La Fundación TIERRA ha elaborado ocho preguntas y respuestas clave para entender el último caso de avasallamiento de tierras en Santa Cruz. Esta información busca fomentar una opinión pública informada, ecuánime y responsable sobre el incidente.
Distintos medios de comunicación informaron en las últimas semanas sobre un avasallamiento violento de tres predios agrícolas en el departamento de Santa Cruz, protagonizado por un grupo conformado por 200 a 250 personas, quienes tienen la intención de apropiarse ilegalmente de cerca de 5.000 hectáreas de tierras productivas. El caso llamó la atención debido a que las denuncias de que los avasallados o afectados serían propietarios brasileños, coincidieron con la visita del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y el compromiso bilateral firmado precisamente para garantizar la seguridad jurídica de los empresarios brasileños que residen y trabajan en Bolivia.
En ese contexto, varios representantes de los gremios agropecuarios cruceños exigieron públicamente el desalojo inmediato de los avasalladores y el cumplimiento inmediato del acuerdo bilateral para la restitución del derecho propietario a favor de los empresarios brasileños.
En vista de que este tipo de hechos y avasallamientos son altamente conflictivos, los intereses económicos son grandes y las partes involucradas tienen conflictos de intereses, como Fundación TIERRA consideramos pertinente y necesario hacer las siguientes aclaraciones con el fin de contribuir a la formación de una opinión pública informada, equilibrada y responsable.
- ¿Cuáles son los tres predios avasallados y qué características tienen?
Se trata de los predios denominados “Hacienda Santa Rita”, “Santa Rita C” y “Hacienda Laguna”. Se encuentran en el municipio de El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Tienen una superficie total de 4.150 hectáreas, 1.100 hectáreas y 471 hectáreas, respectivamente. Los tres predios suman 5.721 hectáreas.
Alrededor del 70% es superficie cultivada. Son parcelas habilitadas para la agricultura mecanizada, principalmente de cultivos de soya, sorgo y maíz. Hasta hace 15 años, dos terceras partes eran bosques nativos, pero fueron desmontados gradualmente hasta llegar a la situación actual. Se podría estimar que el valor de mercado de las tierras cultivadas supera, fácilmente, los 15 millones de dólares.
- ¿Quién o quiénes son los dueños legales de estas tierras? ¿Son predios de propiedad de los empresarios brasileños?
Legalmente, solamente 771 hectáreas de las 5.721 hectáreas son propiedad privada. Son tres propiedades consolidadas: 1) Hacienda Laguna que posee 471 hectáreas, 2) Hacienda Santa Rita con 250 hectáreas, y 3) Santa Rita C con 50 hectáreas.
Los dueños legales de estas tres propiedades son efectivamente los empresarios brasileños. Son dueños de 771 hectáreas (13,5%), pero no del resto que suma 4.950 hectáreas (86,5%). Estas últimas no son propiedad privada de los reconocidos por ley, ni de otros supuestos propietarios.
- Entonces, ¿cuál es el derecho propietario o la situación jurídica de las 4.950 hectáreas?
Técnica y jurídicamente están bajo la intervención y tutela del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debido a que el proceso de saneamiento de tierras no concluyó en el lugar, a pesar de que ya lleva más de 15 años de ejecución. Inicialmente, estas tierras fueron demandadas en el trámite agrario por los empresarios en cuestión, pero no lograron demostrar plenamente el origen lícito de la posesión de los predios, el cumplimiento de la función económica social (FES) y otras condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la ley de tierras.
- ¿Cuáles son las tierras avasalladas? ¿Son las que están bajo la intervención del INRA?
Sí, los avasalladores ocuparon a la fuerza y con violencia las tierras que están en proceso de saneamiento. No avasallaron las tres propiedades privadas consolidadas legalmente. Por esta razón, la versión difundida por los abogados de las tres haciendas y los gremios agropecuarios, en el sentido de que los avasalladores tomaron propiedades privadas es incorrecta, interesada y se presta a crear confusión entre la opinión pública.
- Entonces, ¿Por qué los empresarios brasileños reclaman como suyas estas tierras o afirman ser los propietarios?
Al no haberse concluido el trabajo del INRA, todavía tienen expectativas porque impugnaron los trabajos técnicos y jurídicos ante el Tribunal Agroambiental y están a la espera de que los magistrados emitan fallos favorables.
Los cultivos y las inversiones en las mejoras existentes en las tierras en conflicto son efectivamente de su propiedad, pero ello no les otorga derecho propietario de la tierra; al contrario, en un proceso legal podrían utilizarse como evidencias y pruebas de haber desmontado ilegalmente bosques e intervenido tierras que no son de su propiedad.
- ¿Los avasalladores cometen delitos o tienen algún tipo de derecho legítimo sobre estas tierras?
Sí, cometen delitos. No tienen derechos para ocupar las tierras a la fuerza o para pedir al INRA la dotación de las mismas en calidad de tierras fiscales. Los avasalladores son reincidentes y cometieron varios delitos, además del delito de avasallamiento sancionado por la Ley 477 hasta con ocho (8) años de privación de libertad.
La disposición adicional primera de la misma Ley 477 establece que los sentenciados no podrán ser parte del goce de distribución de tierras por un lapso temporal de 10 años, como medida sancionatoria administrativa.
- ¿Quién debe querellarse ante la justicia por el avasallamiento?
A denuncia del INRA o de oficio, el Ministerio Público debe iniciar una acción penal por el delito de avasallamiento tierras cometido contra un patrimonio del Estado o bien de dominio público o tierras fiscales.
Los empresarios pueden coadyuvar en el proceso como una de las partes interesadas.
- ¿Cuál es el problema de fondo de los avasallamientos?
Es el tráfico de tierras. La escalada de los conflictos violentos por la tierra es una consecuencia de la administración y manejo de la tenencia de la tierra al margen de la ley, tanto por parte de las autoridades agrarias, la justicia agraria, como las partes interesadas, sean empresarios, extranjeros o nacionales, campesinos, interculturales o grupos organizados de avasalladores.
Los intereses económicos que están en juego son muy grandes y una muestra de ello es este caso. La pugna por la propiedad de estas tierras es una disputa de un valor económico que supera 15 millones de dólares.