Hay amedrentamiento, dádivas económicas y desinformación para lograr la explotación minera en la TCO y Reserva Pilón Lajas

En la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas cada día arriban nuevos mineros, empresas y cooperativas. Llegan a las comunidades indígenas Mosetene y Tsimane, señalando que tienen derechos mineros otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Aparecen ofreciendo el sueño de “el dorado” para que les permitan destruir las riveras de sus ríos, dragar y contaminar sus aguas con mercurio, envenenar sus peces, depredar sus bosques y construir campamentos sobre sus comunidades.

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Amedrentamiento y amenazas con procesos judiciales, ofrecimiento de dádivas monetarias y desinformación para generar divisionismo están entre las principales arremetidas que tienen que afrontar las comunidades de la Reserva de la Biosfera-Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas por parte de empresas y cooperativas que buscan incursionar “legalmente” en la actividad minera para la explotación del oro aluvial en esa región.

El presidente del Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM) de Pilón Lajas, Fernando Ara, informó que pese a las dificultades que se presentaron en su región, las comunidades resisten y seguirán resistiendo a que su territorio sea invadido por la actividad de las cooperativas y empresas mineras.  Dicha organización está compuesta por 23 comunidades y abarca una población aproximada de 2.000 personas.

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Comunidades de Pilón Lajas

“Ha habido amenazas muy fuertes en el tema minero y todavía continúan por parte de las 15 empresas y cooperativas que han solicitado hace tiempo cuadrilla para operar en el río Beni y Quiquibey y sus áreas de influencia. Nosotros hemos estado tratando de resistir, si vale el término”, manifestó el representante.

La Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas fue creada el 9 de abril de 1992, bajo el D. S. Nº 23110, con una superficie aproximada de 400.000 ha, con el propósito de reconocer los derechos de las comunidades indígena originarias Mosetene y Tsimane’ ahí asentadas y preservar la integridad genética de la flora y fauna, calificada como una de las de mayor biodiversidad en el país,  se ubica entre las provincias Sud Yungas y Franz Tamayo del departamento de La Paz y la provincia General José Ballivián en el departamento del Beni. Es parte de los municipios de Rurrenabaque, San Borja, Palos Blancos y Apolo.

Pilón Lajas es un lugar de transición entre la cordillera de los Andes, la llanura beniana y el bosque húmedo amazónico con condiciones climáticas tropicales propias de la Amazonía. Valioso por su diversidad biológica y habitado por comunidades de tres pueblos indígenas: los Tsimanes’, los Mosetenes y Tacanas, tiene una categoría especial de área protegida y territorio indígena.

En el sector, más de 15 empresas y cooperativas realizan el trámite administrativo para la explotación minera, según un informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La solicitud abarca al menos 465 cuadrillas (cada una de 25 hectáreas), lo que hace un total de 11.625 ha que están ubicadas en el río Beni y la TCO.    

Mario Paniagua, técnico de Fundación TIERRA, señala que no es fácil acceder a la información de la AJAM sobre las concesiones mineras en la zona.  Las comunidades indígenas y la organización que las representa a nivel de la TCO se enteran de los trámites de concesiones mineras cuando estas empresas o cooperativas llegan a la zona a buscar aprobación de las comunidades para iniciar sus trabajos de minería. “Se ha conseguido parte de la información de estas concesiones, pero hay algunas que no tienen datos, que son cuatro o cinco más”.

La presión

Según contó Ara, las personas encargadas de los proyectos llegaban inicialmente a las comunidades para hablar con sus autoridades arguyendo que toda su documentación tenía una base legal y que era casi obligación aceptarla.  “Como encontraron cierto rechazo, decían que si los representantes no firmaban los documentos que permiten la explotación, entonces ellos tendrían que devolver los gastos que se habrían realizado. Es una forma de intimidación, haciéndonos responsable de esos gastos. Incluso amenazaron con procesos judiciales”, relató. 

En el caso de los sobornos, éstos fueron ejercidos por representantes de la empresa COBOLDROM S.R.L. cuyo trámite ante la AJAM inició el año 2018 y, de las 15 empresas y cooperativas que buscan autorización en el área, es la que más avanzado tiene su proceso. En ese marco, en septiembre de este año, se debía hacer la consulta previa (reunión deliberativa) con el acompañamiento de la AJAM, pero el proceso se paralizó.

En medio de los ofrecimientos de dinero, también se produjo una situación de engaño, pues el presidente del CRTM manifestó que la empresa mintió diciendo que la comunidad Charque había firmado el convenio de autorización. 

“Cuando fuimos a una reunión con la comunidad para verificar lo que se mencionaba, prácticamente mostraron su incomodidad en contra de esta empresa. Ahí el corregidor dijo que la primera vez que fueron los representantes de COBOLDROM lo encontraron a él solo en el río y le ofrecieron $us 10.000, pero él los rechazó. Luego le hicieron la propuesta de entregarle $us 100.000 para la comunidad, pero también los rechazó.  Recientemente volvieron con la propuesta de trabajar en sociedad.  Y ofrecieron que de cada 10 kilos de oro que saquen, un kilo de oro se entregaría a la comunidad, lo que nuevamente se rechazó”, precisó Ara. 

El sitio donde se pretende explotar oro colinda con el Parque Nacional Madidi, cuya división natural se produce por el cauce del río Beni, que es el área donde se están tramitando las concesiones. Dentro de este sector también se encuentra el río Quiquibey, que es otro de los lugares que es pretendido para la explotación del oro aluvial.

Esta división natural que tiene el terreno es también utilizada como pretexto para las empresas y cooperativas, pues éstas aseguran que tienen derecho a explotar el recurso sin la autorización de los comunarios porque el río está fuera de la jurisdicción.  “Las cuadriculas están en las orillas de los ríos, implican también nuestro territorio”, agregó el dirigente.

Debido a que el sector también es un área protegida, la autorización de explotación también está vinculada el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), donde los interesados asimismo deben realizar trámites. En este caso, tanto cooperativas como empresas también señalaron haber conseguido las autorizaciones.

Las promesas de la mejora de escuelas o entrega de materiales, de la generación de fuentes de trabajo también son utilizadas para tratar de convencer a dirigentes y pobladores. “Incluso buscan generar malestar dentro de las organizaciones para provocar la división”.