El vocal de la Sala Primera Constitucional de Beni, Marco Antonio Justiniano Mejía, suspendió este martes la audiencia de Acción Popular que los indígenas tsimane del sector Yacuma activaron en contra del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) nacional y departamental Beni, para encaminar el proceso de dotación de tierras a ese pueblo indígena. La medida fue adoptada luego de que la institución agraria solicitara, a través de un memorial presentado a última hora, la notificación a 27 comunidades, como terceros interesados en el proceso, así como la participación del Ministerio de Justicia, la Procuraduría y el Consejo de la Magistratura.
“El memorial presentado por el INRA observa la falta de notificación a otros terceros interesados, adjuntando una lista (…). Señalar que, de estas 27 comunidades, identificadas como terceros interesados, 19 de ellas ya se han apersonado, faltando ocho comunidades. Además, el INRA observa la falta de notificación a la Procuraduría General del Estado, toda vez que el área motivo de la Acción Popular corresponde a tierras fiscales, por otro lado, solicitan que se notifique también al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como veedores y al Consejo de la Magistratura. En ese sentido, si bien 19 de las comunidades de la lista ya se han apersonado y siendo que las comunidades faltantes son terceros interesados, por encontrarse dentro del territorio, vamos a tener que suspender la presente audiencia y disponer el nuevo señalamiento de fecha y hora de audiencia, al efecto de no vulnerar los derechos de estas comunidades, para el 29 de agosto de 2023, a horas 15:30", manifestó la autoridad judicial.
En la audiencia, Justiniano dio un plazo de 24 horas para que el INRA haga llegar el croquis de ubicación de las comunidades faltantes para ser notificadas, tiempo que fue ampliado a 48 a pedido de la abogada de la institución agraria.
La demanda presentada por los tsimane busca que se dé respuesta al proceso de solicitud de tierras que fue iniciado en julio del 2021 y que, después de más de dos años, no tienen respuestas del INRA, a quienes se pide que se rijan al procedimiento para la dotación de tierras fiscales en calidad de Tierras Comunitarias de Origen, considerando que ese pueblo indígena vive en el sector desde tiempos precoloniales. Además, se busca que se restituya el territorio a las comunidades indígenas que han sido desalojadas de su lugar de origen y que se ordene a la ABT que paralice la autorización de desmonte en el área de demanda de dotación hasta que el INRA resuelva esta situación.
“Es paradójico cómo el INRA, frente a la audiencia, esté pidiendo que se escuche a 27 otras comunidades que supuestamente son terceros interesados, cuando ellos en dos años no han podido escuchar una sola vez a los tsimane y dar respuesta a una demanda de dotación de tierras fiscales. Esto habla del nivel con el que trabaja el INRA con la ley del embudo, ancho para los terceros interesados, que son los que gozan de beneficios y atención de parte del INRA y angosto para los indígenas originarios, pues son los marginados que no tienen voz. En dos años no tienen respuesta”, manifestó Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, quien participó del acto judicial.
Para Vadillo, llama también la atención que el INRA, en esta ocasión, busque que se notifique y participen diversas instituciones estatales de diferentes órganos de poder del Estado Plurinacional. “No nos parece mal, pero justamente lo hace ahora, en la audiencia para que no se discuta del tema de fondo. No deja de parecer un mecanismo de “chicanería jurídica”, es decir, acudir a mecanismos que dilatan el proceso para no discutir el tema de fondo, en menosprecio de los indígenas originarios que se encuentran en una difícil situación de vulnerabilidad y de violencia. Por otro lado, parecería que el INRA quiere confrontar a todas las instancias estatales con los tsimane con la finalidad de lograr respaldo al oscuro proceso de distribución de tierras que ha llevado adelante”, aseveró.
A finales de julio, más de 30 organizaciones indígenas, participantes del Pre Foro Social Panamericano (FOSPA), emitieron una resolución de dos puntos para exigir al INRA que reconozca la existencia del pueblo tsimane del sector Yacuma y viabilice la dotación de tierras en su favor. En la ocasión, una comisión de participantes del evento visitó el área en conflicto y constató las dificultades por las que atraviesa este pueblo indígena.
Entre las organizaciones que firmaron la resolución están la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), la Subcentral Territorio Mojeño Ignaciano (TIMI), la Central De Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la Coordinadora de Pueblos indígenas de Cochabamba (CIPCO), la Subcentral de Comunidades Indígenas de Rurrenabaque, la Central de Mujeres Indígena del Norte de La Paz (CMILAP), el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y la Federación Regional Única de Trabajadores Indígenas Campesinos de la provincia Ballivián, entre varias otras.
“Después de la visita, los interculturales de la zona han ido a agredir a los comunarios, han ido a humillarlos, por estar llevando gente de fuera y estar reclamando sus tierras. Esta violencia física, cultural y psicológica es de conocimiento del Estado que no define la situación de tierras de este pueblo, sigue alimentando un conflicto donde los tsimane no gozan de la protección estatal y son víctimas no solo del despojo de sus tierras, sino de violencia física que ejercen sobre ellos. En este contexto de violencia se han denunciado quemas de viviendas, destrucción de cultivos, lesiones graves y hasta asesinatos, todo sin que el Estado se preocupe, investigue estos hechos y sancione a los culpables, en ningún momento el Estado se ha preocupado por brindar un mínimo de garantías para que ellos estén en sus comunidades, para que vivan tranquilos, para evitar de que haya amenazas y despojos. La postergación de esta audiencia solo es la postergación y alimentación del conflicto”, alertó Vadillo.