La agroindustria o la pequeña producción familiar ¿Quién nos alimenta?

¿Cuál es el origen de los alimentos que consumimos los bolivianos? Mientras algunos estudios campesinistas afirman que la agricultura familiar provee casi todos los alimentos de la canasta básica, la agroindustria cruceña alega que aporta más del 70% de alimentos. Ambas afirmaciones se contradicen, además de que resultan contraproducentes a la hora de buscar transformaciones profundas del sistema agroalimentario vigente.

maiz 2021

Recientes investigaciones procampesinistas de alta relevancia (Czaplicki, 2021, Tito y Wanderley, 2021), plantean que el 98% de los alimentos de la canasta básica de los bolivianos proviene de la agricultura familiar campesina e indígena. Es decir, que nuestra dieta cotidiana está basada casi en su totalidad en alimentos tradicionales, locales y diversificados. Estos datos, en otras palabras, nos proponen que actualmente el régimen agroalimentario del país es controlado por la pequeña producción familiar casi al 100%.   

Por su parte, los representantes del sector agroindustrial cruceño pregonan que en realidad el departamento de Santa Cruz es el que alimenta al país, que, gracias a sus extensas tierras tropicales y fértiles, produce el 75% de los alimentos que llegan a la mesa de los bolivianos (Informe Especial, 2021). En otras palabras, insinúan que de cada de diez alimentos que consumimos, siete provienen de la agricultura mecanizada y a gran escala, especializada mayormente en granos y carnes.  

Ambas afirmaciones se contradicen. Con el afán de mostrar el predominio de un modelo alimentario, cada uno presentan datos y mediciones propias. Sabemos que la agricultura familiar, a pesar de la emergencia de programas y políticas agrícolas progresistas a su favor, se sostiene en condiciones precarias, cuyo aporte a la seguridad alimentaria es cada vez más marginal (Colque, Urioste y Eyzaguirre, 2015); y por su parte, el avance de la agroindustria boliviana, como han reiterado los estudios especializados (McKay, 2018, Castañón, 2017, Catacora, 2007), no necesariamente responde a la seguridad alimentaria del país, sino y, sobre todo, existe en tanto hay un mercado global de materias primas agrícolas. Entonces nuestro régimen agroalimentario es mucho más complejo de lo que podríamos pensar.

Con estas constataciones y reflexiones en mente, se me ocurrió que podría ser interesante cuestionar estos planteamientos recurriendo a lo que se puede observar en mi cotidianidad inmediata. Por esta razón hice dos breves ejercicios de observación de lo que comemos día a día: Por un lado, tuve la oportunidad de visitar la despensa de una familia rural promedio del altiplano y registrar su contenido. Asimismo, me puse a hacer un recuento de todos alimentos del menú semanal de un restaurant popular de la urbe paceña. En ambos casos se han clasificado los alimentos según su origen, sea campesino o empresarial o bien importado. Esta ejercicio, sin lugar a dudas, está al margen de cuestiones metodológicas inherentes a una investigación, pero no por eso deja de ser interesante porque puede aportar pautas para el debate.

 Mi primera anotación es que, sin entrar en mayores detalles sobre la cantidad, valor y frecuencia de consumo, de la lista de los veinte alimentos más comunes entre ambas situaciones observadas, donde se destacan alimentos como papa, arroz, fideo, aceite, carne, verduras, cebolla, aproximadamente la mitad proviene de la agroindustria y la otra de la agricultura campesina. Vale decir que como es de esperarse, hay una coexistencia de alimentos de ambos orígenes y esto se ve tanto en la despensa familiar rural como en el menú del restaurant popular. También fue muy evidente que la familia campesina consuma alimentos comprados de la agroindustria, como arroz, fideo, pollo y gaseosas. En realidad, esta observación ya fue esbozada décadas atrás, cuando las interpretaciones más radicales sentenciaron que el 80% de lo que comen las familias campesinas provenía de la agroindustria (Urioste, 2015).        

Si revisamos información complementaria, esta tendencia de consumo de alimentos procesados agroindustrialmente coincide con las altas tasas de crecimiento en la venta de alimentos ultraprocesados en países de América Latina, donde Bolivia ocupa el segundo lugar con 130%[1] (OMS, 2015) y la presencia de los problemas de sobrealimentación. No olvidemos que el 63% de la población boliviana sufre sobrepeso y obesidad (INE, 2017), teniendo una incidencia alarmante en el área rural y en los niños. Esta realidad no es más que el reflejo del consumo masivo de altas dosis de azúcares, sal, aceite, conservantes, edulcorantes, saborizantes y colorantes artificiales. Es que, finalmente, somos lo que comemos, como dice una frase popular.

Siguiendo con el ejercicio planteado, una segunda observación que me parece relevante gira en torno al consumo de alimentos de base campesina procedentes de países vecinos como Perú. El restaurant popular que tuve la oportunidad de visitar es en donde cobran mayor visibilidad alimentos de origen extranjero como papa, ají, cebolla, tomate, ajo. Las comideras me contaron que el abaratamiento de precios no es el único factor por el que compran estos productos, que por cierto no necesariamente suelen ser más económicos comparados con los alimentos locales, sino por la facilidad de manipulación y la calidad, como en el caso de la papa y la cebolla.

