Los incendios forestales registrados al cierre de septiembre de 2024 han destruido más de 10,1 millones de hectáreas, superando ampliamente todos los récords históricos de los últimos años. De ese total, 5,8 millones de hectáreas (58%) corresponden a cobertura boscosa, que en mayor proporción se encuentra en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
Así lo establece el último informe sobre quemas realizado por la Fundación TIERRA, que fue presentado este lunes a través de una conferencia de prensa virtual ofrecida por el director de la institución, Juan Pablo Chumacero y Gonzalo Colque y Efraín Tinta, investigadores de la misma. Se trata de un reporte independiente (no gubernamental) que brinda información al 30 de septiembre de este año empleando información para los registros históricos de focos de calor FIRMS, información satelital MODIS (Terra/Aqua) y VIIRS (NOAA-20, NOAA-21 y S-NPP).
"Los incendios forestales de 2024 ya superan todos los registros anteriores en cuanto a área quemada y número de focos de calor. Las cifras finales para esta gestión seguirán aumentando debido a que el fuego sigue activo en varias regiones y la temporada seca continuará en los próximos días y semanas", declaró Efraín Tinta investigador de Fundación TIERRA.
Santa Cruz y Beni, los más afectados
La mayor parte del daño se concentra en los departamentos de Santa Cruz y Beni, que representan el 97% del área quemada en todo el país. En Santa Cruz, se han destruido 6.916.700 hectáreas, convirtiéndose en el epicentro del desastre. Beni, por su parte, ha perdido 2.905.900 hectáreas. Estos dos departamentos son esenciales para la biodiversidad del país, y el impacto de los incendios pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la vida de miles de personas y animales que dependen de estas tierras.
El informe preliminar indica que los incendios han afectado principalmente zonas de bosques y áreas agrícolas, destruyendo vastas extensiones que tardarán décadas, si no siglos, en recuperarse. El 58% del área quemada corresponde a bosques, mientras que el 42% restante afecta pastizales, llanuras y sabanas.
Tipos de propiedades afectadas en Santa Cruz
El análisis del tipo de propiedad afectada arroja datos clave: el 34% del área quemada en el departamento de Santa Cruz corresponde a tierras fiscales (áreas protegidas y tierras fiscales disponibles), mientras que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) representan el 28%. Si bien muchas de estas áreas han sido víctimas de incendios provocados en otras zonas, algunas propiedades agrarias también han sido responsables del inicio y la propagación del fuego, particularmente en regiones con desmontes y asentamientos irregulares.
“Es una catástrofe que afecta la vida de miles de hogares campesinos e indígenas, muchos de los cuales están desplazados por la pérdida de sus casas, de sus cultivos y de sus medios de vida, así como por la contaminación del aire y de sus fuentes de agua”, declaró Juan Pablo Chumacero, director ejecutivo de Fundación TIERRA.
El desastre no solo está afectando a la biodiversidad, sino también a las comunidades locales, que han visto sus medios de subsistencia destruidos por el fuego.
"Concluimos que, en gran medida, las TCO y las áreas protegidas, así como parte de las tierras fiscales, han sido víctimas del fuego descontrolado, pero también han sido focos de origen del fuego provocado dentro de las zonas con desmontes, asentamientos y ocupaciones de hecho. Preliminarmente, concluimos que los principales tipos de propiedad agraria implicados son dos: las grandes propiedades ganaderas con autorizaciones de desmontes de la Autoridad de Bosques y Tierra y las comunidades asentadas por el INRA en tierras fiscales. Gran parte de los incendios tiene su origen en las áreas desmontadas para monocultivos a gran escala", afirmó Colque, investigador de Fundación TIERRA.
Ante este panorama desolador, TIERRA hizo un llamado urgente para actuar de manera inmediata, fundamentalmente para que Bolivia no solo reaccione a la crisis actual, sino para que también implemente un pacto social por el medio ambiente, que incluya medidas preventivas para evitar que esta tragedia se repita.
“Necesitamos un pacto social entre toda la sociedad y todos los actores para construir un nuevo escenario normativo y de aplicación de políticas públicas en el que se proteja verdaderamente lo que queda de nuestros bosques y nuestros recursos naturales”, mencionó Chumacero.
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