Entre mayo y julio de 2014 se produjeron 21 conflictos por tierra y recursos naturales (4,8% del total de los casos registrados en el país); 85% de éstos se iniciaron a lo largo del trimestre y 15% provienen de meses anteriores, algunos incluso se remontan a varios años atrás, como el rechazo a la contaminación de la cuenca de Questuche o las pugnas por tierras aptas para el cultivo de quinua entre Coroma y Quillacas.
Los motivos
Los datos revelan la centralidad de dos problemáticas: 52% de los conflictos estuvieron relacionados con la actividad minera y 38% con el acceso y tenencia de la tierra. Los procesos inacabados de saneamiento y titulación de tierras, las dificultades de definición de derechos propietarios de terrenos de vocación agropecuaria y los problemas limítrofes entre municipios son factores que pesan en estos casos.
En concreto, los conflictos mineros se originaron por el control de áreas de producción (21%), fundamentalmente en yacimientos auríferos, como los de Arcopongo y El Choro, y por la contaminación de cuerpos de agua dulce, que incide directamente sobre la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo de actividades agrícolas y piscícolas (21%), como en los casos del Pilcomayo, Huari y Vitichi. Los conflictos vinculados a la problemática de la tierra fueron generados por la ocupación de tierras
productivas (21%) y por disputas relativas al cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional, tema relacionado con la ampliación del radio urbano (25%).
Por otra parte, cabe destacar los conflictos en rechazo a la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535 (8%) protagonizados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia (ANARESCAPYS), argumentando que, entre otros factores, limitaría su acceso a fuentes de agua para el consumo y para el desarrollo de actividades productivas; así como el conflicto en rechazo a la modificación
de la Ley Forestal Nº 1700, en particular de su artículo 25 inciso a) (4%), que de acuerdo a los indígenas de Concepción pondría en riesgo su administración de 20% de las tierras fiscales de producción forestal permanente en los municipios de la Chiquitania y Guarayos.
Los casos que pueden convertirse en conflicto
Toma de tierras: Comunarios de Bartolillo en Betanzos, Potosí, denunciaron la toma de 47 hectáreas por parte de una organización Sin Techo Toma de tierras: Ganaderos de San Ramón, Santa Cruz, alertaron sobre la toma de 1.050 hectáreas, además de la destrucción de pastizales y contaminación de fuentes de agua por parte de la
Cooperativa Minera Chiquitanía. Avasallamiento de TIOC: Indígenas weenhayek de Villamontes, Tarija, denunciaron el avasallamiento de su territorio por parte de campesinos de Pocitos.
Los actores demandantes
Dado que se trata de problemáticas que afectan fundamentalmente a las zonas rurales del país, los grupos y organizaciones de campesinos y de indígenas fueron los protagonistas de los conflictos (71,5%).
Los campesinos entraron en pugna con los de otras comunidades por la propiedad de la tierra, así como con loteadores en los departamentos de Cochabamba, Potosí, Oruro y Beni; y los indígenas yuracaré de Entre Ríos (Cochabamba) asumieron medidas de presión en protesta por el avasallamiento de su territorio. La participación de los actores en la conflictividad se produjo principalmente (87% de los casos) a través de organizaciones locales o municipales, pero también hubo articulaciones esporádicas en función del conflicto. La intervención de entidades matrices se dio en los casos en que se percibió una posible afectación al sector en conjunto (por ejemplo, CONAMAQ y ANARESCAPYS con la aprobación de la Ley de Minería). En algunos conflictos, los representantes de entidades matricesexpresaron su respaldo a un actor local afectado; sin embargo, no superaron el nivel enunciativo –amenazas y anuncios de movilización–, tal es el caso de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) ante la toma por cooperativistas de la mina “Reserva Tres Amigos” en Potosí.
En general se observa una dispersión de los casos en el trimestre ya que los problemas que originaron los conflictos fueron más bien puntuales, por lo que se movilizaron únicamente los directamente afectados. Esto se tradujo en el involucramiento de pocos actores en cada conflicto: en 67% de los casos se movilizó únicamente un actor, en 14% dos y en 19% tres o más actores.
Los conflictos por impactos ambientales de la minería fueron los que más actores agregaron bajo una misma demanda, como lo ocurrido por la contaminación del río Pilcomayo. La demanda del pueblo weenhayek de mitigación y reparación de los daños ambientales ocasionados por la minería se remonta a varios años atrás; sin embargo, la ruptura de un dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol en el departamento de Potosí puso en estado de alerta a otros actores, como las organizaciones de comerciantes y transportistas en Villa Montes. Así, la convergencia de esfuerzos se produjo no por las consecuencias de la contaminación sobre las condiciones de salubridad, sino por su impacto sobre la principal fuente de ingresos: la pesca y comercialización del sábalo.
Como explica David Blanco, dirigente del sector gremial del Villa Montes: “Nosotros como sector gremial estamos apoyando a los hermanos weenhayek porque nosotros también tenemos siete organizaciones de comercialización de pescado que se ven afectadas por la contaminación del río; vamos a estar en los bloqueos por el día de mañana y en el trascurso de ese día veremos si se amplía esta medida” (El País, 28/07/2014). Es evidente que la magnitud de la contaminación vinculó a actores que difícilmente se articularían en otras circunstancias.