Al respecto abundan publicaciones periodísticas e investigaciones en las que nos muestran el crecimiento exponencial en valor y cantidad de importación de alimentos de base campesina (UDAPE 2014), (TIERRA, 2020). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019), entre los años 2000 y 2016 la importación de papa y tomate tuvo un incremento inusitado de alrededor de 400% y 500% respectivamente. El otro alimento que igual disparo sus cifras es la cebolla, con un 1.500%. Está por demás decir que el tema es bastante complejo porque apremia el contrabando y la informalidad; además, a la hora de comercializar, muchos alimentos importados son encubiertos como nacionales o viceversa.

Por último, mi tercera observación nace de la pregunta ¿Cuánto de lo que gastamos en la comida va a la agricultura familiar y a la agroindustria? Me parece que el mayor gasto recae en los productos de origen agroempresarial y esta afirmación es válida para el restaurant popular y la despensa familiar donde pude listar los alimentos consumidos. Se que es una estimación muy ligera, pero algunos estudios refuerzan en parte esta mirada. Tito y Wanderley (2021), en base a la Encuesta de Presupuestos Familiares, estiman la estructura del gasto familiar en los alimentos durante la gestión 2015-2016, en la que los mayores gastos familiares radican en carnes y pan/cereales, con 29% y 23%, respectivamente. Los gastos en frutas y verduras ocupan el 23%. Y el restante 25% de los gastos recae en aceites, azúcares, leche, huevos, etc. Al margen de estos datos, éste es un tema que requeriría investigaciones en profundidad.

Con todas estas consideraciones a partir de este breve sondeo, es evidente que la dieta de los bolivianos no se sustenta exclusivamente en la economía campesina ni en la producción agroindustrial. Sin importar mucho donde vivimos (campo o ciudad), en nuestra dieta hay una coexistencia entre alimentos de base campesina y de alimentos procesados agroindustrialmente. Basta con mirar nuestro plato de cada día.  Sin embargo, es importante estar alerta de lo que ya bibliografía complementaria nos anuncia dramáticamente: nos estamos inundando de alimentos de contrabando y productos sobreprocesados y trasnacionales; y la agricultura familiar nacional tiene cada vez menos capacidad de alimentarnos.

Si aspiramos a avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y justos, es necesario partir cuestionando nuestro imaginario colectivo desde una perspectiva crítica y desmontar espejismos. Es urgente la reforma de nuestro sistema alimentario, y esto debería pasar por preguntarnos si es posible una convivencia “armónica” o complementaria entre los modelos agroalimentarios que hemos ido abrazando. No podemos negar la importancia de la agricultura familiar campesina e indígena para la seguridad alimentaria porque es el sector agrícola que aún lucha desde la producción de alimentos sanos, pero tampoco podemos negar el creciente poder de las nacionales y transnacionales de la agroindustria a pesar de sus enormes costos ambientales.

Bibliografía

Castañón, E. (2016). Las empresas transnacionales en el agronegocio soyero boliviano y su relación con los pequeños productores campesinos. La Paz: TIERRA

Catacora-Vargas, G. (2007). Soya en Bolivia: Producción de oleaginosas y dependencia En “Repúblicas Unidas de la Soja. Realidades de la producción de soya en América del Sur”, J. Rulli (Ed.). Asunción, GRR. Pg. 235 – 251.

Colque, G., Urioste, M. y Eyzaguirre, J. L. (2015). Marginalización de la agricultura campesina e indígena: Dinámicas locales, seguridad y soberanía alimentaria. La Paz: TIERRA.

Czaplicki, S. (2021) Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: caracterización, contribución e implicaciones. La Paz: CIPCA.

Fundación TIERRA (2020) Efectos de la sobre la producción importación de alimentos campesina-indígena. La Paz.

INE (2017) Encuesta de Demografía y Salud 2016. La Paz: INE.

Informe Especial (2021) Santa Cruz produce 75% de alimentos que llegan a la mesa de los bolivianos. Presentado por UNITEL Disponible en: https://bit.ly/3n4qpOW

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2019). Estadísticas de Comercio Exterior 2019. La Paz: INE.

OMS (2015). Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Wasington: OPS.

Tito, C. y Wanderley, F. (2021). Contribución de la agricultura familiar campesina indígena a la producción y consumo de alimentos en Bolivia. La Paz: CIPCA.

Urioste M. (2015) La cuestión de quién suministra alimentos en Bolivia En Memoria del Seminario Recientes transformaciones agrarias en Bolivia.  La Paz: TIERRA. Pg. 101-105.

 

[1] Los otros dos países con un mayor crecimiento de venta de productos procesados son Uruguay (146,4%) y Perú (107%).

* Investigadora socióloga