En Bolivia un litro de gasolina cuesta menos que un litro de agua porque los carburantes están subvencionados, y aunque las finanzas públicas tienen la soga al cuello, el gobierno no planea eliminar el apoyo estatal.
Varios países están estudiando recortar o incluso eliminar sus subvenciones a los combustibles, con el argumento de que desincentivan la transición hacia energías limpias o renovables. Además, consideran que las ayudas gubernamentales para abaratar los combustibles, en lugar de reducir las desigualdades sociales como podría esperarse, terminan beneficiando de forma desproporcionada a los más ricos. Es decir, los recursos públicos no se emplean de manera priorizada para el beneficio de los sectores más vulnerables como las familias pobres o los campesinos con acceso limitado a los recursos energéticos (International Institute for Sustainable Development, 2021).
En este tema, a pesar de que la producción nacional de combustibles presenta un descenso crítico, Bolivia avanza a contracorriente. Desde 2005, los precios del diésel y la gasolina están congelados y la cuestión se torna compleja para el presupuesto público. Los costos de importación han aumentado enormemente debido a los precios internacionales altos y al incremento del consumo nacional. En 2022, el valor de importación bordeó los 3 mil millones de dólares, muy lejos de otros presupuestos estatales como el subsidio a los alimentos, que apenas llegó a 24 millones de dólares. Paralelamente, el consumo interno de combustibles está alcanzando niveles sin precedentes, en parte fomentado por la subvención. Un indicador es el crecimiento del parque automotor, de 443 mil motorizados en 2003 a 2,5 millones para el 2023.
El gobierno boliviano, sin embargo, en vez de evaluar la pertinencia de reducir la subvención a los carburantes, opta por buscar caminos alternativos y hasta desconocidos para el país, como por ejemplo la producción de agrocombustibles. Un componente central de ello es el intento actual de cultivar palmas aceiteras en pleno bosque amazónico. Entonces la pregunta es ¿Por qué el gobierno no toma medidas a corto plazo para reducir de manera relevante la subvención a los combustibles? ¿Por qué pareciera que no se incomoda con ello?
Una respuesta parece estar en que los bolivianos tenemos fama de tener grandes habilidades para articular protestas, bloquear caminos, cercar oficinas públicas para denunciar las injusticias sociales e incluso tumbar gobiernos. Salimos a las calles hasta las últimas consecuencias, incluso quitando el respaldo popular a gobiernos con alta legitimidad. Cuando el gobierno de Evo Morales, en 2010, quiso eliminar la subvención a los carburantes de la noche a la mañana, la población interpretó la medida como una política neoliberal y no dudó en salir a las calles de forma masiva para cuestionar al “gobierno del pueblo”. Durante el “gasolinazo”, documentado como la primera protesta popular seria contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), los indignados reclamaron la reposición de la subvención y advirtieron al gobierno con quitarle el respaldo popular.
El gobierno sepultó sus medidas energéticas en cuestión de días. Fue suprimido el Decreto 748 que establecía un incremento del precio de los carburantes en alrededor de un 70% en promedio. A los gobernantes les quedó claro que la eliminación del subsidio a los combustibles era sinónimo de inestabilidad política. Las autoridades prefirieron no complicarse y buscaron salidas de corto plazo. En esos años, cuando los ingresos por la exportación de gas eran muy altos, era más fácil seguir subvencionando el diésel y la gasolina. Desde entonces, no se ocuparon de explicar las desventajas de las subvenciones y sus implicaciones en el largo plazo. Tampoco buscaron instalar debates críticos que evidencien que los combustibles subvencionados no benefician por igual a todos los bolivianos, sino principalmente a los grupos de poder económico; ni se ocuparon de generar políticas específicas y sectorializadas, como lo hicieron exitosamente países africanos como Ghana y Mozambique y sin causar revueltas sociales. En contraste, reforzaron la idea generalizada de que las subvenciones benefician a los sectores desfavorecidos y que es un compromiso del gobierno la distribución equitativa de la riqueza. O sea, se entramparon en la narrativa de que quitar la subvención es una medida propia de gobiernos neoliberales y del pasado.
Utilizar la subvención estatal para comprar el apoyo popular, sin embargo, tendría patas cortas. Después de un largo periodo de calma y estabilidad social, retornaron las protestas colectivas en torno a diversos temas. Los adeptos del MAS no solo se achicaron paulatinamente, sino que llegaron a cuestionar los intentos de la re-reelección de Evo Morales, y mientras tanto, el costo económico del subsidio fue creciendo hasta convertirse en una medida insostenible. Esto da entender que, si bien la subvención mantiene a raya las protestas sociales, los elevados gastos fiscales acaban creando otros problemas económicos como endeudamiento público, escasez de dólares, escasez de combustibles y, en última instancia, crisis económica.
Hoy, en medio de divisiones políticas y malestar social generalizado ante los signos de crisis económica, pareciera casi inviable cualquier intento estatal de acortar las subvenciones a los combustibles, debido a que ello ya no solo sembraría protestas puntuales ni restar votantes, sino que podría ser detonante de revueltas sociales mucho más profundas. En otras palabras, las protestas sociales por el tema específico de combustibles podrían levantar una ola de movilizaciones y escalar a temas estructurales.
Si sirve de consuelo, Bolivia no es el único país que tiene dificultades con el subsidio a los combustibles. Varios países, periféricos o no periféricos, han batallado por encarar la subvención sabiendo los costos sociales emergentes. Parece que las reformas de las subvenciones son inherentes a malestares sociales, pero las experiencias exitosas sugieren la importancia de planificar a largo plazo y adoptar medidas graduales y políticas de mitigación sectorializadas.
Ante un escenario de crisis energética, el gobierno debe buscar respuestas rigurosas, pero no utilitarias para sus fines políticos, sino para la economía del país y la justicia social. Abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles podría desencadenar disturbios en contra del gobierno de Luis Arce, incluso amenazar su continuidad en el poder, pero lo contrario empeorará la crisis económica, sin duda.
Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA.