En un escenario donde las reservas energéticas de Bolivia se encuentran en declive, expertos y actores clave se reunieron en el foro "Tiempos Inciertos: crisis económica, energética y ambiental" para debatir los desafíos y posibles salidas de una crisis que afecta a todo el país y coincidieron en la urgencia de redefinir la política energética nacional.
Raúl Velásquez, especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo; Gonzalo Colque, investigador de TIERRA; y Gustavo Rivadeneira, asesor y expresidente de la Cámara Nacional de Transporte compartieron sus perspectivas sobre la creciente dependencia de los combustibles importados, la viabilidad de los biocombustibles y los impactos de esta crisis en la economía y la ciudadanía dentro de un panel que analizó en detalle la crisis energética. Las exposiciones de los panelistas ofrecieron un panorama contundente: Bolivia enfrenta una encrucijada energética que requiere de soluciones innovadoras y políticas efectivas para asegurar su futuro energético y económico.
Dependencia en hidrocarburos y el coste de un modelo rentista
Raúl Velásquez, analista de energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, detalló la alarmante dependencia que tiene Bolivia en la importación de hidrocarburos. Desde una perspectiva histórica, Velásquez recordó cómo la política energética boliviana ha girado en torno al gas y al petróleo, sectores vistos como salvadores de la economía.
Sin embargo, las decisiones de las últimas dos décadas, enfocadas en capturar renta para el Estado, han resultado en la pérdida de atractivos para las inversiones. Esta situación, explicó Velásquez, está llevando a una crisis de abastecimiento, ya que el 85% del diésel y el 58% de la gasolina se importan.
La dependencia afecta tanto la economía del país como la estabilidad energética, ya que se requiere de divisas para asegurar el suministro de combustible, y las reservas en dólares están disminuyendo a un ritmo preocupante.
Según los datos del especialista, el principal sector que consume energía en Bolivia es el transporte público y el privado. El 55% de la energía que se consume en Bolivia la consume el transporte, principalmente con gasolina y diésel, esto como resultado de la política de “gasificar la economía”, de 2003 y 2004, cuando había muchos hidrocarburos.
“Hay una dependencia eléctrica. Pueden ver que en hora pico, a las 19.00, el 72% de la electricidad que ha consumido Bolivia ha provenido de termoeléctricas, que funcionan con gas. En el Comité Nacional de Despacho de Carga y ahí pueden ver en vivo, en línea si ustedes quieren, la generación de electricidad. Entonces, claro, si no hay gas, si dejamos de tener gas, tenemos un serio problema con la electricidad. Entonces, ahorita no estaríamos pudiendo proyectar esto, por ejemplo. Entonces, hay un tema serio con el tema del gas”, alertó el especialista.
Esta dependencia, en palabras del experto, refleja una política hidrocarburífera que ha privilegiado el rentismo, captando una gran proporción de ingresos, pero descuidando la sostenibilidad a largo plazo y la inversión en exploración.
“El problema está en que 20 años después está cayendo la producción de gas en un 47%, si comparamos el 2024 con el 2015. Es un primer elemento. El segundo elemento que quiero resaltar es que la caída no es de hoy, no es que los bolivianos nos levantamos con la noticia de que hemos tocado fondo. Hoy en día vemos algunos personajes que llaman al diálogo nacional, a un diálogo de partidos políticos para solucionar la crisis económica. Ese diálogo tenía que ser aquí, en 2015”, sostuvo.
En ese contexto sugirió eliminar el subsidio al diésel y la gasolina especial; permitir la importación privada de combustibles; equilibrar la matriz eléctrica (promoviendo fuentes renovables como la solar y eólica, y pequeñas hidroeléctricas); impulsar el uso de vehículos eléctricos en Bolivia, crear una nueva ley de hidrocarburos; institucionalizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): y mantener una política energética transparente, con acceso público a datos sobre producción, consumo y costos, que permitiría a la población y a los sectores interesados tomar decisiones informadas y participar en el debate sobre el futuro energético del país.
Biocombustibles no sirven para la independencia energética
Gonzalo Colque, investigador de Fundación TIERRA, abordó el tema de los biocombustibles y su viabilidad en el contexto de la crisis energética boliviana. Según Colque, si bien los biocombustibles son presentados como una alternativa para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, en la práctica enfrentan múltiples limitaciones estructurales, económicas y ambientales que dificultan su implementación y escalabilidad.
En ese contexto, Colque presentó un análisis detallado de cómo la dependencia energética de Bolivia, especialmente en diésel y gasolina, ha crecido rápidamente en la última década. Señaló que, al ritmo actual, Bolivia podría alcanzar un 91% de dependencia en combustibles importados para 2030, incluso si se implementan proyectos de biocombustibles a gran escala.
En su análisis, Colque explicó que el biodiésel y el etanol, las dos principales formas de biocombustibles en Bolivia, enfrentan retos considerables. Por ejemplo, el biodiésel proviene principalmente de la soya y de la palma aceitera, pero la producción de palma aceitera en Bolivia está muy por debajo de las metas planteada.
Actualmente solo existen 36 hectáreas de palma aceitera en producción, cuando el objetivo es llegar a 64.000 hectáreas. Esto representa un vacío importante entre las expectativas y la realidad productiva del país. Asimismo, la soya, que podría usarse para biodiésel, es un bien de exportación, por lo que su redirección a biocombustibles plantea un dilema económico, pues implica perder divisas.
“Si la idea es sustituir las importaciones, no tiene lógica económicamente, sustituir con un producto exportable. Por un lado, queremos ahorrar dólares y por otro lado estamos perdiendo dólares (…). Entonces, en este momento hay una planta en Santa Cruz, no sabemos cuánto de biodiesel a partir de la soya produce, pero EMAPA ha quedado a cargo de colectar soya y procesar esto”, apuntó.
Colque señaló que producir biocombustibles en Bolivia no solo resulta costoso, sino que tampoco es viable a corto ni a mediano plazo debido a los altos costos de producción y la limitada infraestructura. Otra preocupación abordada fue el impacto ambiental de expandir las áreas de cultivo para los biocombustibles. Para cumplir las metas de producción de palma aceitera y soya, sería necesario expandir la frontera agrícola, lo cual podría afectar bosques y ecosistemas, especialmente en regiones como el norte de La Paz.
Por ello, sugirió que Bolivia se enfoque en proyectos piloto o experimentales de pequeña escala para evaluar el rendimiento y viabilidad de estos combustibles sin comprometer el presupuesto nacional ni provocar daños a gran escala en el medio ambiente.
También subrayó que, para enfrentar la crisis energética, Bolivia necesita una estrategia energética amplia y estructural, en lugar de soluciones temporales como los biocombustibles. Propuso la creación de un plan nacional de contingencia que se enfoque en mitigar la crisis a corto plazo, mientras se desarrollan estrategias de largo plazo para asegurar la sostenibilidad energética del país. También enfatizó la importancia de eliminar la discusión política del tema energético y enfocarse en soluciones que beneficien a toda la población, dado que la crisis afecta a todos los sectores productivos.
El impacto de la escasez de combustible en el transporte
Gustavo Rivadeneira, ex presidente de la Cámara Nacional de Transporte, expuso la grave situación que enfrenta el sector debido a la escasez y racionamiento de diésel. Actualmente, la falta de suministro afecta la capacidad operativa de los transportistas, quienes deben hacer largas filas en los surtidores y enfrentar controles estrictos que limitan sus compras.
Según Rivadeneira, esta situación no solo afecta la economía del sector, sino también la salud de los conductores, que experimentan estrés y desgaste físico. Asimismo, cuestionó la viabilidad del biocombustible como alternativa, argumentando que el etanol y el biodiésel no han demostrado ser soluciones efectivas para los vehículos de alto tonelaje, que requieren un tipo de combustible con mayor densidad energética para realizar operaciones en terrenos difíciles.
“Este tipo de situaciones que nos engloban a nosotros como sector, prácticamente hace de que exista un malestar, hace de que exista una situación inconveniente en el funcionamiento de nuestra actividad. Paralelamente a esos aspectos, las constantes filas, el constante apagado y encendido del motor, generan desperfectos mecánicos”, sostuvo.
Para Rivadeneira, es crucial que el gobierno trabaje en una política energética integral y coordinada con el sector del transporte. “Lo que el gobierno está queriendo plantear con el etanol, no nos brinda confianza y nos preocupa mucho que instituciones que han realizado este tipo de estudios para meter al mercado no hayan tenido un acercamiento con el sector para comprobar en la práctica el tiempo de ésta para poder determinar qué desperfectos mecánicos puedan generar en los medios de transporte o en las unidades de transporte”, añadió.
Rivadeneira consideró que, al margen de las cuestiones político partidarias, la población asuma una conciencia y acepte levantar gradualmente la subvención de hidrocarburos. Éste es un criterio que su sector maneja desde hace un par de años. “Esto para que se pueda sostener y aliviar la economía que nuestro país, actualmente, está utilizando en cuanto al gasto por la importación de combustibles”, finalizó.
Los tres expertos coincidieron en la urgencia de redefinir la política energética del país, buscando alternativas que promuevan la autosuficiencia y reduzcan la vulnerabilidad económica. La crisis actual es un llamado atención de para implementar cambios estructurales que prioricen la sostenibilidad y la diversificación de fuentes energéticas en Bolivia.