En el marco de la investigación que realiza el Panel de Inspección del Banco Mundial (IP por sus siglas en inglés) sobre la afectación que sufren los indígenas de la Chiquitanía por la construcción de la carretera San José - San Ignacio, un equipo de nueve personas de dicha organización se reunió con 15 comunidades de Santa Cruz, como parte del trabajo de campo para indagar las denuncias de vulneración de derechos que se hicieron a finales de 2022.
La obra —que tiene un presupuesto que alcanza los 230 millones de dólares y es financiada por la organización internacional— comenzó a ejecutarse en septiembre de 2019 y está a cargo de la empresa China State Construction Engineering Corporation Ltda. Con su ejecución se prevé ampliar y asfaltar la antigua carretera de 208 km desde San José de Chiquitos hasta San Ignacio de Velasco, pasando por San Rafael y San Miguel de Velasco.
“El Panel emitió el Plan de Investigación el 16 de mayo de 2023 y pretende concluir su Investigación aproximadamente seis meses después de que se divulgue el Plan. El Informe de investigación del Panel y la Respuesta y recomendación de la administración (incluido el Plan de acción de la administración) que abordan los hallazgos del Panel se pondrán a disposición del público después de que la Junta se reúna para considerar los hallazgos del Panel y discutir y aprobar el Plan de acción de la administración”, señala el resumen del caso que se encuentra registrado en la página del organismo internacional.
El 19 de diciembre de 2022, cuatro centrales de la Chiquitanía —con el apoyo de la Fundación TIERRA y la Fundación Munasim Kullakita— presentaron una solicitud de inspección al proyecto carretero. Esta queja fue registrada el 13 de enero y fue admitida el 15 de febrero. Posteriormente, el equipo del Panel de Inspección visitó la Chiquitanía la primera semana del mes de marzo del presente año, para indagar las violaciones descritas en la queja. De acuerdo con los procedimientos de la organización, la Secretaría del Mecanismo de Rendición de Cuentas ofreció la oportunidad de resolución de disputas antes de ingresar a una fase de investigación. Sin embargo, esta opción fue descartada el 12 de mayo de 2023 y cuatro días después se publicó el Plan de Investigación.
“Ellos tenían que llegar en junio a Bolivia para comenzar la investigación con el equipo más robusto, pero por algún motivo, el gobierno boliviano no les autorizó el ingreso y esta visita se tuvo que reprogramar para septiembre. Llegaron como nueve personas para hacer la investigación. Desde el 21 hasta el 27 de septiembre este equipo tuvo reuniones con aproximadamente 15 comunidades que están afectadas directamente por la carretera, comenzaron en San José y concluyó en San Ignacio de Velasco”, explicó Mario Paniagua, técnico de la Fundación TIERRA.
Aparte de las comunidades, la comisión investigadora también tuvo una reunión con las cuatro centrales en un encuentro en San Ignacio. En su recorrido, los investigadores hablaron directamente con las personas afectadas en las comunidades, verificaron en lugar, las denuncias de las comunidades indígenas respecto a la vulneración de sus derechos.
En su denuncia, los afectados señalaron que la construcción de la vía constituye una amenaza para sus tierras y sus medios de subsistencia. También alegaron que el Plan para Pueblos Indígenas (PPI) original no mitigó los impactos adversos ni les otorgó acceso a beneficios. Aunque el documento inicial presentado en 2018 fue modificado en 2021, alegaron que éste todavía tiene deficiencias en su ejecución. Por otro lado, también alegaron que el proyecto no fue sometido a un proceso de consulta en base a la norma vigente, y que hay indicios de que los trabajadores de la obra cometieron explotación, abuso y acoso sexual contra mujeres y niñas indígenas.
El Plan de Investigación contiene una breve descripción de la metodología e incluye las preguntas y cuestiones clave que se abordarán durante la investigación, y una. El documento contempla 22 preguntas clave referidas a tierra, medios de subsistencia e identidad chiquitanos; el Plan para los Pueblos Indígenas (PPI); toma de tierras y reasentamientos; explotación, abuso, acoso sexual y violencia de género; asuntos laborales y la supervisión del Banco. El Plan está disponible públicamente en el sitio web del Panel en el siguiente enlace: https://www.inspectionpanel.org/sites/default/files/cases/documents/162-Investigation%20Plan%20%28Spanish%29-16%20May%202023_0.pdf
“Ahora tienen que procesar toda esa información porque han tenido reuniones no solo con las comunidades, sino también con autoridades en La Paz, con representantes del Banco, con los empresarios chinos, alcaldías y con todas las instancias que están de alguna forma involucradas en esta cuestión”, remarcó Paniagua.
El Panel pretende concluir su investigación aproximadamente en seis meses, a partir de la publicación de su plan, lo que se prevé se cumpla el primer mes del próximo año.