Los grandes soyeros y ganaderos cruceños se muestran como víctimas potenciales de los avasallamientos de tierras que sacuden estos días a Bolivia. En la práctica, el agropoder es parte de la larga lista de avasalladores que pretenden apropiarse ilegalmente de las tierras fiscales.
Dentro de la reemergencia de casos de avasallamiento de tierras en Santa Cruz, epicentro del agronegocio soyero, los voceros de la agroindustria como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) no han tardado en declararse públicamente en estado de emergencia. No solo muestran el rostro afable del agronegocio soyero y ganadero, si no que asumen una posición de víctima. Dentro de la conflictividad, según su narrativa, principalmente sus propiedades privadas estarían siendo afectadas por las tomas violentas. ¿Cuál es su propuesta? Que el Estado tome acciones drásticas que protejan el principio de la propiedad privada, un pedido no muy lejano a su vieja demanda referente a la seguridad jurídica a sus inversiones agrícolas.
Detrás del discurso agroempresarial se esconde una realidad parcializada que busca favorecer a los grupos de poder. Los voceros del agronegocio están legitimando en el imaginario colectivo, sin mayores cuestionamientos, una narrativa que reduce la conflictividad agraria al avasallamiento de la propiedad por parte de grupos vándalos (generalizados como campesinos, interculturales, masistas, migrantes del occidente) cuando en la práctica el agronegocio también es parte del problema. Es cierto que cada vez hay mayor presencia de grupos violentos que buscan apropiarse de tierra y no existe ningún argumento que pueda justificar ni defender las acciones de estos grupos, pero no podemos tampoco ocultar los múltiples matices que hay detrás de los actores en disputa por las tierras, donde el agronegocio tiene su responsabilidad.
Hay varios argumentos empíricos que ponen en cuestión la narrativa agroempresarial. Un primer elemento es entender que los avasallamientos no se reducen a tierras de propiedad privada. Los reportes iniciales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) indican que de los 237 predios afectados por avasallamientos, más de la mitad no son propiedades privadas tituladas. Este es un elemento importante; nos indica que una parte de las tierras tomadas no pertenecen a ningún actor en específico, o al menos la asignación de los derechos de propiedad está pendiente. Sin embargo, más allá de que sean o no privadas, el punto central es que en su mayoría se tratan de tierras en conflicto marcadas por un historial de posesiones ilegales e informales, y, por lo tanto, no es propiedad del agronegocio como pretenden mostrar sus defensores.
Otro factor importante es el carácter fiscal de una parte de las tierras avasalladas. El INRA arguye que las tierras afectadas por avasallamientos tienden a ser fiscales, o sea pertenecen al Estado. Probablemente son tierras que en el pasado estuvieron bajo el resguardo del Estado, en forma de reservas forestales o áreas protegidas, pero de un tiempo aquí bajo diferentes artimañas han terminado en posesión ilegal de algún actor urgido.
La CAO ha denunciado al menos 16 casos de avasallamiento que afectarían directamente a su sector. Argumenta que los avasalladores aprovechan de tramitaciones inconclusas para invadir las tierras. Esto es certero, en parte, porque estas acciones parecen ser parte de la maniobra de los avasalladores violentos, pero es también cierto que las tramitaciones inconclusas de ninguna manera presuponen que las determinaciones finales vayan a favorecer a los grandes agropecuarios. En los hechos, la mayoría de los que batallan por acceder a nuevas tierras (sean o no fiscales), incluidos los agroindustriales, si bien poseen papeles, generalmente, carecen de valor legal. Es decir, detrás de varias tierras susceptibles a avasallamiento hay una ficción jurídica que el INRA no logra esclarecer y, en consecuencia, no hay derechos de propiedad definidos en favor de algún demandante legítimo. Esta insolvencia institucional, lamentablemente, da pie a que terceros pretendan apropiarse de las tierras empleando la violencia.
Ahora, veamos algunos casos concretos denunciados por la CAO y la FEGASACRUZ como invasión a la propiedad privada. Llama la atención el caso conocido como Laguna Corazón. Se trata de dos grandes predios de más de 30 mil hectáreas que durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez en 2020 de manera irregular se pretendió titular a favor de la familia del exministro Branco Marincovic. El trámite en 2022 fue observado por el INRA, junto a otras áreas, por tenencia irregular y fue anulada la resolución final, quedando demostrado que solo una parte menor es propiedad privada y el resto es fiscal; pero hoy, la elite agroindustrial la muestra como si se tratase de un predio privado ilegalmente tomado por terceros.
Otro caso alarmante es la invasión a la Reserva Forestal de Guarayos. Este territorio, que a su vez se sobrepone con el hábitat del pueblo indígena guarayo, actualmente, está dominado por pastizales como resultado de una larga historia de modificación de delimitaciones, donde finalmente ganaderos, empresarios y comunidades interculturales han logrado asentarse y usufructuar la tierra de forma ilegal. Hoy FEGASACRUZ no duda en cuestionar si Guarayos realmente es una reserva forestal y la cataloga como avasallamiento a la propiedad privada de los ganaderos.
Ciertamente no es la primera vez que los voceros de la elite agroindustrial se muestran como dueños de tierras fiscales y reservas forestales. Sin ir lejos, no olvidemos el caso de Las Londras, cuando en octubre de 2021 un grupo de periodistas fue reprimido por grupos armados. Los periodistas fueron movilizados por los grandes soyeros (a la cabeza de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo - ANAPO) para difundir mediáticamente el caso como avasallamiento a la gran propiedad cuando en la práctica se evidenció que Las Londras no era propiedad ganadera titulada sino tierra de reserva forestal ilegalmente ocupada por múltiples actores, incluidos los ganaderos. Hechos como éstos nos advierten de la falta de rigurosidad y de objetividad con la que los agroindustriales pretenden abordar los problemas de avasallamiento.
En suma, el discurso agroempresarial es engañoso, busca ganar la disputa por la toma de tierras en conflicto a su favor. La élite agroindustrial es la otra cara de la actual conflictividad agraria que azota a Santa Cruz, y en sí engrosa la lista de demandantes informales y avasalladores de tierras fiscales que en ningún momento debieron pasar a manos privadas. El agropoder, al igual que los avasalladores violentos, son parte del problema, y por lo tanto, no tienen argumentos objetivos ni autoridad moral para mostrarse como víctimas, y menos proyectarse como defensores de la tierra.
Hoy toca decir de nuevo y fuerte que las tierras fiscales no pueden ser transformadas en propiedad privada de los agroindustriales ni pueden ser apropiadas por avasalladores violentos. La ley agraria (Ley 1715) es clara, las tierras fiscales de ninguna manera pueden ser parte de las negociaciones oscuras entre el gobierno y los demandantes ilegales. Los avasalladores de tierras, incluidos los agroindustriales, deben compadecer ante la justicia en el marco de la Ley 477, contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras.
Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA.