En criterio de Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, los problemas que se suscitaron durante un operativo policial para recuperar el predio Santagro, ubicado en el municipio de San Pedro, acentuaron la idea de que hay una ausencia del estado de derecho y pusieron en duda la existencia del orden público, lo que puede derivar en conflictos civiles armados y desencadenar mayores escenarios de violencia.
Avasalladores ingresaron al predio Santagro en diciembre.
“Aquí hay que separar dos temas. Uno es el tema de la tierra en la que hemos visto que hay serios problemas relacionados a la tenencia y propiedad de la tierra que se complican mucho más con la presencia de grupos de avasalladores y donde lo que se pide es seguridad jurídica, que se respete la ley, la institucionalidad, que se conduzcan demandas o denuncias en el marco de la legalidad. Y otro tema es el de seguridad nacional. La existencia de grupos armados en la toma de tierra, el uso de violencia material, violencia física, armas de fuego, quema de maquinaria, secuestros o retención de policías, nos está mostrando que se está sobrepasando el principio del monopolio de la fuerza, que la tienen dos entidades públicas que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, manifestó Vadillo, durante una entrevista con la red Mega de Santa Cruz.
El 25 de diciembre, un grupo de 60 personas ingresó, con armas, al predio Santagro. Según los afectados, el grupo se robó camionetas, maquinaria, agroquímicos y otros insumos. Ante esta situación, el 1 de febrero, la Policía realizó un operativo y detuvo a todos los involucrados. Sin embargo, el contingente fue retenido por otros miembros del grupo y la Policía se vio obligada a liberar a 55 involucrados. Las restantes cinco personas se mantuvieron arrestadas porque fueron halladas en posesión de las armas de fuego.
Para el especialista, estas dos situaciones están ligadas a un tercer factor referido a la pugna interna dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ahonda el conflicto, pues existen organizaciones o grupos irregulares con niveles excesivos de violencia que buscan polarizar el conflicto interno.
“Son dos problemas estructurales muy fuertes. El tema de la tierra que no es de ahora, viene de mucho tiempo y que merece solución bajo principios de legalidad, de institucionalidad, de transparencia, de igualdad procesal de las partes. Y el segundo es este problema de seguridad nacional en el que estamos viendo que las mismas fuerzas del orden, como la Policía Nacional, están siendo rebasadas y están dejando en entredicho la existencia de un estado de derecho, la existencia de un orden público”, afirmó.
Vadillo señaló que, si el Estado no reacciona de la forma en que corresponde, bajo los principios de legalidad, autoridad e institucionalidad, se abren más las puertas a que se genere una violencia extrema, que pone en riesgo la paz social.
“Estos son principios generales de un estado democrático y por lo tanto deben ser válidos en la ciudad y en el campo, para los grandes y para los pequeños, sean originarios o migrantes, sean del color que sean, no podemos seguir jugando con fuego, estas acciones y los discursos de desmantelamiento del Estado y de la fuerza pública son irresponsables”, finalizó.