamos viendo es que la ineficiencia estatal es una de las causas que está impulsando la toma de tierras y resolver el tema del derecho de propiedad en el proceso de saneamiento. Los trámites mínimo llevan de 10 a 12 años que no se terminan aquí, hay un cuestionamiento serio a la ineficiencia estatal", declaró.

Por último, dijo que pese a existir una ley contra este delito, la misma no se aplica.