Dirigentes indígenas convertidos en traficantes de tierra, uso de documentos fraguados para la transferencia de territorios comunitarios, precios por debajo del valor real de los predios y compradores conscientes de las ilegalidades son algunos de los detalles ocultos que hacen al comercio de tierras comunitarias y que están contenidos en el libro “Territorios indígenas enajenados: el furtivo mercado de tierras de la TCO Guarayos". La investigación fue realizada por Gonzalo Colque y Alcides Vadillo de la Fundación TIERRA.
El documento —que ya está disponible en su versión digital— aborda, también, las consecuencias socioterritoriales que deja la actividad ilegal a los pueblos nativos guarayos y pone en la mesa de debate algunas estrategias para mitigar los impactos negativos que deja esta actividad ilícita. El documento puede ser descargado en
“La presente publicación analiza a profundidad los procesos de expropiación de tierras que en general y desde un concepto amplio, abarcador y flexible, pueden entenderse como compra y venta de tierras, donde los principales protagonistas son las dirigencias indígenas y los “terceros”: empresarios agroindustriales, campesinos, colonizadores interculturales y menonitas”, destaca la presentación del documento que está dividido en siete capítulos, un apartado de conclusiones y anexos.
La TCO Guarayos abarca una extensión de 1.343.647 hectáreas legalmente tituladas y es la propiedad colectiva más grande de las tierras bajas. El área en cuestión está conformada por una zona que tiene continuidad territorial y otros 30 espacios discontinuos o fragmentados que están dispersos a lo largo y ancho de la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. Esta separación es uno de los efectos que se da por el deficiente proceso de saneamiento realizado en los últimos años.
En la investigación, también, se pone en evidencia cómo se fueron estableciendo asentamientos de campesinos en la TCO Guarayos con autorización de los propios dirigentes de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos y autoridades de las centrales indígenas, organizaciones que lejos de pelear por el bien colectivo, están en una fase de deterioro estructural por el divisionismo y paralelismo dirigencial existente.
Asimismo, se pone en relevancia la existencia de documentos de compra-venta irregulares y fraguados que están redactados con carácter privado que por lo general no son puestos a consideración de las bases de las organizaciones. También se evidencia la existencia de certificados que avalan asentamientos de terceros en sitios que deberían ser utilizados exclusivamente por los guarayos.
“Durante los últimos 10 a 15 años, más de 225.740 hectáreas han sido vendidas bajo alguna de las modalidades indebidas, las mismas que están a manos de terceros y una tercera parte está desmontada para producción agrícola. El valor total del mercado de estas tierras podría rondar 136 millones de dólares. sin embargo, los hallazgos de este estudio sustentan la versión generalizada de que los indígenas guayaos implicados en las compra-ventas, recibieron montos económicos muy inferiores al valor del mercado”, señala parte de la investigación.
Finalmente, aparte de los dirigentes, se identificaron a empresarios forestales, ganaderos (medianos y grandes), campesinos guarayos, comunidades interculturales, comunidades campesinas afiliadas a las Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a las colonias menonitas como actores implicados en estas actividades ilegales. También se reconoce la responsabilidad que tienen instituciones estatales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Tribunal Agroambiental o el Viceministerio de Tierras que no actúan frente a lo que ocurre en Guarayos.
“Y las principales consecuencias de todo esto son las pérdidas de tierras fiscales acaparadas y ocupadas a la fuerza e incluso con el uso de violencia armada, y las TCO que sufren una violencia silenciosa muchas veces acallada con las prácticas indebidas de compra-ventas”, destaca la investigación.
El documento que pondrá a consideración la Fundación TIERRA busca mostrar desde diversos ángulos la situación por las que están atravesando las comunidades indígenas cuyos territorios están siendo absorbidos por la dinámica del agronegocio.