Los actores demandados
Si bien destaca en los conflictos del trimestre la confrontación entre actores sociales, el Estado en sus distintos niveles fue claramente el más interpelado (53% de los casos), especialmente el gobierno central. Teniendo en cuenta que los objetivos de las demandas fueron el reconocimiento de la propiedad de un actor sobre un recurso (tierra o yacimiento minero), la defensa de éste ante la presión de otros actores, la abrogación de leyes consideradas como perjudiciales para el demandante y la mitigación y reparación de daños ambientales provocados por la minería, el responsable de atenderlas y resolver los problemas que dieron origen a los conflictos no puede ser otro más que el Estado. La tradición centralista que subsiste en el país, pese al proceso autonómico que de acuerdo a la ley debiera realizarse, explica que el gobierno central siga siendo el más demandado.
El escalamiento
Los niveles de radicalidad de los conflictos variaron según el tipo de conflicto. Las disputas por áreas de producción minera fueron las que dieron lugar a medidas de presión más radicales, mientras que los conflictos ligados con la problemática de la tierra fueron menos intensos.
Niveles de escalamiento de los conflictos
Nivel 1 Latente: manifestación de malestares entre actores, declaratorias de estados de emergencia, anuncios o amenazas de movilizaciones sin que éstas lleguen todavía a concretarse.
Nivel 2 Manifiesto: los actores han desplegado medidas de presión como marchas, vigilias u otras que no implican violencia ni afectan en demasía a terceros.
Nivel 3 Confrontación: los actores efectúan medidas más radicales, que perjudican a terceros, como bloqueos de carreteras, paros prolongados u otras.
Nivel 4 Enfrentamiento violento: se llevan a cabo medidas de presión violentas como tomas de instalaciones o rehenes; se registran agresiones o enfrentamientos físicos entre actores de la sociedad, o entre éstos y las fuerzas del orden, con posibles saldos de heridos o fallecidos.
La violencia
Al parecer, tanto la problemática de la tierra como la minera desatan la violencia. Los enfrentamientos entre campesinos y mineros cooperativistas en las localidades de Arcopongo y El Choro mientos auríferos dejaron como saldo cinco muertos y varios heridos. El avasallamiento de tierras en Cochabamba produjo también eventos violentos: los pobladores de Arrumani se enfrentaron a loteadores asentados en la zona que pretendían erigir viviendas, con el saldo de un herido; en Bulo Bulo, Entre Ríos, la presión de colonizadores sobre un Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) yuracaré derivó en duros enfrentamientos.
La distribución departamental
Durante el trimestre los departamentos que concentraron más conflictos fueron La Paz y Potosí, con 21% de los casos cada uno (asuntos vinculados con la minería y temas de límites). Cochabamba y Oruro se colocan en segundo lugar, con 17% cada uno (tierras, ampliación de la mancha urbana y límites). En Santa Cruz se desarrollaron 8% de los conflictos (tierras), al igual que en Tarija (contaminación minera y avasallamiento de tierras); Chuquisaca (contaminación minera) y Beni (tierras) registraron 4% de los conflictos cada uno.
Grandes regiones y conflictos
Se puede observar una mayor concentración de conflictos en los valles y el altiplano oriental; esto se relaciona con la importancia que las actividades económicas agrícola y minera tienen en estas regiones. La progresiva disminución de tierras disponibles y el agotamiento o empobrecimiento de yacimientos mineros son factores que, probablemente, incentivan las tensiones y dan lugar a conflictos.
Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos de Geobolivia de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.
Concesiones mineras y conflictos
La imagen muestra el predominio de la problemática minera en los conflictos del trimestre. Varios de éstos surgieron en las zonas donde tradicionalmente se desarrolla
esta actividad; sin embargo, la coyuntura de altos precios de los minerales generó su expansión hacia otras regiones, lo que ha implicado también una expansión de los
conflictos, ejemplo de ello son las fricciones generadas por la minería aurífera en el municipio de San Ramón en Santa Cruz.
Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) y de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.
Predios saneados y conflictos
El desarrollo de conflictos incluso en zonas donde los procesos de saneamiento y titulación de tierras ya han culminado muestra que el acceso a la tierra es aún una problemática irresuelta. La indefinición de límites jurisdiccionales entre municipios es otro factor que contribuye a la proliferación de estos casos.
Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Geobolivia y de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.
Tierras cultivadas y conflictos
El mapa muestra la distribución de los conflictos en tierras cultivadas. El área con mayor extensión de cultivos –localizada en el departamento de Santa Cruz– presenta pocos casos, en tanto que regiones con extensión reducida de cultivos tienen una mayor concentración de conflictos. Esto parece indicar la existencia de una significativa presión sobre la tierra y los recursos naturales en áreas de minifundio y producción campesina parcelaria.
Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos de Geobolivia y de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.