El rumbo que tomó la Reforma Agraria, que cumplió 70 años desde su aplicación, dejó panoramas contradictorios y complejos a partir de diferenciación geográfica de Bolivia, afirmó el exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, quien advirtió que actualmente hay un manejo estatal prebendal de “tradición” en el tema agrario.
“Desde la aplicación de la Reforma Agraria de 1953 hasta el momento ha habido dos ciclos agrarios claramente diferenciados. El primero propiamente de la Reforma Agraria y el segundo, que se ha iniciado con la aprobación de la Ley INRA, la 1715, que tiene características distintas y ambos procesos han sido contradictorios en su sentido y en sus resultados. La reforma agraria boliviana, como no ha ocurrido con otras reformas agrarias del continente, ha sido reforma agraria en el pertinente sentido redistributivo del término y al mismo tiempo ha sido contra reforma agraria, con una clara diferenciación geográfica”, afirmó.
En criterio de Almaraz, mientras que en la región andina se realizó una redistribución de la tierra hacendal, en las tierras bajas de Bolivia se amplió el latifundio.
“El nuevo ciclo agrario, que podríamos decir todavía está en curso, ha sido también contradictorio en diferentes sentidos, pero tal vez el principal sea que, si bien ha titulado una cantidad muy grande de tierra en propiedad comunitaria, una cantidad insólita para las previsiones existentes desde el pensamiento social boliviano, también este nuevo ciclo agrario está promoviendo una presión muy grande sobre esas tierras con efectos ambientales devastadores, de manera que, en muchos casos, los títulos no servirán de nada porque darán derechos sobre una tierra destruida. Entonces, ese es el panorama muy, muy contradictorio y complejo”, apuntó.
La Reforma Agraria de 1953 tenía como meta dotar de tierra a los campesinos y finalizar el régimen de servidumbre. Sin embargo, pese a la movida social, el proceso de saneamiento quedó archivado en papeles. Posteriormente, en 1996 se aprobó la Ley 1715, más conocida como Ley INRA cuyo principal objetivo era el regularizar el derecho propietario en el país. Con la norma, en sus primeros 10 años de aplicación, sólo se logró concluir el saneamiento de 10% de la superficie nacional. Posteriormente, en 2006, se aprobó la Ley 1715 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, con la que intentó culminar el saneamiento con nuevos procedimientos. Con esa base y hasta la fecha se tiene acumulado un saneamiento del 92%, dejando pendiente el 8%.
Para Almaraz, es importante terminar el saneamiento porque es útil para resolver muchos conflictos sobre la posesión y la misma titularidad de la propiedad agraria. Sin embargo, consideró que el avance en ese porcentaje, aunque pequeño, será difícil porque representa sanear, en su mayoría, superficies periurbanas que están más cargadas de conflictos. “Ahí cabrían algunas innovaciones operativas que permitan un saneamiento más rápido, tal vez el involucramiento de los municipios”, señaló.
Por otro lado, consideró que, aunque termine el proceso de saneamiento, continuarán existiendo ciertos campos de conflictividad nueva, no porque la tierra se haya saneado, sino porque comenzaron a surgir situaciones económicas y sociales nuevas o relativamente nuevas que generan conflictos.
“Es por ejemplo el caso de las ocupaciones ilegales de los llamados interculturales Santa Cruz. Eso no es porque se haya saneado la tierra y en su caso se le haya declarado fiscal, sino porque en mi percepción hay un manejo prebendal de la distribución de la tierra por parte del gobierno que está llevando incluso a la ilegalidad de los asentamientos y las dotaciones. Pero eso no es culpa ni de la norma, ni del saneamiento, sino de la política prebendal que ha asumido este gobierno siguiendo una larga y lamentable tradición en el manejo agrario que hace el estado boliviano”, enfatizó.
Para superar estos problemas, tendría que existir una la voluntad política auténtica que se tendría que demostrar con transparentar los procesos de distribución de tierras, los procesos de dotación, para saber a quiénes se les está dotando, dónde se les está dotando, cuánto se los está dotando y para qué se les está dotando. “De acuerdo a las normas vigentes, las normas particularmente reglamentarias de la Ley 3545, la dotación debe incluir ciertas previsiones productivas. De manera que no se corra el riesgo de que la dotación derive en una destrucción de los recursos naturales y de la misma tierra. Todo eso debería transparentarse, pero el ánimo que se ve en el gobierno es más bien el de la intransparencia de los actos administrativos”, apuntó.