“Había terminado de limpiar el platanal a las seis (18.00) y luego me fui a descansar. Tenía que ir a la casa que cuidaba, pero me dijeron que no lo haga. Pasó la hora y de pronto se estaban enfrentando. Ahí me han agarrado. Me han dicho que les había atacado, pero no tenía armas. Me amarraron de pies y manos. Decían que nos iban a largar en el río. Me garrotearon y por eso tengo esta cicatriz en el ojo”, señala don Miguel, mientras toca su rostro con su mano izquierda.
El hecho al que hace referencia es al ocurrido el 27 de marzo, en la comunidad de Chushuara, en el municipio de Apolo del departamento de La Paz. Allí se produjo una pelea por la posesión de tierras entre campesinos e interculturales. Los primeros llegaron al espacio para tomar las tierras que estaban siendo ocupadas de forma supuestamente ilegal por los segundos. Del suceso, al menos 15 personas resultaron heridas por arma de fuego y se detuvieron a otras 18 a quienes el Ministerio Público en Apolo inició una investigación por los delitos de tentativa de asesinato, asociación delictuosa, portación de armas y portación de sustancias explosivas.
Don Miguel fue acusado de ser parte de los colonizadores que dispararon contra campesinos que llegaron de Apolo para tomar los predios en disputa. Pero nada más alejado de la realidad. Don Miguel Supa Gamez es un indígena tacana, con raíces esse ejja por parte de su madre, perteneciente a la comunidad de San Miguel de San Buenaventura, donde nació y vivió prácticamente sus 58 años. Su comunidad es parte del territorio indígena Tacana. Había llegado a Chushuara, seis meses antes, para trabajar como peón jornalero en unos predios. Salió de su lugar de origen debido a la falta de oportunidades para conseguir recursos, una forma de supervivencia que los indígenas de tierras bajas siempre están realizando.
“Él nunca tuvo malos antecedentes en la comunidad. Se fue por trabajar, porque en la comunidad no había. Además, de estos lados siempre vienen por aquí (San Miguel) para pedir gente que trabaje. Lo llevaron para que haga chaco y no tiene que ver con esa comunidad Chushuara donde hubo el problema”, relata Camila Nay, secretaria de actas de la comunidad San Miguel del Bala.
La comunidad San Miguel, de donde es oriundo don Miguel, se encuentra a 30 minutos en embarcación de la ciudad de Rurrenabaque, frontera entre La Paz y Beni, y se ubica en el municipio de San Buenaventura, al interior del Parque Nacional Madidi. Noe Macuapa, corregidor de la región, detalló que la comunidad está conformada por 65 familias y sus integrantes suman en total 380 personas que viven cercanas unas de las otras y se conocen entre sí.
La autoridad local añade que, durante el boom del turismo, se incentivó el emprendimiento turístico comunitario San Miguel del Bala. “Casi un 90% de la comunidad apostó por el proyecto, pero desde la pandemia bajó el turismo y en su mayoría la gente se dedicó a la agricultura o actividades de jornaleros. Mucha gente, como el caso del hermano Miguel, ha salido en busca de trabajo y mejores condiciones de vida para poder sostenerse”.
En San Miguel, sus vecinos recuerdan a don Miguel como una persona tranquila, colaboradora y estricta. De hecho, fue reconocido como uno de los mejores “guarajes”, que son como policías comunales que cumplen la función de resguardar y precautelar la integridad territorial del pueblo. “A él se lo conocía como parlante porque hablaba siempre fuerte. Ayudaba mucho a sus sobrinas”, añade Macuguapa. Su historia contrasta con la situación del indígena en San Pedro, cuyo tono de voz se pierde entre los murmullos de las decenas de personas que visitan la cárcel.
Pelea por tierras y llegada a La Paz
Para llegar desde San Miguel en San Buenaventura hasta la comunidad de Chushuara, en Apolo, se debe hacer, por el río Beni, una travesía en una embarcación denominada “peque peque”, que tiene la capacidad de transportar entre 10 a 12 personas. El viaje puede demorar entre seis y siete horas. Cuando los contratistas buscan mano de obra, por lo general también corren con los gastos de traslado de las personas que se llevan a trabajar.
En San Miguel, los comunarios realizan tareas de agricultura como actividades cotidianas, por lo que principalmente venden su mano de obra. En la región, hace más de diez años se promovió una iniciativa de ecoturismo que por los desastres naturales, en 2014, quedó truncada, pero aún intentan reactivarla. “Don Miguel trabajó bastante en ese proyecto, para lograr ese emprendimiento y como todavía no está todo terminado, salió de la comunidad por la necesidad”, remarca Nay.
Aunque había antecedentes de problemas por tierras en Chushuara, nunca se había llegado a suscitar dificultades mayores en la que se involucraran armas de fuego o el uso de dinamita. “El día que nos agarraron nos llevaron al pueblo (Apolo). Allí estaban haciendo protestas por los heridos y marcharon. Estuvimos, con un grupo encerrados, pero luego nos subieron a un bus y nos trasladaron a La Paz”, recuerda don Miguel.
El relato de don Miguel es corto respecto a su traslado desde Chushuara a Apolo, sin embargo, el viaje no es tan sencillo, debido a que la comunidad donde trabajaba se encuentra a unos 250 kilómetros de distancia del centro poblado y no hay una carretera directa que vincule directamente estos lugares. Por ello, primero se hizo un viaje de tres horas por embarcación para conectarse con la comunidad de Mayaya y de ahí emprender un recorrido de otras ocho horas por carretera de tierra pasando por Teoponte, Guanay y Mapiri, hasta llegar a Apolo, donde arribaron el 31 de marzo.
Mapa del recorrido de Miguel Supa
Los enfrentamientos se produjeron entre interculturales que supuestamente defendían la producción agrícola con campesinos de Apolo que buscan la explotación minera. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que el proceso de saneamiento en Chushuara había sido paralizado y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) precisó que en el área existían 24 solicitudes de contrato administrativo minero, información que hace suponer que detrás del conflicto existen importantes intereses ligados a la explotación minera.
“Lamentablemente las actividades extractivas están afectando todo este territorio y está comenzando a generar violencia que afecta a habitantes de nuestro territorio como es el caso de Miguel Supa, quien por supervivencia se encontraba como jornalero, pero representaba a ningún bando. Por eso fue llevado primero a Apolo y de ahí a La Paz”, afirma Álex Villca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
Una polera manga larga y un pantalón gris era toda la ropa que tenía el indígena en el momento de su traslado. Según relata, en Apolo, cuando ingresó al vehículo en el que fue llevado a la sede de gobierno, le dieron una frazada para afrontar el cambio de clima que se le iba a venir encima y algunas prendas. En la cárcel, actualmente se lo ve pasear por los pasillos con un buzo grueso de tela, poleras, chompa y una chamarra. También se tuvo que acostumbrar a usar un barbijo quirúrgico que por el uso diario se tornó de celeste a gris.
“Cuando llegamos, el primer día a La Paz nos dejaron primero en la cárcel de Obrajes y luego nos llevaron a San Pedro. Yo no sabía qué hacer porque no tenía nada de dinero para quedarme en algún espacio en la cárcel”, afirma don Miguel, mientras señala que las prendas que lleva encima son donación de quienes se compadecieron de su situación.
Mientras don miguel pasaba sus primeras horas ya en La Paz, su familia y conocidos, en San Miguel, recién se enteraban de lo que había acontecido con él a través de los informativos y las redes sociales, donde se reportó lo ocurrido en Chushuara. El hecho había cobrado relevancia por la cantidad de heridos de bala que se registraron. Entre las fotos que se difundieron, circuló la imagen de Supa maniatado con cuerdas. En ella, también se puede observar la herida que tiene en la cara, de la que le quedó la cicatriz en el lado izquierdo.
“Nos hemos sorprendido por esas imágenes. Cuando quisimos ir a ver a Apolo dónde estaba, nos dijeron que ya lo habían llevado a San Pedro de La Paz. Ni siquiera la autoridad nos querían dar información”, recuerda Mayly Mamani Supa, sobrina del detenido.
Sin documentos, ni identidad
Al no contar con recursos económicos y tampoco tener orientación legal, la comunidad San Miguel buscó apoyo de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en Bolivia, organización que, a través de Willy Llanque, comenzó a realizar las primeras diligencias para conocer la situación de don Miguel.
El 3 de abril, de las 18 personas que habían sido detenidas, 16 quedaron en libertad, luego de que asumieron su defensa. Sin embargo, la dirigente Abigaíl Choquehuanca —que fue recluida en Obrajes— y Supa, continúan hasta la fecha detenidos.
“El señor es humilde y mayor. Lo detuvieron junto a otras personas. No tenía quien le defienda. Sabemos que, de ese grupo, la mayoría salieron ya en libertad porque tenían dinero y podían defenderse. Como él estaba solo fue trasladado a La Paz. Luego, recién nos enteramos que él tiene una dificultad adicional, pues no tiene documento de identidad, de hecho, tampoco tiene certificado de nacimiento. Sin esos documentos no puede asumir defensa”, afirma Llanque.
Pese a no contar con los documentos de identidad, tras permanecer un día en el COE Obrajes, don Miguel fue llevado y registrado en San Pedro con los datos que él mismo brindó a la Policía. De inicio lo acomodaron en el sector de La Grulla, lugar donde obtuvo ayuda de algunos “antiguos”, quienes le compartieron alimentos y espacios para descansar.
Por temas de reorganización, fue trasladado a los pocos días al sector de población, donde no podía pagar por el “alquiler” de un espacio. Debido a ello, tuvo que acomodarse para dormir en la cocina. Allí pagó un lugar para pernoctar dentro de la cárcel con su trabajo. “Desde las 06.00 de la mañana tenía que ayudar a pelar papa, picar cebolla o cosas similares de la cocina para tratar de compensar. Yo no sabía cómo hacer varias cosas, pero he ido aprendiendo”, añade. Todas sus nuevas actividades están muy alejadas de lo que él estaba acostumbrado a hacer en la Amazonía, donde por lo general se dedicaba a la agricultura.
Don Miguel es soltero y no tiene hijos. Debido a la lejanía de la comunidad, apenas una de sus sobrinas pudo trasladarse hasta La Paz y visitarle una vez para verificar cómo se encontraba. “Esa ha sido la primera vez que he ido a la ciudad, yo no conocía nada. Me sentó muy mal el cambio de clima, igual que a mi tío, pues le dio gripe y resfrío también”, explica Mamani Supa.
Como una forma de apoyo, se comenzó una labor coordinada con Cáritas Bolivia, a través de la Pastoral Carcelaria para ver cómo asumir defensa del indígena, considerando el problema de la falta de documentos de identificación.
“El primer paso que tiene que hacer en la parte legal es obtener su certificado de nacimiento, cosa que él no tiene. Entonces a través de la iglesia y el párroco del lugar se ha hecho un documento de restitución de certificado de bautizo, que sirve como antecedente como el certificado de nacimiento. Luego, en la comunidad los dirigentes han elaborado una certificación diciendo que lo conocen, que es del lugar, hombre pacífico y todo lo demás”, precisó Llanque.
Consultado sobre por qué no tiene certificado de nacimiento, Supa dijo que sí contaba con ese documento, sin embargo, éste se perdió en 2014, cuando se produjeron desastres naturales en su comunidad. “Incluso tenía mi libreta de servicio militar, pero todo eso ha desaparecido y no sabía de trámites. Tampoco saqué un carnet de identidad porque no había dónde en mi comunidad”.
La problemática de la falta de documentos no es rara en San Miguel. May señala, por ejemplo, que existen comunidades que están mucho más alejadas, dentro de la amazonía, donde existen personas que tampoco tienen certificados de nacimiento.
“El carnet es importante. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Son cosas que nos pasan como indígenas. No es verdad que en Bolivia todos tenemos carnet. Hay, incluso, hermanos tsimanes que vienen e igual indocumentados. En su mayoría vienen enfermos, pero en el hospital no los quieren atender porque son indígenas y no tienen papeles. Uno tiene que ir a rogar por atención”, manifiesta.
Similar criterio tiene Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas protegidas (CONTIOCAP), quien puntualiza que éstas son dificultades que amenazan a las comunidades indígenas más vulnerables como los tacanas, esse ejjas, tsimanes o mosetenes.
“El hermano Supa tiene orígenes en dos pueblos indígenas vulnerables como son los Esse Ejja y Tacana. Por alguna situación no pudo acceder a su documento de identidad, ni tener a la mano el certificado de nacimiento. En estos casos son los familiares próximos que puedan tramitar, pero al no tener esposa ni hijos, se ha dificultado, pero una de sus sobrinas brindó el apoyo, con las autoridades de la comunidad”, señala Villca.
El dirigente también se cuestionó cómo las autoridades judiciales, al saber que una persona indígena no tiene documentos, pudieron dar una orden de traslado para que guarde reclusión lejos de su sitio de origen. “Uno de los derechos que tenemos los pueblos indígenas es a nuestra identidad cultural, pero si el Estado no tiene brazos operativos para que estos derechos tengan cumplimiento, entonces hay un abandono. Si hay personas que no tienen identidad es porque no llegan las brigadas hasta estos lugares o no se comunican porque no hablan los idiomas originarios”, reflexiona.
Para Janeth Torrez, Coordinadora de la Pastoral Carcelaria de Cáritas Bolivia, el caso de don Miguel es llamativo porque no consideraron su condición de indígena y lo trasladaron a La Paz sin tomar ninguna medida. “Él vino sin un solo centavo, sin nada. Era de las personas que no tenían ni una celda, ni sección, durmió en la cocina, o en sitios en condiciones infrahumanas. Al tomar contacto con él, hemos podido dotarle de algunas cosas”, afirmó.
Con el apoyo de la Pastoral Carcelaria, don Miguel pudo ser trasladado de la Población a la sección de Chonchocorito donde desarrolla actividades como salonero, que son quienes se encargan de limpiar los espacios comunes que tienen los privados de libertad en esta área.
Reclusos en el sector de Chonchocorito dentro de la cárcel de San Pedro. (Foto: Régimen Penitenciario)
“Unos días estaba como aguatero, llevando y trayendo agua para que cocine, y otros trabajitos que hacía. Todo ayuda para pagar lo que se debe. Por día se tiene que dar un boliviano para la presa, del almuerzo, y al mes hay que pagar 250 por el espacio que estoy ocupando, hay plata que todavía debo, sino me llevan al aislamiento como castigo”, relata Supa.
En criterio de Alcides Vadillo, director de la regional Oriente de la fundación TIERRA, era evidente que Supa no era alguien que esté yendo a ocupar tierras para sí, porque las tiene, en San Miguel, y es víctima de la justicia.
“Es un nivel de desarraigo enorme para un poblador indígena, lo han aislado de su medio cultural, aislado de su medio geográfico, aislado de sus prácticas culturales, de sus relaciones familiares, sociales, éste ya es un castigo en sí mismo, pero además las condiciones en las que puede encontrar una persona llevada desde la selva hasta San Pedro ya es totalmente violento y desconsiderado”, agrega Vadillo.
Debido a que Supa no tiene documentos, la abogada de la Pastoral tampoco pudo acceder al cuaderno de investigaciones y apersonarse para su representación legal, por lo que no se sabe en qué quedó el proceso que se le inició. Como el caso está en Apolo, se está buscando un contacto para que ayude a acceder al cuaderno jurisdiccional y de investigaciones para poder determinar realmente desde el punto de vista legal cómo se le puede apoyar.
“Estamos a la espera de tener una reunión con el director de régimen penitenciario departamental, Franz Laura, para coordinar y sacar su certificado de nacimiento, luego obtener la cedula de identidad y así poderle apoyar en la defensa legal. Cuando una persona está privada de libertad pues es más difícil hacer un trámite”, cuenta la abogada.
Villca señaló, por su parte, que como organización se buscó interceder sobre la situación legal de Supa tanto con las comunidades de interculturales, como de los campesinos, sin embargo, no se tuvo respuesta favorable. “No ha sido sencillo a quienes pueden apoyar en esta situación. Por ello es que hemos tratado de acudir al apoyo de parlamentarios de la Asamblea Legislativa y otras organizaciones, pero sin mucho resultado”.
Para Vadillo, la situación de Supa saca a relucir dos grandes problemas que se generan donde hay conflicto de tierras: el primero es que la ausencia de legalidad e institucionalidad hace que sea la fuerza la que vale para imponer derechos de propiedad sobre determinados predios y el segundo, es que los indígenas, que buscan recursos económicos, terminan siendo víctimas de estos conflictos.
En el norte de la Paz, los pueblos indígenas no son agricultores ni están ligados a una economía mercantil, pues no producen para vender. Sin embargo, por condiciones culturales e históricas, generaron como estrategia de sobrevivencia el vender su fuerza de trabajo. Por ello salen a buscar trabajo con particulares y con esos recursos volver a la comunidad para tener los artículos que ellos no pueden producir.
“¿Por qué está detenido? ¿Hay alguna prueba de que tuvo participación o responsabilidad en estos enfrentamientos? No. Está detenido, está preso por ser pobre, por ser indígena, porque no tiene un documento, porque no tiene recursos para defenderse, porque no tuvo la posibilidad de lograr un acuerdo con quienes le han denunciado. Tenemos un sistema penal que lo que te castiga es la pobreza y la miseria”, cuestiona el representante de TIERRA.
Torrez lamentó que en Bolivia las personas indígenas no puedan obtener justicia y sean olvidados. “Hemos tenido el caso de un señor que ha muerto porque era de la comunidad de los tsimanes y nadie sabía su dialecto. Todo está muy politizado. Se habla mucho de justicia indígena, pero dónde está para Miguel Supa”.
Preocupado por conseguir dinero, subiendo o bajando gradas, sentado en alguna silla, caminando por los rincones, haciendo charla con otros detenidos, así pasa los días en San Pedro Miguel Supa, quien espera que el esfuerzo que han iniciado varias instituciones para proporcionarle una identidad puedan surtir efecto y así recuperar pronto su libertad.
* Guadalupe Tapia C. es comunicadora de la Fundación TIERRA.