El evento fue organizado por Fundación TIERRA y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), se realizó en Colcapirhua, Cochabamba y tuvo un carácter internacional por las disertaciones y el trabajo de especialistas que llegaron de México, Nicaragua y Canadá.
Durante la primera jornada que concitó la atención del auditorio en las disertaciones de especialistas y de representantes indígenas, el segundo día se conformaron cinco mesas de trabajo que analizaron temas relacionados con las autonomías indígena originario campesinas (AIOC).
Al final de ese día los participantes escucharon una disertación del ministerio de Autonomías sobre los requisitos y procedimiento de acceso a las AIOC.
El fruto del trabajo de las mesas son los planteamientos generales de un modelo de gobierno indígena y fue expuesto en la última jornada como aporte final del evento al proceso de autonomía indígena.
Visión de desarrollo y recursos propios
Una de las principales propuestas es establecer una visión de desarrollo propia que tome en cuenta la experiencia de la gestión territorial indígena (GTI) y las normas y procedimientos propios de las comunidades. Esta visión debe, según los indígenas, ser alternativa al modelo extractivista que actualmente explota los hidrocarburos, los minerales y generan un gran impacto ambiental.
Aunque dejaron sentado que los ingresos previstos para AIOC provienen principalmente de transferencias de la coparticipación tributaria, el impuesto directo de hidrocarburos y los recursos de alivio de la deuda externa, más conocidos como HIPC, plantearon la imperiosa necesidad de generar recursos propios para no depender del financiamiento del gobierno central. Esta propuesta va ligada con la necesidad de una ley financial para las autonomías indígenas, expresada en el evento por los participantes de la Mesa 2.
En ese marco propusieron generar normas locales para el sector productivo, para la explotación de los recursos naturales, además consolidar las organizaciones económico-productivas.
En este ámbito los indígenas piensan que es necesaria la diversificación que evite actividades mono-productivas. En forma conexa plantearon la recuperación las experiencias de uso y aprovechamiento de los RRNN como instrumento para la seguridad alimentaria y protección del territorio.
Finalmente formularon dos preguntas: si ahora deben sortear los obstáculos que pone el ministerio de Autonomías para el acceso a las AIOC, ¿cuando tengan gobiernos propios deberán vencer los obstáculos del ministerio de Economía? Además, los gobiernos de las AIOC ¿a que instancia estatal rendirán cuentas?
Las mujeres en todas las actividades
Como una manera de ligar lo económico con lo social, propusieron la priorización de la producción con valor agregado que genere empleo. Otra de las propuestas en este ámbito es la generación de investigación propia en los territorios en los campos de educación, justicia y producción.
Además de la mesa que trató los temas de género, otras también propusieron integrar a las mujeres en todos los procesos y actividades de los gobiernos.
Para lograr ese objetivo propusieron sensibilizar a hombres y mujeres para compartir labores de casa, cuidado de hijos y ancianos, de esa manera se podría romper los mitos sobre el trabajo domestico que fija a la mujer como única responsable del cuidado y atención de la familia.
Se debe lograr el reconocimiento de la mujer como productora y hacerla participe y protagonista de proyectos productivos. Del mismo modo deben participar en la planificación del territorio.
Cómo articular democracia comunitaria y representativa
En lo político se preguntaron ¿cómo combinar el sistema comunitario con el sistema de la democracia representativa? Los participantes dieron por sentado que las normas y procedimientos propios serían la base de su gobierno, pero no descartaron la democracia representativa como una instancia a la cual deberían articularse los gobiernos indígenas.
En esa línea fijaron como desafíos: establecer los requisitos para ser autoridad y para elegir sin perder la flexibilidad, y diseñar las formas para la convivencia con los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.
En este mismo ámbito propusieron el ejercicio de los derechos colectivos tales como la consulta previa, el autogobierno y las normas y procedimientos propios.
En cuanto a la redacción de los estatutos, extendieron su mirada al futuro y preguntaron cómo hacer una reforma a los estatutos y si aquella, cuando suceda, debería ser enviada al Tribunal Constitucional para el control constitucional.
Recursos externos e impuestos
El diseño del llamado nuevo pacto fiscal que se hará como consecuencia de los resultados del censo de población y vivienda, fue mencionado como momento oportuno para incidir sobre los recursos destinados a las AIOC, por ejemplo, los recursos que reciben por la explotación de recursos naturales.
Según ésta mirada, sin embargo, se debe ampliar los criterios de la redistribución de los recursos y no quedarse con el indicador de población. Proponen tomar en cuenta la extensión territorial.
Además afirmaron que los futuros gobiernos indígenas deben tratar la posibilidad de establecer impuestos para las comunidades, a pesar de que éste, dijeron, es un tema delicado y complejo.
En este ámbito también afirmaron que las organizaciones indígena originarias tienen el derecho preferente en la Ley Forestal para la explotación de los recursos maderables.
Cada pueblo con su control social
La fiscalización fue otro aspecto considerado en el diseño de la autonomía indígena. Los indígenas propusieron que cada gobierno debe crear sus formas y mecanismos de participación y control social de acuerdo a lo que mejor se ajuste a sus normas y procedimientos propios.
Aclararon que ya no estaban vigente las organizaciones territoriales de base ni los comités de vigilancia como mecanismos estándar para todos. Una de las razones para desechar esos modelos de fiscalización es que el alcalde, en los municipios, nombraba a los miembros del control social.
Ante esa realidad los guaraníes de Huacaya propusieron que el control social lo ejerzan las autoridades comunales. Según ellos es “fácil comprar a uno” pero no “a 10”.