El foro Tiempos inciertos: Crisis económica, energética y ambiental, organizado por la Fundación TIERRA, dejó reflexiones, alertas y propuestas. Para Iván Cossio, economista y miembro de la asamblea de la organización, quien fue el encargado de cerrar el evento, los problemas podrían ser resueltos con un pacto social que involucre a todos los sectores de la sociedad.
En el Foro —que se realizó los días 29 y 30 de octubre— destacados economistas, ambientalistas y representantes de la sociedad civil analizaron las profundas crisis que enfrenta Bolivia en los ámbitos económico, energético y ambiental, destacando los efectos de las políticas económicas fallidas, la dependencia de los hidrocarburos y la alarmante tasa de deforestación y daño ecológico que se produjo en los últimos años en el país.
Crisis económica: Dependencia y déficit insostenible
El análisis económico del foro evidenció una situación compleja y deteriorada. Según el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, Bolivia atraviesa una crisis fiscal marcada por una dependencia excesiva de los ingresos de los hidrocarburos y un déficit fiscal que crece de manera preocupante. Las dos ideas que resaltaron de su intervención fueron que “las crisis se gestan en auges mal administrados”, como pasó en los años 80 y que "si no se controlan los aspectos macroeconómicos de la crisis, sus efectos en el ingreso, en el empleo y la producción serán de largo plazo”.
“Hemos gastado más de lo que tenemos, y hoy el déficit fiscal está en un 11%", comentó Morales. Esta cifra, comparada con los ingresos del país, muestra un nivel de gasto insostenible y una gran dificultad para sostener la estructura de empleos públicos e inversiones en el mediano plazo.
La falta de planificación en los períodos de bonanza en la década de los 2000 ha resultado en una economía cada vez más dependiente y vulnerable ante la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. En este contexto, los expertos señalan la necesidad de diversificar la economía, incentivando sectores como la agricultura, la manufactura y el turismo.
En la misma línea, en el primer panel de especialistas que abordó la crisis económica, Joshua Bellot hizo una explicación clara del déficit, mostrando, por ejemplo, que la deuda pública (lo que el Estado debe, dentro y fuera del país) se multiplicó por cuatro entre 2005 y 2023.
A su turno, Daniel Agramont, de la Fundación Friedrich Ebert-Stiffund (FES), explicó que sí hay problemas evidentes, pero que tampoco se debe olvidar que hay cosas en las que el país avanzó porque hay mejoras en acceso a salud, a educación, aunque no sea el ideal. Por último, la Presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Rivero, hizo una explicación de cómo afecta a su sector el incremento de costos, la competencia externa, la falta de dólares para importar, las dificultades para acceder a crédito, entre otros problemas.
“Alguien dijo en otro panel, no producimos chicles, no producimos shampoo, no producimos barra de estaño para la soldadura de los soldadores artesanos, dijo otro panelista. Y esa es una llamada de atención poderosa, porque son cosas básicas que no producimos. Y el tema que más me llamó la atención de este grito desesperado de auxilio es cuando mencionó que hay 650 mil microempresarios en el país”, explicó Cossío.
Crisis energética: Sin exploración ni inversión en hidrocarburos
El foro también abordó la crisis energética que agrava los problemas económicos, bajo la cuestionante ¿qué falló? En ese contexto, el expositor Álvaro Ríos, ex ministro de hidrocarburos y director de Gas Energy Latin America, planteó que la producción de hidrocarburos, de la que Bolivia ha vivido todos estos años, se cayó porque no hubo exploración de nuevos campos. En un escenario en que no hay nuevos pozos hidrocarburíferos y los pozos existentes se están agotando, es lógico que las posibilidades de exportación disminuyan y con ello, también que no ingresen dólares a la economía.
En concordancia, en el segundo panel, que abordó la crisis energética, Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, advirtió sobre la alarmante escasez de reservas de gas y petróleo. Por ejemplo, señaló que en 2026 posiblemente Bolivia tenga que importar gas licuado de petróleo, y en 2028, el gas natural.
