Como corolario de un debate y decisión interna once municipios del área rural optaron por la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) a través de un referéndum en diciembre de 2009, convirtiéndose en los pioneros en realizar esta gestión ante el Estado boliviano. A cuatro años del inicio de ese camino, expertos en el tema afirman que el proceso corre el serio riesgo de fracasar como consecuencia de lo dilatado que se torna la tramitación, y con ello, el peligro de que la realización de las elecciones municipales en 2015 fracture o impida los referendos de aprobación de los estatutos indígenas. También preocupa a los entendidos, factores sociales, económicos y culturales que afectan a las poblaciones de las jurisdicciones municipales en conversión.
Estas son algunas de las reflexiones manifestadas en el conversatorio sobre el Fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el Estatuto Autonómico de Totora Marka, organizado y realizado por Fundación TIERRA el 24 de octubre.
Hasta la fecha sólo el Estatuto de Totora Marka, de los cinco que ingresaron en esa fase, ha vencido parcialmente el control constitucional que debe realizar el TCP. Desde el año pasado los estatutos de Mojocoya, Uru Chipaya, Charagua y Pampa Aullagas esperan un veredicto de ese ente.
A la luz de un análisis sobre la Declaración constitucional 0009 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) referida al Estatuto autonómico de Totora Marka, el investigador José Luis Exeni afirma que el ente de control de constitucionalidad “puede hacer naufragar este proceso por efecto de la dilatación de los plazos”. Exeni sustenta su afirmación explicando que el TCP necesitó 10 meses para emitir esa declaración desde que fue solicitada por los interesados en agosto de 2012.
“Aquí ya tenemos un primer problema. Si cada sentencia nos va a tomar 10 meses, entonces tenemos que tomar la previsión del tiempo para ver en qué medida el proceso puede estancarse, puede limitarse”, afirma Exeni.
Otra señal preocupante es el largo tiempo que transcurrió entre la aprobación de la declaración y su comunicación a los interesados. “…lo que me parece más grave es que la sentencia se emite el 27 de junio, pero recién el 19 de septiembre se la da a conocer. ¿Por qué? Se han tomado tres meses en comunicar el fallo. Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer: O hay un serio problema interno de comunicación en el TCP, o hay una decisión explícita de dilatar el proceso”.
Dados los tiempos que hasta el momento se han tomado las instancias estatales ante las que se tramita la autonomía, la realización de las elecciones municipales en 2015 se asoman como un factor que puede hacer fracasar el proceso autonómico indígena porque después del control de constitucionalidad los estatutos deben ser sometidos a un referéndum de aprobación en sus municipios, 120 días después de la convocatoria para esas consultas. Pero si las declaraciones de constitucionalidad demoran en salir más allá de principios del próximo año, los referendos pueden ser obstaculizados por la convocatoria a los comicios municipales.
“…si hasta enero del próximo año no emite esta y las otras sentencias, puede ser que no haya referéndum y que el proceso se postergue hasta el 2015, con lo cual podemos inviabilizar el proceso”, afirma el investigador.
A los retrasos se suman algunos factores internos que en el caso de Totora Marka también se constituyen en factores de riesgo para la AIOC. El investigador Marco Mendoza, que fue parte del equipo de apoyo técnico para la redacción del estatuto de ese municipio en conversión, tiene el temor de que el referéndum de aprobación del Estatuto sea negativo porque “hay muchos intereses en juego” que pueden articularse en contra.
Mendoza basa su hipótesis en el hecho de que los jóvenes y las mujeres de esa marka no participaron en la discusión y aprobación interna del Estatuto que fue presentado al TCP, además en la acción política del alcalde de ese municipio que “ha sido el principal obstáculo para que el Estatuto avance”.
“Los jóvenes decían desde afuera: dejemos que estos viejos discutan y aprueben esto. En 5 años vamos a cambiar esta sonsera (…) Se van a articular intereses de los residentes, intereses político partidarios, mujeres y jóvenes que de alguna manera van a frenar este proceso estatuyente y podríamos tener un aborto ya llegando a los 9 meses…”, afirma el experto.