La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión social, sino también debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre distintos sectores del país.
Justicia inmediata. Eso fue lo que se aplicó en Pucarani, donde solucionaron un caso de robo de ganado, tras encontrar a los animales a punto de ser trasladados en un camión. Ni bien sucedió el hecho, convocaron a asamblea orgánica de la comunidad. No llamaron a la policía. No fueron al juzgado. Entre los todos los comunarios, escucharon a las partes y tras deliberar, dictaron una sanción económica al agresor y levantaron un acta. Los animales volvieron a sus dueños.
Representantes territoriales de cinco países, congregados en el Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio hicieron un llamado urgente a detener el avance del extractivismo, la criminalización y el despojo territorial que amenazan la vida y la soberanía de los pueblos indígenas en América Latina.
Aunque la Constitución Política del Estado reconoce a la Justicia Indígena Originaria Campesina como un sistema con igual jerarquía que la justicia ordinaria, autoridades y líderes indígenas denuncian que este derecho continúa siendo vulnerado por fiscales, jueces y policías. La igualdad jurídica existe en la norma, pero no en la realidad cotidiana.
En el norte de La Paz, en medio del verde de la Amazonía, el pueblo indígena tacana libra una batalla silenciosa pero determinante. No es una guerra de armas, sino de palabras, sonidos y significados que corren el riesgo de desvanecerse con el tiempo. Es la lucha por mantener viva su lengua ancestral, un idioma que guarda en cada morfema los secretos de su historia. Un legado para el cual su pueblo ha trazado varios caminos para no perderlo.
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