En tanto, Gonzalo Colque de la Fundación TIERRA esquematizó la situación compleja de la importación de diésel y gasolina y advirtió que la solución planteada en términos de fomentar la producción de biocombustibles no es viable en el corto plazo, ya que plantea problemas ambientales y económicos adicionales. En ese contexto precisó que en 2017 importábamos el 22% de la gasolina y en 2024 las importaciones llegaron a 56% y se prevé que la cifra vaya en aumento, aún en el mejor de los escenarios que se puedan visibilizar a futuro.
En el mismo panel, Gustavo Rivadeneira expresidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado mencionó que su sector consume entre el 35 y el 40% del diésel que consumimos. El restante 65% lo consume la agricultura, la minería, la construcción y se va a al contrabando.
“Fue otro baño de realidad escuchar a don Gustavo Rivadineira (…). Si nos ponemos en los zapatos de un transportista, que son decenas de miles de trabajadores y de pequeños o medianos empresarios, tenemos un montón de dificultades y de pérdidas. Por ejemplo, decía cada vez perdemos porque nos multan, porque llegamos tarde con la carga, perdemos contratos de transporte. Yo creo que fue muy interesante también escuchar la visión de este sector”, afirmó Cossío.
Crisis Ambiental: destrucción de ecosistemas y deforestación sin precedentes
La crisis ambiental fue otro de los temas centrales abordados. Marco Octavio Rivera, de la Asociación Sabia, presentó un diagnóstico alarmante sobre la devastación de los ecosistemas, de la contaminación ambiental, la contaminación de las aguas, del aire, lo que lleva gestándose 20 años, y aun con reacción inmediata, algunas consecuencias serán irreversibles.
A su turno, el director de la Fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero puso en relieve la gravedad del cambio climático, los incendios y la deforestación en Bolivia, mencionando que, además de sufrir los efectos del cambio climático, el país también contribuye activamente a este problema. Bolivia se ha convertido en el tercer país con mayor deforestación de bosque primario a nivel mundial, una realidad alarmante que implica la pérdida de millones de hectáreas de bosque.
Por su lado, Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), enfatizó las consecuencias de la crisis ambiental desde una perspectiva indígena, señalando que la fragilidad de los pueblos indígenas ante la degradación del ambiente es especialmente alta. Subrayó que el deterioro ambiental afecta directamente el hábitat, las fuentes de alimentación y los medios de vida de las comunidades indígenas, dado que dependen de los ecosistemas para subsistir.
Vargas también destacó la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la crisis ambiental y llamó la atención sobre la necesidad de políticas de protección que prioricen la conservación de sus territorios y derechos sobre sus recursos naturales.
Las causas de esta crisis ambiental, según el análisis de los panelistas, incluyen la expansión del monocultivo, la tala indiscriminada y la falta de políticas de conservación adecuadas. El deterioro del medio ambiente tiene efectos directos en las comunidades indígenas, cuyas tierras y fuentes de vida se ven cada vez más amenazadas por la explotación y contaminación de sus ecosistemas. Rivera llamó a fortalecer las instituciones encargadas de la gestión ambiental y de áreas protegidas, las cuales actualmente carecen de personal y recursos suficientes para enfrentar estos desafíos.
Un pacto social como salida de la crisis
Para Cossío, la única vía para salir de esta crisis es la construcción de un nuevo pacto social que involucre a todos los sectores de la sociedad. "No existe la posibilidad de salir de esto mirando mal los unos a los otros por más enormes diferencias que existen”, afirmó. El foro coincidió en la urgencia de impulsar políticas públicas efectivas, que no se limitan a intereses sectoriales o políticos, sino que busquen un desarrollo equitativo y sostenible para el país.
El economista enfatizó que este pacto social debe también contemplar la reforma de las políticas públicas, que actualmente se han visto influenciadas por sectores políticos y económicos específicos. "La política pública debe partir de un pacto social y no de intereses políticos sectoriales", finalizó.