Casos. Hechos irregulares superan a los gobiernos y requieren acciones ‘inmediatas’
La propiedad y el saneamiento se han convertido en el epicentro del “tráfico de tierras”, que ha involucrado a autoridades y funcionarios de diferentes gobiernos en “negociados” para titulación a favor de privados y la transferencia ilegal de áreas fiscales a empresarios.
Para confirmar este panorama, solo basta revisar las “irregularidades” detectadas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) durante la gestión del gobierno transitorio, así como el reciente escándalo registrado tras la detención de Edwin Characayo, quien fue destituido del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, luego de haber sido sorprendido en el centro de la ciudad de La Paz en momentos en que recibía más de $us 20.000 de un presunto soborno para la dotación y saneamiento de tierras.
Respecto al primer caso, el director nacional interino del INRA, Eulogio Núñez, reveló a LA RAZÓN que durante la administración de la expresidenta Jeanine Áñez, en esta entidad se emitió el Instructivo DN-INST Nº 12/2020, que dispone reconocer derechos de propiedad por encima de las 5.000 hectáreas (ha), una medida con la cual se benefició “a un grupo de predios afines al gobierno transitorio”, es decir, 30 predios equivalentes a 255.000 hectáreas.
También se identificaron otros 57 predios, todos clasificados como medianos y empresariales equivalentes a 236.000 hectáreas; con emisión de Resolución Final de Saneamiento (RFS) de “forma no regular”.
“Estos hechos están en proceso de análisis técnico, jurídico y en su momento el INRA va a pronunciarse en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. Otro caso irregular es que se anuló y se reimprimió 79.617 títulos de propiedad, que fue el resultado del trabajo de más de cinco años durante la gestión del expresidente Evo Morales, inclusive ya estaban firmados (títulos) y solo faltaba refrendo, pero de manera irregular ella (Jeanine Áñez) los reimprimió para firmar, pese a que no hizo el proceso de saneamiento”, detalló el ejecutivo.
SANEAMIENTO.
Con relación al tema del exministro Characayo, el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señaló a este medio que es un caso más del “tráfico de tierras” que se intensifica desde el año 2011.
“Este caso devela dos hechos recurrentes: el involucramiento directo de las autoridades y funcionarios públicos desde los cargos jerárquicos en los negociados para titular tierras a favor de privados y la transferencia ilegal de tierras fiscales a empresarios privados. Al menos existe un centenar de casos similares que no investigaron las autoridades a pesar de varias denuncias públicas y procesos judiciales que se iniciaron en algunos casos”, dijo.
Justificó su afirmación señalando que el proceso de saneamiento que lleva adelante el Estado está distorsionado y se ha convertido en un medio para legalizar la apropiación de tierras fiscales a favor del mejor postor.
Frente a ello —precisó— lo más urgente e importante no es concluir el 15% o 10% de tierras en proceso de saneamiento, sino congelar la actuación del INRA y proceder a revisar lo obrado.
“Lo que se ha hecho hasta ahora tiene muchísimas observaciones y vicios de nulidad que son consecuencias de actos de corrupción para torcer el debido proceso técnico y jurídico en materia agraria. El saneamiento ha perdido su norte y en lugar de ser un mecanismo de democratización del acceso a la tierra, se convirtió en un proceso oscuro conducido por grupos de funcionarios y autoridades, exfuncionarios y exautoridades, que se dedican a lucrar a cambio de entregar las tierras de los bolivianos a empresarios privados”, según Colque.
En tanto, Núñez anunció “cero tolerancia” a los casos de corrupción en materia de tierras.
“Nosotros como INRA y principalmente este director, que asumió el cargo el 8 de febrero, de manera muy clara y precisa (…) mi compromiso es cero tolerancia a los hechos de corrupción en materia agraria”, sostuvo.
Asimismo, exhortó a la población a denunciar los hechos ilícitos y cobros irregulares.
“Mi pedido a los que acuden al INRA, a los que quizá antes han sido extorsionados, han tenido que realizar pagos extras y al margen de la ley, las puertas de esta Dirección nacional están abiertas”, para atender y actuar sobre cualquier denuncia, dijo.
Conforme a datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la fecha el proceso de saneamiento de tierras en el país alcanzó un 87%, es decir, la superficie saneada y titulada es de 89,4 millones de hectáreas. No obstante, más de 6,9 millones de hectáreas se encuentran en conflicto.
Infografía: Fuente INRA
CONFLICTO.
Al respecto, el director Núñez detalló que “faltan 13,8 millones de hectáreas actualmente por sanear que representan el 13%. Están paralizadas y en conflicto casi 7 millones de hectáreas de los 13,8 millones. Por eso en todo el país dicen hay conflictos de tierras en Guarayos, Pailón Chuiquitanía, en Riberalta, en el norte paceño, Oruro, La Paz, Chuquisaca, regiones como Yampara, y son éstos, o sea nos han dejado lo más complicado, lo conflictivo, pero estamos en condiciones de poder afrontar esto y quisiéramos concluir en tres años”.
Sin embargo, Colque concluye que “no existen datos oficiales porque el INRA no entregó informes pormenorizados sobre el avance anual del saneamiento, sobre cuántas tierras se sanearon, quiénes son los propietarios, qué extensión tienen y dónde están esas propiedades. El INRA, por ley está obligado a transparentar la información agraria y las nuevas autoridades deben corregir urgente el ocultamiento de la información estadística”.
DESALOJO. La Fundación Tierra pide la desocupación de tierras fiscales. Imagen:INRA
Piden intervenir el INRA y parar trámites
Frenar los “negociados” en el saneamiento de tierras requiere una política de Estado que implique la “intervención inmediata” del INRA, desalojo de ocupaciones ilegales de tierras fiscales y la paralización de trámites de autorización de asentamientos.
Las recomendaciones corresponden al director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, quien consideró que lucha contra la corrupción en materia agraria solo es posible a partir de una “política de Estado y no a partir del cambio de alguna autoridad, ministro o director. El problema es tan grave y de carácter estructural que se necesitan medidas integrales, desde decisiones políticas de alto nivel hasta nuevos procedimientos técnicos y jurídicos”.
Para ello, detalló cuatro medidas importantes que debe considerar el gobierno del presidente Luis Arce. Entre éstas se encuentra la “intervención inmediata del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”.
Como segundo, proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan resoluciones de desalojo que obligan a las autoridades del Gobierno “a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos”.
También paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite que establece la Constitución Política del Estado (CPE) de 5.000 hectáreas.
Finalmente, hizo un llamado público a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que nombren un director nacional titular del INRA, en cumplimiento de la Ley de Tierras que señala que el Presidente debe nombrar a esta autoridad a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20), dijo.
Consultado sobre cómo debe llevarse adelante una intervención al INRA, Colque indicó que este proceso debe inicarse con el nombramiento de una comisión interventora, independiente de las manipulaciones de las autoridades y exfuncionarios públicos de esta entidad, Viceministerio de Tierras y Tribunal Agroambiental.
“Esta comisión debe crearse a partir de una ley impulsada por la Asamblea Legislativa. Ya tenemos una experiencia que data de 1992, cuando se intervino el Consejo Nacional de Reforma Agraria, lo que dio pie al cierre de esta institución que se hundió en similares actos de corrupción”, concluyó.
Fuente original: Periódico digital, La Razón 25 de abril de 2021.