Los indígenas del TIPNIS no sólo tienen problemas con sus vecinos, también sostienen un desacuerdo con el gobierno central por el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. El trazo de esta vía dividirá en dos al área protegida y TCO.
La carretera de pavimento rígido se extenderá en una línea casi recta de 306 kilómetros por 9,3 metros de ancho. La obra requerirá una inversión de 436,2 millones de dólares, de los cuales 332 millones provendrán de un crédito del gobierno del Brasil. Cada kilómetro costará en promedio 1,4 millones de dólares. De acuerdo con la denuncia de la ingeniera e investigadora Lía Peñarrieta, el proyecto carece de estudio de impacto socioeconómico. Es más, la empresa constructora OAS se adjudicó los trabajos bajo la modalidad “llave en mano”, lo que significa que sus tareas no serán fiscalizadas por el Estado.
De acuerdo con los planes de trabajo, el camino será construido en tres etapas: tramo I: Villa Tunari-Isinuta (Cochabamba); tramo II: Isinuta-Montegrande de la Fe (zona colonizada y Zona Núcleo del TIPNIS) y tramo III: Montegrande de la Fe-San Ignacio (Beni).
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Adolfo Moye considera que el tramo II de la obra asfixiará al parque y a sus habitantes. “El territorio se deteriorará, la fuente de alimento para las comunidades se perderá. Por ejemplo, los tsimanes, a los que no les gusta convivir con otras personas ajenas a su cultura, prefieren mudarse cuando empiezan a ser invadidos; tengo la información de que en los últimos meses han estado llegando muchos tsimanes a San Borja. (…) Con la carretera se invadiría el espacio de vida y no veo otro espacio donde puedan encontrar asilo las comunidades de tsimanes, yuracarés y mojeño trinitarios. Yo veo que no les va a quedar otra alternativa que emigrar a las capitales para que se conviertan en indigentes. Para mí eso es genocidio porque la carretera ocasionará la desaparición de esos pueblos. Eso es lo más preocupante para nosotros; lo consideramos un atropello a nuestros derechos”.
Al contrario, los cocaleros defienden la vía porque tendrán más facilidades para llevar sus cosechas a los centros de comercio del Chapare. Actualmente, la zona colonizada está atravesada por una precaria vía de tierra. Sin embargo, los detractores de la carretera aseguran que los campesinos atravesarán la “línea roja” y expandirán los cocales a la TCO.
Los indígenas del sur de la TCO están de acuerdo con la obra porque consideran que ésta los conectará con los mercados de Beni y Cochabamba. El representante Moye reconoce comenta actitud: “Hay comunidades que están apoyando la construcción de la carretera porque no entienden los impactos que ésta ocasionará. Ellos ya han pasado por el proceso de fragmentación territorial y por eso estamos viendo la necesidad de bajar información a las comunidades mediante folletos y cartillas”.
De todas maneras, quizás sean vanos los esfuerzos de los pobladores del territorio. El 3 de junio de este año, el gobierno inició las obras en los tramos I y III de la carretera.
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