Hay vínculos entre los avasalladores y los terratenientes cruceños. La alianza MAS-agroindustriales encumbró a líderes corruptos dispuestos a traicionar la lucha por la tierra.
Una ola de avasallamientos de tierras recorre el territorio nacional, siendo Santa Cruz el departamento más afectado. Por lo general, los avasalladores conforman grupos bien organizados que ocupan tierras rurales mediante el uso de la fuerza y la violencia. Se valen de todo tipo de armas: machetes, palos, petardos, bombas molotov, cachorros de dinamitas, e incluso portan armas de fuego. A su vez, los afectados conforman grupos de autodefensa para desalojarlos. Los enfrentamientos dejan inevitablemente saldos trágicos de gente expulsada, personas heridas y secuestradas, incluso muertos a bala.
El objetivo principal de los avasalladores es, primero, tomar posesión física de las tierras y luego legalizar ante el INRA. Justifican sus acciones afirmando que son comunidades nuevas fundadas por familias pobres y sin tierras. Algunos de estos grupos, incluso tienen autorizaciones con firmas y sellos de entidades públicas. No ocultan sus conexiones políticas con las autoridades de alto rango del gobierno del MAS; al contrario, se presentan como militantes con poder político y con derecho a apropiarse a la fuerza de las tierras. Sobre esto último abundan las pruebas: los avasalladores coordinan estrechamente con las autoridades, como fue el caso de las fluidas llamadas telefónicas entre el director departamental del INRA y los cabecillas del secuestro de periodistas en Las Londras, o cuando los policías y fiscales no intervienen frente a delitos flagrantes por instrucciones superiores.
Para rastrear el origen de estos grupos violentos, que utilizan el poder político para sus propios intereses, debemos entender qué sucedió con el proceso de saneamiento y titulación de tierras durante el gobierno del MAS. Cuando Evo Morales llegó al poder el 2006, solo 3,5 millones de hectáreas estaban tituladas en Santa Cruz, lo que equivalía al 10%. Los primeros cuatro años (2006-2009) fueron de confrontación abierta entre el MAS y el poder cruceño, con duros cuestionamientos a la tenencia latifundiaria. Aunque en este lapso el gobierno tituló 3,4 millones de hectáreas, el 63% favoreció a territorios indígenas y comunidades.
Hacia el 2010 y 2011, esta postura gubernamental giró radicalmente a favor del poder cruceño. La alianza gobierno-agroindustriales quedó sellada con la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”, donde el MAS reclamó a sus aliados mayor agroexportación para así amortiguar el declive de la economía del gas y, a cambio, la élite cruceña exigió la titulación expedita de los latifundios. Es así que entre el 2010 y 2021 el INRA llegó a titular 9,7 millones de hectáreas en Santa Cruz; de las cuales el 80% benefició a privados y solo el restante 20% a territorios indígenas y comunidades.
En otras palabras, el gobierno del MAS cumplió su compromiso de consolidar miles de predios agro-ganaderos sin llegar a cuestionar el origen ilícito de los mismos, ni someter a procesos de expropiación y reversión aquellas propiedades con antecedentes de apropiación ilícita.
Sin embargo, la alianza MAS-agroindustriales fracturó la relación del gobierno con los movimientos sociales de raíz campesina e indígena. El MAS optó por expulsar a los militantes que cuestionaron el pacto con los terratenientes. La Cidob fue alejada del Pacto de Unidad después del conflicto por el Tipnis, la sede del Conamaq fue tomada por una dirigencia paralela y la cooptación de la Csutcb fue, finalmente, consumada. Los líderes, críticos de la alianza con el agropoder, fueron echados del “instrumento político” y reemplazados por indígenas cooptados, campesinos con poder de influencia en las instituciones públicas como el INRA o la ABT y por los interculturales ricos (soyeros y cocaleros) con intereses convergentes a los del agropoder.
La sustitución de los líderes campesinos e indígenas por los ahora funcionales al aparato gubernamental acabó distorsionando la lucha por tierra y territorio y dio origen al surgimiento de los avasalladores actuales. Los comités creados para ejercer “control social” del saneamiento se convirtieron en escuelas de entrenamiento de los primeros avasalladores. A título de velar por los derechos de los excluidos, participaron en las inspecciones en terreno de los trabajos técnicos y jurídicos del INRA, y acabaron firmando resoluciones de respaldo a las pretensiones de los terratenientes; por supuesto, a cambio de coimas y prebendas. Llegaron a tener acceso a información privilegiada sobre la ubicación y situación legal de las tierras en disputa, que luego usaron para traficar las tierras y ocupar los predios con alto valor comercial.
Esta clase dirigencial, desligada de las bases, entendió pronto que para transitar de recibir coimas a poseer tierras, tenían que fundar nuevas comunidades. Así, nacieron en papeles miles de comunidades integradas, al inicio, por parientes y militantes pobres de las dirigencias del MAS y, posteriormente, reclutaron gente incluso mediante redes sociales y avisos públicos.
El INRA intentó regular sin éxito esta proliferación de comunarios falsos mediante un registro único de beneficiarios. Para figurar en el registro, exige que la ocupación declarada en la cédula de identidad sea de “agricultor/a” o similar, pero hecha la ley, hecha la trampa. Al momento de renovar la cédula, muchos cambiaron de oficio, especialmente los exfuncionarios y exautoridades que figuran al día de hoy como agricultores o comunarios tanto en sus documentos personales como en el registro del INRA.
También entendieron que se necesitaba una vía expedita para esquivar los requisitos de ley. Allanaron el camino el 2018 mediante el DS 3467 que modifica el reglamento de la ley INRA. Este decreto introdujo las llamadas “autorizaciones provisionales de asentamientos” para entregar tierras a dirigentes dueños de las comunidades de papel y encaramadas en la cúspide de la pirámide de los avasalladores.
En pocas palabras, existen vínculos intrínsecos entre los avasalladores y los terratenientes cruceños. La alianza MAS-agroindustriales encumbró a líderes corruptos dispuestos a traicionar las banderas de lucha por tierra y territorio. La consecuente legalización del latifundismo cruceño trajo consigo a los avasalladores que, además de ser militantes activos del MAS, fungen como líderes campesinos, interculturales o indígenas, cuyos intereses son ajenos a las reivindicaciones legítimas de las mayorías rurales.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
Publicado por Página Siete en fecha 18/12/2022