Mientras el mundo se pone nervioso ante una probable crisis alimentaria, en Bolivia reina una relativa tranquilidad. Hasta ahora, solo hemos visto amagues de protesta de algunos panificadores, avicultores y azucareros ¿Acaso estamos blindados o estamos ante la calma que precede a la tormenta?
La guerra en Ucrania sigue provocando alarmantes subidas de los precios mundiales de trigo, maíz, soya, carne, petróleo y otros que afectan el costo de vida. El precio del trigo está a punto de duplicarse con respecto al año anterior y la FAO acaba de reportar un “salto gigante” e histórico en el índice de precios. Algunos productos se encarecieron antes de la guerra debido a sequías, malas cosechas y precios elevados de los combustibles fósiles. Desde el 2021, la tonelada de soya no baja de 600 dólares y el petróleo se cotiza por encima de 100 dólares el barril.
Parecía una crisis pasajera, pero la agitación persiste. Los fertilizantes batieron records al superar los 1.200 dólares la tonelada, más de treinta gobiernos ya adoptaron nuevas restricciones a la exportación de alimentos y las primeras protestas sociales se produjeron en países como Sri Lanka, Pakistán y Perú. Entonces, tiene sentido preguntarnos, ¿podremos en Bolivia afrontar una crisis alimentaria sostenida?
Hasta ahora, Bolivia luce algo ajena a la agitación global. Los mercados se mantienen más o menos estables, relativamente abastecidos y estamos a punto de cumplir dos décadas de congelamiento de los precios de combustibles (2003-2021). El gobierno nacional se limitó a tomar dos medidas de menor importancia. Por un lado, prometió de palabra a los panificadores a seguir subvencionando la importación de la harina de trigo y, por otro lado, aprobó el Decreto Supremo Nº 4680 para restringir la exportación de azúcar, maíz y sorgo. Este decreto tiene sus días contados debido a que el gobierno se comprometió a anular para evitar el “tractorazo” de los cañeros de Santa Cruz.
Como es evidente, mantener la calma depende en gran medida de fondos públicos necesarios para subvencionar las importaciones de gasolina, diésel, trigo, insumos agrícolas y otros. Los recursos que se requieren para estas importaciones son cercanos a los recursos obtenidos por la exportación del gas. El 2021, el gobierno nacional importó diésel por 1.500 millones de dólares y gasolina por 620 millones, sumando 2.120 millones, cifra que casi iguala los 2.233 millones recibidos por la exportación de gas en el mismo periodo. La importación de trigo y derivados gira en torno a 100 millones de dólares anuales. Ante estos flujos casi insostenibles, el gobierno hace malabarismos económicos cada año.
El gobierno de Arce está decidido a mantener las subvenciones y evitar el descongelamiento de los precios internos. La muletilla oficialista es que las subvenciones, al igual que otras promesas políticas, están “garantizadas”. Es una postura económicamente imprudente y motivada por cálculos político-partidarios, por supuesto. Dos años después de la crisis alimentaria global de 2008-2009, Evo Morales casi perdió el poder, cuando las protestas sociales cercaron la Plaza Murillo y obligaron a anular los decretos del “gasolinazo” lanzado en vísperas de navidad de 2010 y que apenas duraron siete días.
Un factor externo que sostiene al abastecimiento de alimentos a precios bajos es el contrabando y la devaluación monetaria de los países vecinos. En buena medida, el mercado nacional está aprovisionado por harina argentina, maíz, conservas, cerveza, incluso carne argentina de contrabando. Desde Perú ingresan la papa, cebolla, frutas, hortalizas y otros productos de origen campesino, todos a precios imbatibles. Es decir, somos beneficiarios accidentales y temporales de desempeños económicos que no controlamos y, lo más preocupante, el contrabando desmantela lenta y sistemáticamente el ya estropeado aparato productivo nacional.
En estas circunstancias, la “garantía” gubernamental depende de más gasto público para subvenciones y más contrabando. Todo indica que este último declinará con el alza de los precios internacionales, lo que a su vez aumentará la presión sobre los fondos públicos. La pregunta es si una crisis alimentaria puede generar ingresos para países como Bolivia. Al final de cuentas, se dice que toda crisis representa una oportunidad.
Una oportunidad está en vender alimentos al mundo. Aunque parezca inverosímil para muchos, en el ámbito internacional Bolivia está catalogado como un país agro-exportador neto. Es decir, si se mantienen los altos precios agrícolas y la demanda sigue en alza, la crisis debería traducirse en una mayor inyección de dólares a la economía boliviana. En nuestro caso, se supone que la soya, que acapara el 70% de las tierras cultivadas de todo el país debería convertirse en el aliado estratégico para sostener las subvenciones. El peso de este cultivo es tal que, si excluimos de la balanza de cálculos, Bolivia pasaría a ser un importador neto.
Pero sucede que la soya, en general, todos los grandes y medianos agropecuarios, están fuera o casi fuera del sistema de recaudaciones tributarias. Los soyeros pagan un impuesto menos que simbólico, de unos siete dólares anuales por hectárea en el marco del régimen agrario unificado (RAU). El monto recaudado por este concepto sumó 3,8 millones de dólares para el año 2020, lo que representa menos del 1% del total de recaudaciones tributarias. También están liberados de gravámenes arancelarios a la hora de exportar. El gobierno infla la burocracia estatal con funcionarios públicos dedicados a devolver los aranceles mediante la emisión de certificados de devolución impositiva. Entre las empresas exportadoras que no pagan aranceles están todas las transnacionales del sector agrícola y sus socios nacionales como ADM-SAO, Cargill Bolivia, Gravetal, Industrias de Aceites (Fino), Bayer y otros. También tienen el privilegio de no pagar aranceles por la importación de maquinarias agrícolas e insumos agrícolas. El resultado es obvio: raquíticas contribuciones en impuestos y aranceles.
En definitiva, los agroexportadores lucrarán más, pero no alivianarán la pesada carga de las subvenciones, por lo que el gobierno nacional tendrá que echar mano a los ahorros y endeudarse más. Por supuesto que las posibilidades no son infinitas. También el impuesto directo a los hidrocarburos podría generar fondos adicionales por el efecto positivo de los precios altos del petróleo en la exportación gasífera. Sin embargo, el problema es que Bolivia no está en condiciones de aumentar los volúmenes de producción y exportación.
Siendo realistas y sin elucubraciones ociosas, podemos pensar en un par de escenarios futuros. Uno donde los precios varían o se descongelan y otro de preservación del estado paralítico. En el primer escenario, las consecuencias serían inmediatas debido a la alta volatilidad de las protestas sociales y a la fragilidad de la estabilidad política. Para la mayoría de los bolivianos, lo más grave no sería la crisis alimentaria, sino el alza generalizado del costo de vida. El desabastecimiento especulativo de los mercados de alimentos sería inevitable, pero temporal. Cuando los precios suban, los agroindustriales seguirán haciendo negocios en el mercado interno. El encarecimiento de los alimentos sería definitivamente uno de los problemas, pero no el único ni el más grave. La gran mayoría tendría serias dificultades para pagar los servicios básicos, los gastos de vivienda, educación, transporte, entre otros.
El segundo escenario parece más conveniente, pero tiene efectos perversos. Sostener las subvenciones con los ingresos fiscales actuales, los ahorros y los ingresos futuros vía endeudamiento, aumenta la probabilidad de una crisis económica de tipo estructural. Cuando la quiebra estatal sea un hecho, lo usual es que el rescate financiero sea pagado por la gente de a pie que perderá sus ahorros, bienes y fuentes de ingresos. El no perturbar la actual distribución (distorsionada) de las subvenciones, también significa preservar los privilegios de unos pocos, lo cual va de la mano con la preferencia de los políticos de evitar la fatiga e incomodidades.
En cualquier caso, una severa crisis alimentaria global o la persistencia de los altos precios de alimentos y petróleo, provocará algo peor que pasar hambre: alza del costo de vida o crisis económica. Hasta donde pueda, el gobierno nacional seguirá afrontando la crisis haciendo lo más fácil; es decir, importar petróleo y trigo a precios altos y vender a precios bajos, y endeudarse en lugar de reformar el sistema tributario. En definitiva, el problema de fondo que tenemos es hacer de la renta extractivista un gasto no-productivo, en lugar de cambiar de forma consistente la orientación de la matriz productiva.
*Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.