El acceso a la tierra, el derecho a la alimentación y a tener medios de vida dignos son algunos de los derechos indígenas que se vulneran en Bolivia por las políticas públicas del gobierno que favorecen al sector agropecuario mecanizado, denunció este martes el director de la Fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero.
La declaración fue realizada en la mesa de “Resistencias a los despojos territoriales para la mitigación y adaptación al cambio climático” organizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC por sus siglas en inglés) dentro del Pabellón Indígena de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2022, la COP27, cuyo objetivo es revelar las múltiples amenazas que se ciernen sobre los territorios de los pueblos indígenas y sus medios de vida, y los mecanismos de despojo utilizados por diferentes actores.
“Los indígenas pierden la posesión de sus territorios por lo que tienen que emigrar a zonas urbanas y vivir en mendicidad. En otros casos, los indígenas son despojados de sus recursos naturales, sus tierras quedan desmontadas, deforestadas. Entonces se quedan sin bosques, sin acceso a la caza o a la pesca. Viven arrinconados en sus territorios o afuera de ellos, en pequeños núcleos urbanos sin acceso a servicios y además se ven obligados a dejar de practicar la pequeña agricultura. Se les despoja del derecho a alimentación y los medios de vida, y sus sistemas de vida entran en colapso”, manifestó.
Chumacero explicó que estos problemas que tienen los indígenas son consecuencia de una serie de políticas que estableció el gobierno a partir de los objetivos de la Agenda Patriótica 2025 relacionados con triplicar los actuales 3,5 millones de hectáreas cultivadas en país y la de duplicar 10 millones de cabezas de ganado vacuno para el 2025. Estas medidas, si bien dinamizaron la economía agropecuaria, trajeron consigo efectos complejos en el medio ambiente que repercuten en los derechos campesinos indígenas. La deforestación es una de las principales muestras de lo que acontece.
“Actualmente tenemos siete millones de hectáreas de bosques perdidos para la habilitación de la frontera agrícola. El 86% de esta deforestación se halla en el departamento de Santa Cruz y buena parte de la acción estatal tiene que ver con políticas que promueven la deforestación como perdonar las multas acumuladas por desmontes ilegales, ampliar las superficies de desmonte permitidas, disminuir los requisitos para la aprobación de planes de uso por cada propiedad, entre otras, lo que favorece la ampliación de frontera agrícola.
“Es muy evidente que las políticas del Estado han fomentado la ampliación de la frontera y la ampliación del nivel de deforestación anual, pero también la han ido legalizando lo cual es contradictorio en un país que se reconoce como defensor de la Madre Tierra (…). Adicionalmente hay una política muy específica de distribución de tierras que no cumple sus objetivos y no respeta los procedimientos establecidos. El proceso de distribución de tierras se está dando en áreas de producción forestal y los beneficiados lo primero que hacen es tumbar al monte para habilitar tierras de cultivo, además de embarcarse procesos de tráfico de tierras. Adicionalmente estas zonas son de tradicional presencia indígena”.
La sesión abordó además las luchas de varios pueblos indígenas latinoamericanos por la protección efectiva de sus derechos territoriales y sus resistencias contra el despojo, las invasiones y el extractivismo. Con la participación de representantes de varios países se busca hacer un llamado para comprender el territorio como un concepto diverso, que abarca distintos ecosistemas estratégicos para la mitigación del cambio climático y otros vulnerables ante sus riesgos.
Muchos pueblos indígenas habitan territorios ecológicamente frágiles y estratégicos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Son los guardianes de bosques y otros ecosistemas que tienen el papel de sumideros de carbono. Además, se ha demostrado a partir de evidencias en varios países latinoamericanos que los bosques gestionados por pueblos indígenas tienen un mejor desempeño en términos de conservación de coberturas y por tanto en términos de captura de carbono. Así las cosas, los territorios de los pueblos indígenas resultan estratégicos para la mitigación del cambio climático, y por su fragilidad ambiental son los que también requieren mayores esfuerzos de adaptación.