Esta semana, los cruceños sufrieron la peor crisis climática y ambiental. La alta contaminación del aire por el humo de los incendios obligó a las autoridades a suspender las clases en más de 3.600 escuelas y colegios. Durante tres días consecutivos, en horas pico, el termómetro marcó por encima de 40° C, algo sin precedentes en la urbe cruceña. A razón de estos hechos, el comité de emergencia declaró “alerta roja sanitaria” y se multiplicaron los pedidos para buscar y sancionar a los culpables.
Sin embargo, buscar a los responsables no es una tarea sencilla, debido a que están en juego demasiados intereses económicos y políticos. Es más, la indagación puede convertirse fácilmente en una “cacería de brujas”; es decir, en persecuciones extremadamente sesgadas de culpables reales o irreales.
Para encarar esta tarea de manera sensata y responsable, es crucial tener como punto de partida que no existe un solo culpable, sino muchos, unos más implicados que otros. Como cualquier crisis de gran magnitud, lo sucedido tiene autores materiales, coautores, cómplices, instigadores, autores intelectuales, entre otros.
Empecemos por el hecho concreto de estos días. La densa humareda que agobió a los cruceños ha sido ocasionada por los incendios identificados dentro de la reserva forestal El Choré. Por más de un mes, ardió esta zona ubicada al norte de Yapacaní, en el límite interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz. Legalmente, El Choré es tierra fiscal y reserva forestal; pero en los hechos, está en manos de asentamientos autorizados y no autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En los hechos, algunos de los asentamientos tienen permisos de desmontes y quemas emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), pero muchos otros no lo tienen. En El Choré coexisten ocupantes legales e ilegales, mayormente provenientes de los sindicatos afiliados a las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. Al menos 100 mil hectáreas fueron quemadas y el viento del norte se encargó de arrastrar el humo hasta la ciudad de Santa Cruz. Todos ellos son los autores materiales.
Existen coautores materiales. Los incendios de Beni y del pie de montaña entre el norte de La Paz y San Ignacio de Moxos empeoraron el desastre de estos días. En Beni, más del 70% de las quemas fueron provocadas en haciendas ganaderas, potreros, pastizales y sabanas afectadas por la sequía y presas del fuego descontrolado. Las quemas de la Amazonia no sólo empeoraron la crisis cruceña, sino que también afectaron a la ciudad de La Paz y Cochabamba. Los implicados son los ganaderos benianos y los interculturales recientemente asentados.
Luego están los autores indirectos, quienes no solo están implicados en lo sucedido en El Choré. Un ejército de cómplices, instigadores y encubridores está por detrás de la crisis climática y ambiental. Existen dos grandes grupos. El primero está integrado por autoridades nacionales y subnacionales. Ahí está el funcionario de bajo rango que cobra coimas en la burocracia cotidiana, los mandos intermedios que lucran con los permisos y las autorizaciones y, como no, las autoridades de alto rango que firman decretos oscuros y leyes ambientales regresivas. Ahí están los exministros Wilson Cáceres, Edwin Characayo o Santos Cruz, todos destituidos por denuncias de corrupción. Las autoridades subnacionales son parte del problema. La Gobernación de Beni es autora del plan del uso del suelo (PLUS) que convierte el bosque amazónico en tierras de agronegocio. La Gobernación de Santa Cruz es el brazo político de los grupos de poder económico conectados al agronegocio.
Un segundo grupo está conformado por los aliados políticos del gobierno nacional. Lo integran dos sectores que solían ser enemigos: las organizaciones campesinas, interculturales e indígenas oficialistas, y los grandes agropecuarios cruceños. En la cumbre “Sembrando Bolivia” de 2015, se juntaron y pactaron la profundización de la economía extractiva por medio de la ampliación de la frontera agrícola. La alianza se materializó en un paquete de medidas conocidas como “leyes incendiarias”. Eliminaron las multas por desmontes, legalizaron los desmontes, socavaron las medidas de protección ambiental; en pocas palabras, convirtieron los procesos de control, regulación y fiscalización ambiental en burocracias sinsentido. Firmaron un pacto de silencio. Sin objeción campesina, el agropoder cruceño legalizó millones de hectáreas a su favor y, a cambio, los interculturales y campesinos arrimados al gobierno nacional recibieron miles de autorizaciones para ocupar las tierras fiscales de Santa Cruz, Beni y norte de La Paz.
Si habría que buscar a los autores intelectuales, sus nombres están en los registros y memorias de la mencionada cumbre. Evo Morales y Álvaro García Linera inauguraron el encuentro y compartieron la palestra con Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras y exdirigente de mujeres campesinas de Yapacaní, Santa Cruz y Bolivia.
La fuerza gravitacional que orienta y dirige todos estos hechos y comportamientos es el modelo económico que rige en el sector agropecuario. La contaminación del aire y el calor extremo se originan en las quemas e incendios forestales, el fuego es la consecuencia directa de los desmontes, y la depredación de los bosques es una condición necesaria para ampliar la agricultura predominante. Y a la inversa, sin la agricultura de monocultivos no tendría lugar la cadena de consecuencias.
Todos buscan a los culpables, pero pocos se preguntan para qué desmontan el bosque. Algunos, incluso especulan con que habría cálculos político-electorales y estrategias geopolíticas anticambas. Pero la motivación de fondo es más burda y obvia: desmontan para monocultivos de soya de exportación, biodiesel, etanol, maíz transgénico, carne para el mercado chino. Muchos desmontan simplemente para traficar la tierra o vivir del alquiler de tierras. Muchos otros desmontan e ingresan al agro para el lavado del dinero del narcotráfico. Algo que varios cruceños se niegan a aceptar es que los interculturales y los cocaleros del Chapare que aborrecen, en realidad, son los aliados íntimos y estratégicos del modelo productivo cruceño. Los interculturales y los chapareños depredan el bosque para hacer lo mismo que los agropecuarios cruceños: lucrar de la agricultura extractiva sin que les importe los altos costos climáticos y ambientales.
Para apaciguar los reclamos de la gente, es casi seguro que el gobierno nacional vuelva a escenificar espectáculos baratos en los próximos días. En 2019, cuando los incendios forestales rompieron los registros históricos, el entonces director de la ABT se lanzó personalmente a la caza de los “pirómanos”. Como resultado de los operativos, la policía nacional exhibió ante las cámaras de televisión media docena de hombres, todos cabizbajos y enmanillados.
No eran más que peones harapientos y jornaleros pobres.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
* Artículo publicado en Brújula Digital, 27 de octubre de 2023