Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, marcada por la deforestación, los incendios forestales y la presión de la agroindustria y el extractivismo sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Esa situación quedó expuesta por los participantes del tercer panel del Foro "Tiempos Inciertos: Crisis económica, energética y ambiental”, que se realizó el 30 de octubre en la ciudad de La Paz.
Marco Octavio Ribera, de LIDEMA y la Asociación SAVIA; Juan Pablo Chumacero, de la Fundación TIERRA, y Miguel Vargas, del CEJIS, dialogaron sobre la creciente devastación de los ecosistemas bolivianos, el impacto en los pueblos indígenas y las deficiencias en la gestión estatal de los recursos naturales. En ese contexto también se denunciaron las políticas estatales que priorizan la expansión económica sobre la protección ambiental y los derechos territoriales, y la falta de capacidad estatal para controlar esta crisis.
Bolivia contribuye al cambio climático
En su intervención, Marco Octavio Ribera presentó un diagnóstico exhaustivo de la crisis ambiental en Bolivia, resaltando cómo el país ha dejado de ser solo víctima del cambio climático y se ha convertido en uno de sus mayores contribuyentes debido a la deforestación masiva y los incendios descontrolados. “Nunca jamás ha habido una crisis ambiental como la que estamos viviendo en el país”, señaló, indicando que los efectos de la crisis actual son más intensos y difíciles de revertir que los de crisis pasadas.
Ribera expuso el aumento significativo de la deforestación en los últimos años y cómo ésta ha llevado a Bolivia al tercer puesto mundial en pérdida de bosques, solo después de Brasil y la República Democrática del Congo. Los incendios forestales en el país, señaló, han destruido este año más de 11 millones de hectáreas, un área mayor que los incendios ocurridos en 2019 y 2020 juntos. “Las quemas y desmontes nos están llevando al borde de una crisis climática irreversible”, advirtió, subrayando que la falta de lluvias, el aumento de temperaturas y la pérdida de humedad en los suelos son algunas de las consecuencias directas de la desaparición de los bosques.
“Nos hemos convertido en contribuyentes activos al cambio climático con esta devastación”, afirmó, haciendo referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero que estos incendios generan y que agravan el calentamiento global. Explicó que, entre 2019 y 2024, Bolivia ha emitido alrededor de 700 megatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, resultado de las quemas y desmontes, cifra que pone al país a la par de grandes emisores de carbono como Brasil y otros países con altas tasas de deforestación.
Ribera también describió cómo esta crisis está afectando los recursos hídricos del país. La destrucción de los bosques y la sequía están afectando directamente al lago Titicaca, así como a numerosos ríos en tierras bajas, cuya reducción de caudal y contaminación son ahora una amenaza inminente. “La disminución del nivel del lago Titicaca depende buenamente o está ocasionada por la deforestación en las tierras bajas”, explicó.
Expansión agrícola y su vínculo con incendios
Chumacero centró su intervención en el impacto de la expansión de la frontera agrícola en Bolivia, particularmente en el departamento de Santa Cruz, que ha sido el más afectado por la deforestación y los incendios forestales. Explicó que la ampliación de las áreas agrícolas y ganaderas ha estado directamente ligada al modelo de producción de productos como la soya, el maíz y la caña de azúcar. Este modelo, señaló, ha incentivado la deforestación masiva y ha generado una frecuencia y magnitud de incendios sin precedentes en el país.
Recordó que, al 30 de septiembre de 2024, se habían registrado más de 10 millones de hectáreas afectadas por incendios, de las cuales el 68% corresponden a Santa Cruz. “Buena parte de lo que se deforesta para agricultura se quema, y cuando estos incendios se descontrolan, tenemos desastres ambientales como el de este año”, afirmó. Esta expansión agrícola ha afectado no solo áreas de bosque primario, sino también tierras fiscales, áreas protegidas y territorios indígenas, provocando la pérdida de biodiversidad y generando un impacto irreversible para los ecosistemas.
En esa línea, también explicó que Santa Cruz concentra el 85% de la deforestación en Bolivia, y destacó cómo esta región ha sido el núcleo de producción de soya, sorgo y otros cultivos, con áreas de expansión que se extienden hacia el norte y el este del país. Esto no solo responde a la demanda de exportación, sino también a políticas nacionales que incentivan el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera sin tomar en cuenta sus repercusiones ambientales.
Chumacero describió cómo la Agenda Patriótica 2025 y otras políticas estatales han favorecido el modelo agroexportador, permitiendo el desmonte y la quema de áreas forestales con permisos cada vez más flexibles. Además, explicó que normativas conocidas como "normas incendiarias" han facilitado estos procesos, dando lugar a una legalización de la deforestación que ha triplicado su ritmo en los últimos años.
En ese marco, puso en relieve la creciente crisis ambiental y la falta de capacidad institucional para enfrentarla. Explicó que, a pesar de la magnitud de los incendios, el país carece de los recursos y la organización necesarios para combatirlos. “No tenemos capacidad para enfrentar incendios de esta naturaleza; no hay suficientes fondos, agua, maquinaria ni diésel para enfrentar esta emergencia”, explicó, agregando que los bomberos voluntarios y las ONGs han tenido que asumir roles críticos en la respuesta ante los incendios, aunque con medios muy limitados.
Vulnerabilidad de los pueblos indígenas
Miguel Vargas abordó la situación de vulnerabilidad que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia ante la crisis ambiental, económica y energética. Vargas explicó cómo la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos naturales y la falta de protección estatal están amenazando la supervivencia de las comunidades indígenas, especialmente en las tierras bajas, donde el impacto de estas actividades extractivas es devastador.
Vargas comenzó señalando que los pueblos indígenas enfrentan una crisis múltiple. “Estamos viendo una crisis que se extiende a todos los niveles, desde lo ambiental hasta lo institucional, dejando a los pueblos indígenas sin medios para defender sus derechos”, afirmó.
Explicó que los 34 pueblos indígenas de tierras bajas, de los cuales 18 están en situación de alta vulnerabilidad, están en riesgo de desaparecer debido a la sobreposición de sus territorios con áreas de explotación hidrocarburífera y minera, y a la falta de cumplimiento del derecho a la consulta previa por parte del Estado.
Respecto al acceso a la tierra, Vargas señaló que existen territorios indígenas titulados en Bolivia cuyos pueblos originarios enfrentan numerosos obstáculos para hacer valer sus derechos. Mencionó que, aunque se han titulado 24 millones de hectáreas como Tierras Comunitarias de Origen (TCO), este avance no ha sido suficiente para satisfacer las demandas territoriales históricas. Actualmente, de las hectáreas pendientes de titulación, una gran parte se destina a pequeños y medianos propietarios en lugar de atender las demandas de los pueblos indígenas.
“La política agraria está llevando a un retroceso en la tenencia de tierras indígenas, parcelando territorios colectivos y favoreciendo intereses privados”, sostuvo Vargas.
Vargas también indicó que en los últimos diez años se han firmado 46 contratos de exploración y explotación petrolera sin llevar a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, un derecho establecido en la Constitución boliviana. “La consulta previa ha sido ignorada sistemáticamente, a pesar de que la ley lo exige y de que se trata de un derecho fundamental para los pueblos indígenas”, criticó Vargas.
Vargas subrayó los impactos de la minería en áreas protegidas y en territorios indígenas, donde el uso de mercurio ha contaminado ríos y afectado seriamente la salud de las comunidades, especialmente de aquellas que dependen de la pesca. En este contexto, señaló que los pueblos indígenas no solo están perdiendo sus recursos naturales, sino que además enfrentan problemas graves de salud, como intoxicación por mercurio, que afecta a niños y mujeres en particular. “Estamos viendo un genocidio ambiental y cultural. Los pueblos indígenas, cuya vida depende del río y la pesca, están destinados al etnocidio”, enfatizó Vargas, llamando la atención sobre la emergencia sanitaria que enfrentan pueblos como los Tacana y Toromona.
Además de la explotación minera e hidrocarburífera, Vargas explicó que los pueblos indígenas también son vulnerables ante el avance de proyectos agroindustriales y carreteros que afectan sus territorios. En el cierre de su intervención, Vargas destacó la emergencia de un nuevo liderazgo indígena, impulsado principalmente por mujeres, quienes están luchando por la defensa de sus territorios y sus derechos.
Los panelistas coincidieron en hacer un llamado urgente a un pacto social que establezca límites a la expansión agroindustrial, respete los derechos de las comunidades indígenas y promueva un desarrollo sostenible y equitativo.