El último miércoles, el presidente Luis Arce inauguró la primera planta de biodiesel en Santa Cruz. Discursó, challó y abrió la válvula del oleoducto rodeado por una reducida comitiva: el ministro de hidrocarburos, un viceministro y unos cuatro dirigentes sociales e interculturales. Brillaron por su ausencia tanto los consumidores del diésel como los productores de cultivos oleaginosos. Por esta razón, hubo un pequeño revuelo en los medios y las redes sobre quién suministraría la materia prima y qué tipo de materia prima.
Un día después, el misterio quedó resuelto. El ministro Néstor Huanca salió a explicar que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) suministraría el 75% del aceite crudo requerido para la producción de biodiesel. Pero, ¿acaso esta es la razón de ser de EMAPA? Y, sobre todo, ¿por qué EMAPA?
Primero, recordemos que el mandato de esta empresa pública de carácter social es garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos y apoyar la producción de alimentos. En el día a día, se dedica a subvencionar la compra estatal de maíz, arroz, trigo, comercializa pollos, acopia granos, construye silos y organiza ferias móviles. EMAPA funciona con dinero público y ejecuta los fondos públicos destinados a la subvención para alimentos. Tiene como antecedente nada halagador que, en momentos apremiantes, no tuvo reparos para romper la ley, como aquella vez que introdujo maíz transgénico desde Argentina que, según denuncias de los agropecuarios cruceños, no fue importado legalmente sino contrabandeado.
No está entre sus mandatos instalar plantas de extracción de aceite crudo de soya y convertirse así en el principal proveedor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la producción de biodiesel (o agrodiesel). En términos legales, las autoridades del sector están a punto de actuar fuera de sus mandatos y competencias, cuya gravedad merece una valoración jurídica minuciosa y, en términos económicos, implica desvío de fondos públicos destinados originalmente para un objetivo de interés nacional como es el apoyo a la seguridad alimentaria.
Segundo, EMAPA está implicado en todo esto por una razón elemental: en realidad, no existen productores de materia prima en Bolivia. La única opción realista para producir biodiesel es a partir de la soya. Pero, el gobierno, intencionalmente, instaló la idea de que el “diésel renovable” se produciría a partir de arbustos silvestres como el macororó, la jatropa o la palma aceitera. Incluso insisten en el despropósito de producir a partir del acopio del aceite usado de cocina. Producir el codiciado carburante con aceites de ricina que se obtienen de los arbustos silvestres, no tiene sustento técnico ni económico. Colombia y Ecuador son los países que más avanzaron en estudiar su potencial comercial y llegaron a la conclusión de que el biodiesel extraído y mezclado no cumple con los parámetros técnicos mínimos para ser usado como combustible para maquinaria agrícola o camiones.
Por supuesto que los afanes gubernamentales llaman la atención de los soyeros. Ante sus ojos, el Estado es un cliente más, un comprador desesperado por acopiar el aceite crudo de soya. No es cualquier comprador, sino uno dispuesto a ofrecer nuevas y más facilidades e incentivos. Para muestra basta un botón. El crédito “SiBolivia” ofrecido a una tasa de interés de 0,5% anual para los productores de soya. Pero los agropecuarios no quieren más créditos de este tipo, debido a que muchos ya operan con los préstamos altamente favorables del Banco de Desarrollo Productivo (BDP). A cambio de entregar el aceite crudo al gobierno tienen dos demandas concretas: la llamada “biotecnología”, un eufemismo para decir que quieren la legalización de más cultivos transgénicos, y garantías para pagos al contado.
En estas circunstancias, EMAPA aparece en escena como el intermediario indicado para el acopio de la materia prima a cualquier costo. Según las autoridades, la planta inaugurada procesará diariamente 1.500 barriles de biodiesel de soya. Esto es el 3,3% del consumo diario de diésel que supera 45.000 barriles a nivel nacional. Para ello, se necesitará 500 mil toneladas de grano de soya por año, lo que a su vez requiere 250 mil hectáreas cultivadas.
Como develan las cifras, aunque el biodiesel esperado es mínimo con respecto al consumo total, es exigente en cuanto a volúmenes de producción y superficie cultivada. Para todo esto se requerirá operaciones a una escala mucho mayor de las capacidades instaladas hasta ahora, por lo tanto, mayor presupuesto público para subvencionar la producción de biodiesel. Haciendo sumas y restas, lo más probable es que los resultados del proyecto sean exactamente lo opuesto a lo esperado: biodiesel más caro que el diésel convencional importado.
Tanto las autoridades nacionales como los agroindustriales repitieron hasta el cansancio que los biocombustibles no eran un peligro para la seguridad alimentaria. Este discurso se cayó al día siguiente de la inauguración de la primera planta de biodiesel, al igual que la falsedad de que el carburante se produciría con cultivos alternativos como el macororó o la jatropa. Para ser coherentes consigo mismos, así sea solo en apariencia, las autoridades deberían modificar el nombre de la empresa en cuestión. Aquí una sugerencia: EMAPA, Empresa de Apoyo a la Producción de Agrodiesel.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA
Artículo publicado en Brújula Digital, 29 de marzo de 2024.