Sembradíos descuidados o de cultivo reciente, viviendas vacías que parecen abandonadas y la tala de árboles desmedida son los tres principales elementos que evidencian la invasión y el despojo de tierras que sufren desde hace más de cinco años los tsimane del sector Yacuma, que viven entre Yucumo y Rurrenabaque en el oeste del departamento de Beni.
“En un problema constante. Quiero hablar de lo que nos están avasallando los interculturales. (No entendemos) cómo les da resolución el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Sus casas recién están queriendo construir, ellos dicen que son antiguos, pero no es así”, contó Roberto Maito, corregidor del Sector Yacuma, donde este último fin de semana —en coordinación con la Fundación TIERRA— se hizo una inspección para verificar la situación de estas comunidades indígenas.
Los indígenas tsimane de Yacuma tienen 12 comunidades. De ese total, cuatro tienen títulos agrarios otorgados por el INRA, una está en proceso de resolución de autorización de asentamiento y las restantes siete están aún en trámite de solicitud de dotación de tierra. Este proceso —pese a la apertura del Estado para el reconocimiento de tierras indígenas— quedó estancado en medio de un conflicto con sectores interculturales y campesinos a los que el INRA otorgó resoluciones administrativas de asentamiento en el mismo lugar que habitan los indígenas.
En la actualidad, las comunidades tsimane sin tierras formalmente reconocidas por el Estado son San Julián, Jatatal, San Gabriel, Flor de Mapajo, Vainilla, Río Grande y Palmira. En esta última comunidad, los dirigentes tsimane hicieron un recorrido por su territorio observando que, nuevamente, hay un traslado de personas que buscan establecerse en el lugar.
Llegar a la comunidad Palmira no es sencillo. Primero se debe arribar a Bajo Colorado, que está en medio de la ruta que une Rurrenabaque con Yucumo y de ahí desviarse del camino principal por un sendero por aproximadamente una hora en motocicleta, que es el único vehículo con el que se puede acceder al sector. A partir de ese punto, el recorrido debe continuarse a pie por alrededor de dos horas y media adicionales. El avance se hace a través de sendas que se abren paso por un bosque espeso que por lo menos hasta hace algunos años era completamente virgen.
Aunque el lugar tiene antecedentes de ser poco transitado, el panorama en la región comenzó a cambiar desde hace al menos cinco años, cuando el INRA entregó autorizaciones de asentamientos a comunidades desconocidas, muy aparte de los indígenas que habitan el territorio desde tiempos ancestrales. La crónica “Los tsimanes’, un pueblo invisible”, describe los problemas que atraviesa esta población indígena y la presión que se fue ejerciendo sobre ella.
En la comunidad Palmira, como en varias otras, no hay energía eléctrica, ni agua potable y mucho menos servicios de salud. La señal telefónica también es inexistente. Los niños que viven en el lugar no estudian porque no hay unidades educativas cerca. Pese a todos estos problemas, hay sectores externos que reclaman la propiedad de las tierras que se encuentran en medio del área boscosa; buscan simular que viven en el lugar, pero no es así.
En el recorrido que realizaron los dirigentes tsimane pudieron observar que se construyeron viviendas con palos y calaminas que ahora están abandonadas o simplemente vacías. También existen rastros de sembradíos que son de reciente data con cultivos que no son tradicionales de la región. Además, encontraron árboles marcados con plaquetas y pintados de azul, señal de que pronto serán talados, como parte de la deforestación que amenaza el lugar.
Allí todavía se puede encontrar árboles de roble cuta o mara, cuya tala está legalmente prohibida, pero por el escaso control, igual son tomados por los invasores para su comercialización. Una tronca de cuchi (madera dura) de tres metros de longitud y con ancho de tres pulgadas (7,6 centímetros) puede llegar a costar Bs. 300 en el departamento de Santa Cruz.
Acciones recurrentes
En las últimas semanas, la Fundación TIERRA colaboró en la ejecución de una orden de desalojo de terceros que intentaron ocupar la comunidad tsimane Jatatal. Sin embargo, mientras se realizaba ese procedimiento, otro grupo de personas, supuestamente con autorización del INRA, entraron a invadir la comunidad Palmira, una muestra de cómo se avanza en el despojo explicó Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de TIERRA.
“Esta situación que se mantiene en el sector ha comenzado a generar un conflicto sistemático y permanente que provoca un mayor daño a los tsimane que son los que viven en la zona, pero no logran un reconocimiento de derecho”, afirmó Vadillo.
La problemática de los tsimane fue denunciada en instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Senadores —que programó peticiones de informe y visitas en campo para verificar vulneración de derechos de los tsimane. También se denunció la situación en espacios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —organización que recibió en marzo a una delegación indígena tsimane para exponer su caso. Sin embargo, hasta la fecha, no hay resultados que aceleren la toma de acciones o la generación de un sentimiento de solidaridad o apoyo para solucionar el problema de este pueblo indígena.
“Lo que veo es que la zona entre Rurrenabaque, Yucumo y San Borja se ha convertido en un área de expansión de frontera agrícola en la que se produce una disputa por la tierra y que es altamente conflictiva porque son tierras que tienen un elevado valor en el mercado. Entonces, hay una dinámica de negocios de la tierra para la explotación de los recursos naturales, la producción agrícola y después la venta o transferencia. Es un negocio de tráfico en tierras”, afirmó Vadillo.
A la presión que existe para que los tsimane abandonen su tierra, se suma el amedrentamiento que se ejerce sobre sus representantes, quienes constantemente son sometidos a procesos legales de diversa índole. Este es el caso de Rosendo Merena, cacique de los tsimane, quien fue enjuiciado por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) por el desmonte supuestamente ilegal de siete hectáreas y media.
Vadillo apuntó que, pese al panorama complejo, es importante seguir dando los pasos las acciones legales que puedan hacer prevalecer la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena tsimane. “En el caso de Merena, por ejemplo, hemos interpuesto una acción por la cual se ha hecho una reconsideración para retroceder en el proceso mismo y es una buena señal. Estos temas de verdad angustian porque uno ve que no hay avance. El tema no es de acciones legales concretas por cada asentamiento dentro del territorio tsimane o por cada proceso. Debe atenderse la visión global del tema”, enfatizó Vadillo.