Frente a la crisis ambiental y la inestabilidad económica que enfrenta Bolivia, se propone la implementación de un pacto social como punto de partida para construir soluciones sostenibles y coordinar acciones concretas que frenen la devastación de los ecosistemas y reorienten el modelo productivo del país. Este acuerdo fue planteado en el Foro 2024 “Crisis Económica y ambiental en Santa Cruz”, desarrollado el pasado 3 de octubre en la capital cruceña, contando con la participación de expertos y líderes económicos y ambientales.
El panorama es alarmante: la deforestación descontrolada, la expansión de la frontera agrícola y el uso indiscriminado del fuego han devastado grandes extensiones de bosque.
“Los incendios están afectando áreas como la Reserva de Guarayos, el Bajo Paraguá y El Choré, que históricamente han sido reservas forestales”, mencionó Alcides Vadillo, director de la Fundación TIERRA regional oriente.
Esta situación, acotó, no solo amenaza la biodiversidad, sino que también compromete la estabilidad hídrica de las principales cuencas del país.
Ante esta realidad, durante el evento Erwin Cabrera, exministro de Desarrollo Sostenible planteó la necesidad de reforzar la defensa de las áreas protegidas y mejorar la gestión del agua. También sugirió replantear las prácticas agrícolas y ganaderas, y actualizar la normativa agraria para adaptarse a las nuevas realidades climáticas y productivas.
"El departamento cuenta con 16 millones de hectáreas de áreas protegidas, ríos y lagunas que necesitan ser preservadas para garantizar los servicios ecosistémicos", señaló.
Además, destacó la importancia de la investigación agrícola y la transferencia tecnológica para la implementación de prácticas sostenibles que garanticen un equilibrio entre la producción económica y la protección ambiental.
Por su parte, Gonzalo Colque, investigador de la institución, destacó la importancia de redefinir las prácticas agrícolas en la región. Sostuvo que es fundamental adoptar un modelo que priorice la inversión en mano de obra y en el desarrollo del conocimiento local, en lugar de depender únicamente de altos niveles de capital y tecnología.
En este sentido, Juan Pablo Chumacero, director ejecutivo de Fundación TIERRA, alertó sobre el impacto del crecimiento agroindustrial en el departamento de Santa Cruz, que ha desplazado a La Paz como el principal motor económico del país. Lo que resalta la urgencia de implementar cambios en el sector agrícola.
“Santa Cruz aporta alrededor del 30% de las exportaciones nacionales, reflejando el crecimiento de la agroindustria y la ganadería. Sin embargo, este desarrollo se ha logrado a expensas del medio ambiente y de los derechos de las comunidades locales”, explicó.
Desafíos económicos y dependencia energética
Además de la crisis ambiental, Bolivia enfrenta una crisis económica agravada por la dependencia de combustibles importados y la escasez de divisas, lo que complica aún más la situación. La baja producción de hidrocarburos y la creciente necesidad de importar combustibles como diésel y gasolina han comprometido la estabilidad económica del país.
Colque enfatizó la creciente dependencia de Bolivia en combustibles importados, que ha aumentado de un 48% a un 88% en los últimos ocho años para el diésel y ubica al país en un rango de dependencia severa. A esto se suma la falta de infraestructura, como oleoductos y gasoductos, lo que encarece y hace ineficiente la distribución de combustibles.
“Se necesita una estrategia integral que contemple la construcción de infraestructura, la diversificación de fuentes de energía y la búsqueda de soluciones sostenibles”, señaló.
Finalmente, Waldo López expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia y Juan Pablo Chumacero resaltaron la necesidad de cambiar del actual modelo económico extractivista hacia un modelo sostenible.
“El desafío es elevar el rendimiento sin recurrir a la deforestación y preservar la frontera agrícola para las futuras generaciones” destacó López.