Bolivia es un lugar insólito en muchos sentidos. Prácticamente, es el único país del mundo donde la “Reforma Agraria” está vigente. Formalmente, desde hace 27 años el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) interviene en todo el país. Este instituto fue creado con el mandato de anular la tenencia ilegal de la tierra, extender títulos agrarios y transferir la tierra concentrada en manos de grandes terratenientes a favor de las mayorías rurales. Tenía un plazo de 10 años para completar su deber, pero el INRA sigue funcionando hasta el día de hoy.
En el mundo, la Reforma Agraria dejó de existir porque es un proceso fundamentalmente político cuya viabilidad depende de momentos políticos de carácter revolucionario. Por ejemplo, la Reforma Agraria de 1953 fue posible porque surgió de la mano con la Revolución Nacional de 1952. Algo parecido ocurrió en 1992 con la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y en 2006 con la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que tuvo lugar en el primer y único momento revolucionario del Movimiento Al Socialismo (MAS). Poco después, la Reforma Agraria no sobrevivió al viraje político del MAS.
Entonces, ¿por qué la Reforma Agraria sigue en pie en tiempos no revolucionarios? La respuesta es simple y a la vez penosa: sigue en pie porque las banderas históricas de lucha por la tierra y territorio tienen un uso prebendal y politizado. Los gobiernos de Morales y Arce convirtieron el INRA en un mecanismo del partido para repartir tierras a sus militantes, a modo de monedas de pago por haber trabajado para la victoria electoral y como un incentivo para que continúen haciendo campaña política-electoral. Abundan las pruebas: el agro cruceño y el MAS pactaron en la Cumbre Agropecuaria del 2013, las tierras fiscales son dotadas gratuitamente a dirigentes del partido, miles de comunidades nuevas tienen autorizaciones de asentamientos, la autoridad forestal reparte permisos de desmontes, el MAS es el principal impulsor del nuevo Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Beni, entre muchas otras.
El INRA dejó de tener sentido político hace muchos años. Sus autoridades se conciben a sí mismos como meros entes técnicos y jurídicos, pero su mandato es planear y ejecutar políticas transformadoras. Los directores nacionales son interinos y los nombrados aceptan sin reticencias el sometimiento personal e institucional al Poder Ejecutivo. El instituto agrario perdió toda capacidad para enfrentar los avasallamientos de tierras y la proliferación de grupos armados en el campo. Entre los pocos los logros del saneamiento están los recortes de tierras mal habidas, pero los mismos están siendo anulados por sentencias sospechosas del Tribunal Agroambiental.
Entonces, lo que está en marcha no es una Reforma Agraria genuina sino una que está al servicio de la clase gobernante y sus intereses por mantenerse en el poder. La vigencia de una política de tierras con estas características es perniciosa para los intereses nacionales porque los mandatos legales y técnicos del INRA se utilizan para corromper a las organizaciones campesinas e indígenas y engañar a la gente pobre que realmente trabaja la tierra. Una muestra de ello es que cada 2 de agosto las autoridades nacionales y sectoriales organizan pomposos actos públicos en alguna población rural. Ataviados con vestimentas campesinas e indígenas pronuncian discursos vacíos en tiempos no revolucionarios.
La Reforma Agraria vigente también provoca otro tipo de problemas, como el tráfico de tierras y el lavado de dólares del narcotráfico. Estos problemas sobrepasan cualquier estrato social y regional, de modo que los implicados son pobres y ricos, collas y cambas, políticos encumbrados y militantes de base. Por ejemplo, los grupos de poder cruceño se afanan en tildar de avasalladores a los interculturales del MAS, pero ellos también ocupan ilegalmente las tierras fiscales utilizando “palos blancos” y en concomitancia con la justicia. Muchos beneficiarios de tierras comunitarias en realidad no trabajan la tierra, sino que se dedican a traficar las autorizaciones de asentamiento.
Mucha tierra repartida y legalizada irregularmente está bajo el control del narcotráfico. La tierra saneada, los asentamientos autorizados y los permisos de desmontes se convirtieron en medios materiales ideales para el lavado de dólares del narcotráfico. Una parte significativa de los nuevos dueños de la tierra son narcotraficantes, quienes toman la identidad de ganaderos exitosos, agroempresarios, agroexportadores, soyeros, accionistas e inversores cuyo capital proviene supuestamente de la tenencia de tierras.
En estas circunstancias, la Reforma Agraria que sigue en marcha a pesar de haber perdido el norte, ya no tiene una razón de ser. La solución de fondo es inaceptable para el gobierno, pero necesario desde el interés nacional. Esta solución no es otra que cerrar el INRA, al igual que se hizo con la intervención del CNRA en 1992.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.