Un grupo de 80 instituciones, organizaciones y articulaciones de la sociedad civil ha emitido una carta abierta dirigida a la población boliviana, así como a los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, medios de comunicación y cooperación internacional en la que instan a tomar acciones concretas frente a los incendios en Bolivia.
Los incendios, que han devastado grandes extensiones de bosque y pastizales, han afectado severamente a las comunidades indígenas y rurales. Según el documento, en departamentos como Santa Cruz, Beni y Pando, miles de hectáreas han sido consumidas por el fuego, lo que ha obligado a familias a abandonar sus hogares y ha puesto en peligro la seguridad alimentaria debido a la pérdida de cultivos esenciales como maíz, arroz y yuca.
En Santa Cruz, el más afectado de los departamentos, se han registrado más de 56.000 focos de calor, destruyendo casi 4 millones de hectáreas. En la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monte Verde, el 95% de los incendios comenzaron en propiedades privadas, afectando severamente los ecosistemas locales. Las organizaciones denuncian que las medidas del gobierno y las leyes locales han sido insuficientes para frenar la propagación del fuego y atender adecuadamente a las familias damnificadas.
Además del impacto inmediato de los incendios, los firmantes advierten sobre las consecuencias a mediano y largo plazo, como la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas y la creciente inseguridad alimentaria.
Las organizaciones también critican la respuesta tardía del gobierno, que si bien declaró la emergencia nacional, ha permitido la expansión de la frontera agrícola, exacerbando la deforestación y, por ende, los incendios. Ante la falta de recursos y capacidades por parte de los gobiernos locales, muchas municipalidades han recurrido a organizaciones no gubernamentales para obtener insumos básicos como agua y alimentos para los afectados.
La carta abierta exige la abrogación de leyes que promueven la deforestación, la identificación y sanción de los responsables de los incendios, y la suspensión de subvenciones al sector agroindustrial. Entre otras medidas, piden que el presupuesto destinado al sector medioambiental aumente en 10% para el próximo año.
El documento finaliza con una declaratoria de emergencia por parte de las organizaciones firmantes, que exhortan a las autoridades y a la cooperación internacional a tomar medidas inmediatas para prevenir futuras catástrofes y restaurar los derechos de las comunidades afectadas.
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