Al no prosperar las acciones legales, los menonitas de Valle Verde tramitaron con éxito su conversión a “comunidad campesina”, para así forzar la titulación a su favor de más de siete mil hectáreas de tierras fiscales.
Mucha tinta corrió sobre el intento del INRA, hasta ahora fallido, de desalojar a la fuerza a los menonitas de Valle Verde que controlan ilegalmente dos mil hectáreas de tierra fiscal en el municipio de San José de Chiquitos. Ilegalmente a medias porque ellos alegan que compraron esas tierras de buena fe a un supuesto propietario; es decir, a uno de los tantos traficantes de tierras. Ilegalmente a medias porque desmontaron miles de hectáreas sin derecho propietario desde el 2010, pero con autorizaciones otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Esta última revelación obligó a la ABT a salir al paso para decir que, al haber constatado irregularidades, anuló 98 permisos de desmontes, además de asegurar que llevaría a la justicia a sus funcionarios corruptos.
Pero poco se ha dicho sobre las otras siete mil hectáreas que ocupan los mismos menonitas. En realidad, las dos mil hectáreas representan una zona de ampliación menor. Las autoridades del INRA pidieron que retrocedan y se replieguen a su asentamiento mayor, deslizando de por medio la noticia de que este último estaría legalizado como propiedad menonita y no como tierra fiscal. Esta insinuación de las autoridades tomó fuerza con los comunicados escritos que solamente se refieren a la zona de ampliación. ¿Acaso el INRA ya tituló esas siete mil hectáreas o está a punto de hacerlo a favor de la colonia menonita Valle Verde?
Es probable que la respuesta sea afirmativa debido a que el último intento menonita ha sido convertirse en una “comunidad campesina”, para así forzar la titulación legal de esas tierras. Veamos en detalle.
Primero, los menonitas no avasallaron esas tierras empleando fuerza y violencia, sino que las compraron a personas particulares. Según los expedientes agrarios, los menonitas de Valle Verde negociaron con Renán Escalante hacia el año 2009, quien se declaró propietario de los predios “Piococa” y “Saosal” con base en documentos extendidos por el extinto Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Está por demás decir que estos títulos agrarios y todos los anteriores a la Ley INRA de 1996 están sujetos a revisión jurídica por estar viciados de nulidad en la gran mayoría de los casos. El CNRA fue intervenido en 1991, precisamente, porque se convirtió en un nido de corruptos y traficantes de tierras y su sucesor —el INRA— recibió el mandato de ordenar, sanear y limpiar el catastro rural. En estas circunstancias, los menonitas compraron esas tierras con papeles ‘chutos’ y a sabiendas de que podrían ser revertidas al Estado como tierras fiscales. No compraron propiedades trabajadas o con inversiones agrícolas, sino una extensa zona de bosques sin intervención humana (véase mapa).
Segundo, hacia el año 2012, la colonia menonita en cuestión tramitó y obtuvo, seguramente para su propia sorpresa, la personería jurídica como “comunidad campesina Valle Verde”. Varios son los implicados de este hecho irregular: el alcalde y los concejales del municipio de San José de Chiquitos que firmaron la ordenanza municipal de reconocimiento, el subgobernador de la Provincia Chiquitos de la gestión 2012 y muchos otros. También los seguidores de Menno Simons se afiliaron y fueron reconocidos sin mayor objeción por la “Central Campesina de San José”. De este modo, esta colonia y varias otras forman actualmente parte de la Federación Única de Trabajadores Campesinos “Apiaguaiki Tumpa” de Santa Cruz.
La conversión a comunidad campesina ha sido una estrategia ideada para superar con éxito el saneamiento técnico y jurídico del INRA. Las comunidades gozan de derechos colectivos en calidad de pueblos originarios, por lo que pueden declararse simples ‘poseedores’ de tierras y les basta justificar el cumplimiento de la ‘función social’ demostrando que viven en el lugar. En contraste, las propiedades empresariales tienen que exhibir sus antecedentes agrarios para demostrar que la propiedad tiene un origen lícito, además de cumplir la ‘función económico social’ (FES).
Tercero, entre 2012 y 2014, el INRA rechazó la pretensión de los menonitas. El instituto agrario tuvo sus momentos de rectitud y acierto. La colonia Valle Verde no fue admitida en el trámite como una comunidad campesina, sino como un predio individual de gran tamaño. Determinó que se trataba de una posesión ilegal y un asentamiento posterior a la Ley INRA de 1996 con tan solo 12 hectáreas trabajadas de las 7.000. Al mismo tiempo, el título agrario del predio “Saosal” de 1991 fue anulado por haber sido emitido por Miguel Hurtado, quien se demostró que en esa época fungía como juez agrario sin serlo. Hurtado es el mismo que firmó títulos agrarios a favor del predio “Tierras Bajas del Norte” de más de 20 mil hectáreas que hoy detenta la familia Marinkovic. Con todos estos antecedentes, el instituto agrario decidió declarar el predio ocupado por los menonitas como tierra fiscal.
Cuarto, el 2014, los menonitas no se resignaron y mediante su representante, Peter Friesen, pidieron justicia ante el Tribunal Agroambiental. Demandaron al INRA ante los magistrados Soto, Armijo y Paucara, de la sala primera; arguyendo que había cometido una serie de irregularidades e ilegalidades. Acusaron al instituto agrario de haber “violado sus derechos fundamentales y sociales” al desconocer su cualidad de “comunidad campesina” con derecho colectivo a la tierra, reconocido y protegido por la Constitución. También exigieron que los magistrados rechacen la verificación de la FES y obliguen al INRA a evaluar solamente el cumplimiento de la ‘función social’. En otras palabras, los menonitas campesinizados exigieron ser tratados como una “comunidad campesina”.
Quinto, en mayo de 2015 el Tribunal Agroambiental emitió su fallo, dando razón a la colonia Valle Verde y ordenando que el INRA reinicie su trabajo a partir de la “clasificación correcta del predio de la Comunidad Campesina demandante”. El voto disidente de Paty Yola Paucara no intimidó esta insólita decisión de los otros dos magistrados. Los justificativos consignados en la sentencia agroambiental 35/2015 giran en torno a que los menonitas son una “colectividad humana” con características de propiedad comunaria, que su personalidad jurídica como comunidad campesina se encuentra en trámite ante la Gobernación de Santa Cruz y que están reconocidos por la Central Campesina de San José.
No es la primera vez que los menonitas se disfrazan de campesinos con raíces precoloniales. La Colonia Fresnillo también acudió al Tribunal Agroambiental para intentar beneficiarse con un fallo similar al de Valle Verde. En el afán de consolidar más de 15 mil hectáreas en el municipio de Pailón, entre los años 2016 y 2018, exigieron su admisión en el trámite del INRA como una comunidad campesina. Pero no tuvieron suerte. Los magistrados Terceros y Vásquez fallaron en contra, apoyados en una extensa interpretación de la Constitución. En esencia, solamente las “naciones y pueblos indígena originario campesinos” pueden ejercer los derechos colectivos en razón de su origen o existencia anterior a la colonia española y al Estado boliviano. Esta clarificación de cuáles son comunidades campesinas y cuáles no, tiene repercusiones concretas. Por ejemplo, la dotación gratuita de tierras fiscales es un derecho exclusivo y comunitario.
Mientras el INRA se vio obligado por el fallo agroambiental de 2015 a reconducir el proceso de saneamiento de Valle Verde, los menonitas no pararon de desmontar —ahora sabemos que lo hacían con autorizaciones y pleno conocimiento de la ABT— y convertir miles de hectáreas de bosques en tierras agrícolas. No sabemos en qué términos el INRA retomó su trabajo, pero no existen señales de que haya cuestionado el fallo agroambiental, por ejemplo, acudiendo ante el Tribunal Constitucional.
En definitiva, si bien los menonitas de Valle Verde compraron esas tierras y hasta podrían declararse como poseedores de buena fe o nadie niega que sean trabajadores sacrificados del agro, estaban y están al tanto de que compraron tierras con papeles ‘chutos’ o fraudulentos. En el afán de ocultar este origen ilegal de su posesión, rompieron otras normativas al declararse como comunidad campesina y llevar al INRA ante los tribunales. Las autorizaciones de desmontes tampoco les eximen de probables violaciones del marco normativo al haber justificado su derecho propietario sin poseer títulos agrarios. Actuaron en complicidad con varias autoridades y funcionarios públicos.
Por todo esto, la titulación de la “comunidad campesina Valle Verde” no tendría un asidero lógico, ni pies ni cabeza; pero es factible si se imponen las torcidas interpretaciones de la ley.
* El autor es investigador de la Fundación TIERRA.