El 14 de marzo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Bolivia brindó su Audiencia Pública Rendición de Cuentas Final 2024 en el que se reveló que durante el año pasado se iniciaron 136 procesos judiciales correspondientes a incendios. De ese total, solo seis obtuvieron sentencias.
En criterio del Director General de Asuntos Jurídicos de la ABT, Antonio Vidaurre, la cantidad de procesos iniciados es una cifra récord que ninguna otra entidad pública reportó en 2024, y que representa un incremento de 139%, respecto a las registradas en 2023 también por el tema de incendios forestales, con 29 demandas. De esa gestión se obtuvieron solo tres sentencias.
“Hemos hecho una coordinación técnico jurídica para que, a partir del uso de las tecnologías e imágenes satelitales, hacer una interpretación del avance de los focos de calor y la conversión de esos focos de calor en incendios, comparado con las coberturas de derecho propietario y de certificaciones de posesión del INRA lo que nos ha permitido identificar plenamente a los responsables y causantes de incendios”, señaló durante su intervención.
Si bien el director de la ABT, Luis Flores, destacó la cifra de procesos iniciados, lamentó que la pena por incendios sea la privación de libertad de entre dos a seis años, como máximo. “Venimos pidiendo a gritos a opositores y oficialistas para que modifiquen el Artículo 206 del Código Penal donde endurezcan la pena. Al que quema lo pillan en el monte, se devastan más de miles de millones de hectáreas, se somete a un procedimiento abreviado y tiene (solo) dos años de cárcel y al otro día está libre”, cuestionó.
Aunque hay un incremento en los procesos penales por incendios, para Jhovanna Morales, asesora jurídica de la Fundación TIERRA, llama la atención que apenas se hayan resuelto tres casos en la gestión 2023 y seis casos en la gestión 2024, lo que significaría que existen más de 130 procesos que todavía están en deliberación y que hay una gran carga procesal judicial en la instancia reguladora.
“Eso quiere decir que todavía estos procesos por incendios forestales siguen en trámite. Sería bueno conocer en qué estado están. Van a haber resultados si realmente estos procesos están encaminados. ¿Será que se van a sancionar a los responsables en sí o solamente se iniciaron a otras personas que no son los incendiarios?”, señaló la abogada, quien cuestionó que el informe de rendición de cuentas no haya dado más detalles de los procesos que se siguen o el estado en el que se encuentran ni en la exposición brindada, ni en el informe divulgado por la institución.
Por otro lado, Vidaurre también informó que en 2024 se iniciaron 1.145 procesos administrativos sancionadores, de los cuales 862 fueron resueltos mediante resoluciones administrativas. La cantidad también contrasta con los resultados de la gestión 2023, cuando se iniciaron 1.376 procesos y se resolvieron 746.
“El informe dice que el año pasado han resuelto 862 procesos a nivel nacional. Eso quiere decir dejaron pendientes más de 300 casos, de la gestión 2023 quedaron más de 400 casos y eso también es una carga rezagada. Eso demuestra la burocracia que existe en la institución porque no están siendo resueltos los procesos de una manera rápida y oportuna como dice el procedimiento administrativo”, cuestionó Morales.
SANCIONES EN UFV
En 2024, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5203 que determina el incremento de la sanción económica por las contravenciones a la Ley Forestal, como las quemas ilegales en espacios protegidos y subió la multa de 20 centavos de dólar por hectárea de daño hasta 976 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), que equivale a 2.587,4 bolivianos, según el tipo de cambio al 3 de abril de 2025(Bs 2,65).
En la Rendición Pública, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que se aprobó la Resolución Administrativa ABT Nº139-2024 de fecha 04 de septiembre de 2024, que reglamenta estas sanciones en UFV. “El DS manda a la ABT a reglamentar la aplicación de estas sanciones y definir las contravenciones (…). Por eso la ABT aprobó este reglamento estableciendo cuatro graduaciones de contravención. Estas graduaciones están definidas por el tipo de tierra sobre el cual recaiga la quema”, precisó Vidaurre.
Las sanciones de primer grado, que es la más severa con 976 UFV, se aplicará cuando el incendio se produzca en tierras de protección, es decir cuando se afecten áreas protegidas, reservas forestales, reservas privadas de patrimonio naturales y servidumbres ecológicas. “Esto porque son tierras que merecen mayor garantía y protección de parte del Estado y por ello se aplica el rango más alto de 976 por hectárea”, afirmó la autoridad.
Las de segundo grado se multan con 488 UFV, cuando las quemas afectan a tierras de producción forestal permanente (TPFP). Las de tercer grado se multan con 244 UFV, cuando las quemas “ilegales, no autorizadas” afecten a tierras de uso múltiple y/o áreas aptas para diversos usos.
“Finalmente —dijo Vidaurre— un cuarto grado, con 190 UFV, cuando las quemas hayan sido autorizadas, pero que se realicen en tiempos de prohibición”, de acuerdo al calendario de quemas aprobadas o paralización de acuerdo a normativa expresa. También se multarán las quemas autorizadas que excedan el área permitida y/o incumplan las prescripciones de protección y seguridad, siempre y cuando no recaiga en los otros grados de infracción.
Aunque se hizo una explicación de las sanciones, ninguna autoridad precisó cuánto se recaudó por el tema de sanciones. En el informe institucional, solo se detalla que la ABT, a través de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), registró recaudaciones por conceptos contemplados en la Ley Forestal N° 1700 por un total de 118,1 millones de bolivianos.
Para Morales también llama la atención que la ABT haya evitado indicar cuánta superficie de bosque se quemó en Bolivia durante 2024, y más bien hicieron alusión a los 152 talleres de prevención de quemas, que, por la dimensión de los incendios forestales sucedidos el año pasado, demostraron ser insuficientes.
“En todo caso habrá que preguntarse: ¿esos talleres no funcionaron? ¿O cuál fue el esfuerzo? Si ha habido tanta quema, ¿por qué no funcionaban esos talleres? Y la pregunta es, ¿este año qué pretenden hacer? ¿Van a quedarse haciendo los mismos talleres para que en julio y agosto se siga quemando? ¿Qué tipo de acciones van a tomar con respecto a las quemas?”, refutó Morales.