Las áreas protegidas son un aporte al bien común, su conservación es de interés general; es por ello que la Constitución Política del Estado (CPE) las ha declarado como parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia. La función que cumplen no sólo es ambiental sino además cultural y social en beneficio de la generación actual y futura. En su interior se preserva la riqueza natural de una determinada región, por lo que es complejo darle un valor económico absoluto a un área protegida.
Según los datos que ofrecen las distintas entidades públicas encargadas de su manejo, en Bolivia existen 64 áreas protegidas designadas como tales por diferentes leyes y decretos, de las cuales 22 tienen carácter nacional y el resto son departamentales o municipales. Geográficamente, se encuentran desperdigadas en el país, pero en total suman 17 millones de hectáreas que abarcan el 16,63% del territorio nacional.
Su identificación es uno de los importantes resultados del proceso de saneamiento. Es un logro que ha requerido de esfuerzos amplios de varias instituciones y personas. Si fuese posible hacer cuentas sobre los costos económicos y humanos que se han requerido para obtener los datos geográficos de cada una de ellas y de los costos para la construcción de la institucionalidad que las administra y gestiona, podríamos afirmar que se trata de una inversión de alto nivel de los bolivianos que debería enorgullecernos.
Como una manera de garantizar su conservación, los ideólogos de la ley que regula las áreas protegidas definieron que no pueden ser privatizadas, por lo que no pueden ser entregadas a personas individuales, puesto que se trata del patrimonio de los bolivianos (Art. 385 CPE). Dadas las salvaguardas normativas, las áreas protegidas han sido clasificadas como tierras fiscales no disponibles —Art. 92 del Reglamento de la Ley INRA— y bajo esa figura, se presume que están resguardadas y su existencia garantizada; pero, la salvaguarda normativa tiene una fisura: los planes de manejo.
Planes de manejo, la llave para el descontrol
En lo formal, el plan de manejo es una herramienta de planificación que permite orientar la gestión de un área protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Estos planes sirven de base para la implementación de una serie de acciones dirigidas hacia una conservación y desarrollo integral de los recursos naturales. En los planes se abordan temas técnicos (conocimiento científico del área, el diagnóstico biofísico), aspectos relacionados al manejo de los recursos del área y —en lo que nos interesa— la zonificación del territorio que permite su aprovechamiento.
La vigencia de cada plan se establece en la norma de creación de cada área. En promedio los planes de manejo tienen una temporalidad de 10 años. Los planes son elaborados de forma separada en cada área protegida en coordinación con los denominados Comités de Gestión. Los comités están conformados por los actores (pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales) que se sientan involucrados en el área. El Reglamento General de Áreas Protegidas (aprobado por DS 24781 de 31/07/1997) deja abierta la lista de los que pueden ser parte del comité de gestión, lo que en los hechos ha dado lugar al descontrol.
En estos últimos años, mineros y colonizadores interculturales se han declarado actores interesados en la discusión de los planes de manejo de las áreas protegidas a tal punto que exigen ser parte de los comités de gestión. Está claro que su interés no es la vigilancia para la mantención y conservación, sino más bien presionar para ampliar la zonificación de uso extensivo de las áreas.
La zonificación es una parte de los planes de manejo que define cómo se puede utilizar la tierra. Según el reglamento de manejo de las áreas protegidas (Art. 31), existen nueve zonas que pueden ser reconocidas dentro de un área protegida, una de ellas es la zona de uso extensivo extractivo. Esta zona tiene como objetivo el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. Según determina la ley, en estos espacios se permite el uso extractivo de recursos y de recolección de productos naturales con fines de subsistencia. En los hechos, sin embargo, las zonas que fueron clasificadas como de uso extensivo han sido utilizadas para el saqueo de los recursos principalmente minerales y forestales; ahí el interés de mineros y barraqueros por su ampliación.
Las acciones para evitar que los comités de gestión sean tomados por mineros fueron encabezadas por comunidades indígenas que verdaderamente buscan la protección de las áreas protegidas, pero estas acciones tuvieron relativo éxito y simplemente pudieron frenar temporalmente la arremetida de los que buscan apropiarse de esas áreas.
La toma por la fuerza
Los mineros organizados en verdaderas logias cooperativas (que encubren a cientos de grupos de mineros ilegales) han colocado como un punto principal de su agenda de reivindicaciones sectoriales frente al Estado la revisión de los planes de manejo de las áreas protegidas. Fue así que, en el mes de noviembre del 2022, en medio de bloqueos que paralizaron la ciudad de La Paz, lograron firmar un acuerdo con el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para modificar los planes de manejo de al menos tres áreas protegidas del departamento de La Paz. Tuvo que ser la movilización de los pueblos indígenas, a la cabeza de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la que desbarató ese nefasto intento.
El espurio acuerdo que pretendió imponerse para el manejo de las áreas protegidas fue un grosero intento de manipular la ley para legalizar algo que diariamente hacen los mineros en las áreas protegidas: saquear por la fuerza. El reportaje del medio digital La Brava, publicado el 10 de julio de este año, penetra en detalles sobre la manera de cómo la actividad minera quebranta leyes, infringe restricciones, vulnera los derechos indígenas y por último amedrenta con violencia a los guardaparques sin ninguna responsabilidad por sus acciones (Plan de manejo del Madidi cambia a gusto de la minería del oro (parte 2) | La Brava (revistalabrava.com).
Escasas acciones gubernamentales
Hace un par de semanas se supo de la quema de balsas equipadas para la explotación de oro y la aprehensión de una veintena de personas que fueron halladas en esas embarcaciones. Fue un operativo ejecutado en las cercanías de la ciudad de Riberalta encabezado por el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. La acción concluyó con una regia conferencia de prensa donde el Ministro, mostró, a través de videos de militares quemando balsas y de personas enmanilladas y apenas vestidas, su versión de la fuerza con la que el gobierno impone la ley. No cabe duda que fue un hecho sin precedentes en contra de los mineros ilegales, pero fue un acto que no cambia en nada el escenario de impunidad y violencia que configura la minería ilegal en Bolivia.
Como toda red delincuencial de gran magnitud, la minería ilegal tiene peces gordos que son intocables y que se pavonean por nuestras ciudades y aeropuertos sin ninguna preocupación. No todos tienen “guarda tojo”, la mayoría de intocables son súbditos chinos y colombianos que les interesa muy poco lo que suceda con nuestros recursos naturales. Estas redes se encargan de proveer mercurio sin ningún control, imponen las reglas para el mercado ilegal, apoyan la movilización social que es instrumental a sus negocios y protegen las conexiones internacionales que les permite traficar el preciado oro.
La necesidad tiene cara de hereje
Probablemente la inacción del Estado se deba a la urgente necesidad de recolectar dólares que ayuden a sostener la frágil economía nacional. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, (INE), las ventas de oro metálico al extranjero superaron las exportaciones de gas natural. El primer trimestre de 2023, Bolivia movilizó al extranjero oro metálico por un valor de USD 757 millones. La dependencia de los recursos provenientes de la explotación de oro es indiscutible y obliga a nuestras autoridades a aceptar cualquier condición que “ayude” a mejorar los ingresos, sin reparar en los efectos por irreversibles que sean.
Nuestra historia está plagada de depredaciones para mantener gobiernos; pasó durante la colonia, se extendió en la república y continúa hoy a pesar de nuestra plurinacionalidad. En esta nueva etapa, el asalto es a nuestros bosques, a nuestras áreas protegidas.
Esteban Sanjinés es investigador jurídico de la Fundación TIERRA.