En los hechos, el 70% o más de los cultivos de maíz son genéticamente modificados.
A mediados del 2022, las cámaras de televisión y las redes mostraron decenas de camiones de carga bloqueados antes ingresar a los silos de acopio de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos estatal (EMAPA). Los camiones estaban repletos de maíz. Los bloqueadores aseguraron que se trataba de maíz transgénico que es ilegal en Bolivia. Para respaldar la denuncia, tomaron unos cuantos puñados de maíz, molieron, diluyeron en agua destilada y luego aplicar los kits de detección rápida, mostraron los resultados. Diez muestras, diez resultados positivos. Curiosamente o no, los denunciantes no eran activistas ambientalistas o movimientos anti-transgénicos, sino productores agropecuarios señalados por cultivar transgénicos.
Unas semanas después, la Aduana Nacional allanó unos galpones y silos en Cotoca, con apoyo de la fuerza policial, militares y fiscales. En conferencia de prensa, las autoridades informaron que encontraron más de 620 toneladas de maíz y soya transgénicos, y en 25 camiones de alto tonelaje procedieron a su decomiso. Según los afectados, el allanamiento gubernamental no fue más que una represalia, un acto de revanchismo en contra de los productores que expusieron ante la población las ilegalidades de EMAPA.
Estos actos son parte de un problema más complejo. Casi toda la producción de maíz amarrillo es transgénica, por lo tanto, ilegal. Pequeños y grandes agropecuarios cruceños admiten que los cultivos de maíz transgénico están por encima del 70% a 80% del total. Esto significa que Bolivia produce ilegalmente cerca de 380 mil toneladas por año. Las semillas no autorizadas se venden y se compran abiertamente. Las semillas Dekalb de Bayer o Agrisure Viptera de Syngenta están a la venta en bolsas de 17 y 40 kilogramos en la mayoría de las tiendas y puntos de distribución.
A diferencia de los agricultores, EMAPA niega esta realidad a pesar de estar involucrada de lleno en el negocio de maíz transgénico. Acopia y compra maíz a precios por encima del mercado (120 bolivianos el quintal) y vende a precios bajos a los avicultores y pecuarios (60 bolivianos el quintal), con el propósito de controlar los precios de los alimentos. Debido a que la demanda interna supera a la oferta, EMAPA importa maíz desde Argentina. Pero, como la importación de transgénicos no tiene autorización, la empresa estatal está acusada no solo de comercializar granos transgénicos, sino del delito de contrabando. Si no existiera la justicia corrupta que tenemos, los responsables estarían en la cárcel.
EMAPA tiene enemigos entre los maiceros porque al intervenir en el mercado a discreción, beneficia a unos y perjudica a otros. En los últimos meses está cuestionada por haber utilizado 4,7 millones de dólares de dinero público para sembrar 5.700 hectáreas de maíz en San Ignacio de Velasco y Guarayos de Santa Cruz. Las empresas Agrofarming Group SRL y Construcción Tejeser SRL fueron contratadas sin la obligatoriedad elemental de metas de producción y rendimientos mínimos. El costo por hectárea asciende a 834 dólares, lo que supera en 54% el costo de producción promedio del sector privado (520 dólares).
Una preocupación de los agrónomos es el aumento de las plagas debido al manejo sin control de las semillas transgénicas. Los agricultores al no sembrar maíz convencional en los llamados “refugios” provocan la proliferación de insectos resistentes, lo que reduce o incluso llega a anular la eficacia del maíz modificado (Bt) y otros cultivos transgénicos.
A estas alturas, eliminar la presencia del maíz transgénico es algo casi imposible. Los productores siembran, cosechan y comercializan sin restricciones ni sanciones y las autoridades llamadas a hacer cumplir la ley tienen las manos manchadas.