Si hay un sector rural que mejor ha capitalizado los mandatos de la Reforma Agraria de 1953 hasta el día de hoy son los campesinos interculturales. Sin una agenda formal de lucha campesina, silenciosamente han tomado tierras a su favor. Sus acciones recientes, sin embargo, denotan un aire reaccionario.
Después de casi 70 años de la Reforma Agraria de 1953, las masivas luchas campesinas e indígenas por la tierra y territorio entraron en declive de manera abrupta. A pesar de continuar las desigualdades en torno a la tenencia de la tierra y la minifundizacion de la agricultura familiar, los principales movimientos campesinos como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que en otrora fueron bastiones de los cambios agrarios, están en letargo y la demanda de una reforma agraria integral no es parte de su agenda.
Empero, hay un sector de origen rural y popular en permanente movilización y reinversión que ha trascendido a lo largo de las décadas sin abandonar la reivindicación por el acceso a la tierra, por los sectores rurales desfavorecidos: los campesinos colonizadores, hoy llamados “interculturales”. En las últimas dos décadas, la nueva generación de campesinos interculturales, sin voces retumbantes ni manifestaciones visibles articuladas en torno a un gran movimiento social y político, de manera silenciosa han expandido los asentamientos campesinos a nuevas zonas, particularmente a la frontera agrícola en el oriente del país. Digamos que, de manera similar al movimiento campesino brasilero de los sin tierra, mediante la acción directa, se apropiaron de tierras fiscales. La escasa información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (2022) da a entender que alrededor de 2 millones de tierras fiscales fueron entregadas a este sector en los últimos años.
La campesinización de la mano de los interculturales, paradójicamente, encierra una contracara marcada por el tráfico de tierras, avasallamiento de tierras indígenas, distorsión política de los mandatos legales, con implicaciones serias como la vulneración de derechos indígenas y el deterioro ambiental, sobre lo cual mucha tinta se podría verter y merecen una lectura cuidadosa. En este texto breve nos limitaremos a rastrear las bases históricas de los campesinos interculturales en la Reforma Agraria de 1953 y, sobre todo, a identificar los factores que repercutieron en su pervivencia hasta hoy como actores sociales en permanente lucha por conectarse a la tierra.
Iniciemos exponiendo que la expansión efervescente de los campesinos interculturales no es un hecho accidental, sino un legado histórico de la Reforma Agraria de 1953. Un mandato de esa ley era promover la colonización de las tierras bajas mediante el traslado de campesinos pobres de las tierras altas. En el fondo, no era una apuesta por el empoderamiento campesino, sino de creación de una fuerza laboral campesina para el desarrollo agroindustrial del oriente. Miles de campesinos quechuas y aymaras no dudaron en abandonar sus comunidades de origen, a cambio de recibir nuevas tierras de hasta 50 hectáreas de superficie por familia.
Los programas de colonización, en menos de dos décadas, fueron abandonados y su principal brazo operativo, el Instituto Nacional de Colonización, fue paralizado por varios hechos irregulares. A pesar de ello, los campesinos andinos continuaron con la marcha al oriente, desafiando los alcances de la ley para establecer pequeñas comunidades o colonias campesinas. Algunas referencias, aunque algo dispersas, dan cuenta de la dimensión migratoria: entre 1950 a 1992 la colonización dirigida por el Estado resultó en la distribución de 1 millón de hectáreas a más de 33 mil beneficiarios (Galoppo, 2003); mientras que en el periodo 1950-1970, la colonización espontanea llegó a duplicar estos montos, ocupando, aproximadamente, entre 3 a 5 millones de hectáreas en favor de más 80 mil familias (Zamora, 2003). Este movimiento migratorio dio origen a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y expandió la presencia “colla” en Caranavi, Alto Beni, Chapare, San Julián, Cuatro Cañadas, entre otras zonas.
En el periodo reciente, desde la vigencia de la Ley INRA (1715) de 1996, los campesinos interculturales tuvieron que adaptarse a los cambios normativos debido a la sustitución de la distribución gratuita de tierras fiscales de manera individual por dotación colectiva de tierras. En los hechos, esta disposición no era un limitante para la expansión “colla”, sino que incentivó la organización y formación de nuevas comunidades articuladas en centrales y subcentrales agrarias. Algunas estimaciones ambiciosas indican que, durante la década de los 1990, la migración rural-rural alcanzó a 100 mil familias, que se habrían desplazado como nuevos colonizadores a oriente y la amazonia (Cordero, 2003).
En 2006, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (3545), modificatoria de la Ley INRA, estableció los grados de preferencia de los tipos de beneficiarios a las tierras fiscales, dejando una puerta abierta para el acceso a tierras para los campesinos interculturales.
En esta etapa, los interculturales establecen un relacionamiento directo con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). El Gobierno, sin activar un programa de asentamiento humano y sin una política específica de dotación de tierras fiscales, selecciona a los beneficiarios por razones políticas y no según necesidades de dotación de tierras. La migración deja de ser rural-rural, emergen actores “urbanos” y “ficticios”; y las zonas de colonización se extienden hacia nuevas zonas como la Chiquitania. Hasta ahora no hay información actualizada y detallada de los beneficiarios. Un reporte del INRA de 2017 indica que durante el periodo 2006 a 2016, casi el 90% de los beneficiarios de la dotación de tierras fiscales fueron los afiliados a la CSUTCB y CSCIB.
Además, en este periodo, los campesinos interculturales comienzan a jugar un rol social y político más allá del acceso a la tierra. Por un lado, buscan visibilidad social como un nuevo sector rural, marcando distancia frente a los indígenas y los campesinos andinos tradicionales; y adoptan un nuevo denominativo: interculturales, en alusión a la diversidad del origen étnico de los miembros de las comunidades. Por otro lado, políticamente, toman control de las instituciones agrarias, aunque no salen airosos del todo porque en cuestión de meses dos viceministros de tierras de sector intercultural fueron destituidos por irregularidades y corrupción en torno a la tierra.
Un último factor que caracteriza a los campesinos interculturales son las tomas y ocupaciones directas de las tierras. Su estrategia de asentamiento directo les otorgó un control efectivo de modo que las leyes agrarias terminaron prácticamente convertidos en una mera formalidad sobre un hecho consumado. En las últimas décadas su ocupación directa fue mucho más efectiva, en parte, porque tienen acceso a información privilegiada sobre la ubicación y disponibilidad de las tierras, a través de los dirigentes con llegada a los círculos de poder político, lo que muchas veces se tradujo en avasallamientos de bosques, áreas protegidas y territorios indígenas supuestamente baldías. Ahora que hay pocas tierras fiscales disponibles y los enfrentamientos se intensifican, pareciera que las tomas son insuficientes, por lo que los campesinos interculturales comienzan a amenazar con bloqueos e incluso con utilizar la fuerza. Recientemente uno de los representantes no dudó en advertir que “si el Gobierno no actúa habrá una matanza en Las Londras” (El Deber, 2022).
La confluencia de la primera, segunda y tercera ola de migración campesina está dando lugar a la emergencia de un sector rural con imbricaciones sociales complejas que van más allá de la CSCIB y la capa dirigencial acusada de avasallamientos y tráfico de tierras. La lucha por la tierra de los campesinos interculturales –que hay que diferenciar de los traficantes de tierras y avasalladores- ha configurado la cuestión agraria boliviana desde el espíritu de las reformas agrarias redistributivas. Además, en un escenario marcado por el agotamiento de las fuerzas campesinas insurgentes, su acción directa ha equilibrado las relaciones de poder frente al predominio del agronegocio.
Sin embargo, también existen hilos rojos que alertan que los campesinos interculturales deben reconducir sus objetivos de lucha. Hoy en el siglo XXI, las tomas y ocupaciones de tierras no tienen sentido sin la reafirmación del carácter de resistencia frente al agrocapitalismo. Los campesinos interculturales están obligados a ofrecer alternativas desde abajo y, para ello, preguntarse: ¿proponen un modelo de agricultura diferente al existente o son actores utilitarios al modelo agroextractivista?
Referencias:
El Deber (2022) Campesinos advierten que si el Gobierno no actúa habrá una matanza en Las Londras. Disponible en: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/campesinos-advierten-que-si-el-gobierno-no-actua-habra-una-matanza-en-las-londras_287622
Cordero, M (2003) Tierra y producción orgánica en Proceso agrario en Bolivia y América Latina. CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/cides/procesoagrario/procesoagrario.pdf
INRA (2022) Audiencia de Rendición Pública de Cuenta. Final 2021.
Zamora, E (2003) Tierra y Territorio y Políticas para la Tierra en Proceso agrario Bolivia y América Latina. CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/cides/procesoagrario/procesoagrario.pdf
Galoppo (2003) Resultados de los cambios introducidos por la Reforma Agraria en Proceso agrario en Bolivia y América Latina. CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/bolivia/cides/procesoagrario/procesoagrario.pdf
*Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA.