En Bolivia, la redistribución de tierras ha sido y sigue siendo un proceso complejo y desigual. El Estado ha realizado numerosos esfuerzos para distribuir tierras a campesinos e indígenas. La reconducción comunitaria de la tierra y el territorio, promulgada con la Ley 3545 en el año 2006, es una política pública destinada a redistribuir y sanear la propiedad agraria.
Este mecanismo, gestionado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tiene la tarea de asignar tierras fiscales a familias sin tierra o con tierra insuficiente con el objetivo de corregir desigualdades históricas y fomentar el desarrollo económico y social. De este modo, la redistribución de tierras promueve la justicia social al abordar las desigualdades históricas en la tenencia de la tierra, un problema que arrastra disparidades económicas y sociales. Esta iniciativa no solo busca equilibrar el acceso a los recursos, sino que también busca impulsar el desarrollo económico al proporcionar a más ciudadanos acceso directo a los recursos productivos de la tierra.
Además, este proceso promueve la diversificación de la producción agrícola entre las familias campesinas, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la resiliencia económica de las comunidades rurales. De igual importancia es el papel que juega en la preservación de las formas de vida tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas, salvaguardando así la rica diversidad cultural de Bolivia.
Cuando se planifica e implementa adecuadamente, la redistribución de tierras tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de muchos bolivianos, ofreciendo oportunidades de desarrollo económico y social. Al mismo tiempo, contribuye a la estabilidad política y social del país, abordando una de las causas fundamentales de la desigualdad y el descontento.
Los datos y avances más significativos se obtienen de los informes de gestión presentados por el INRA. Estos documentos detallan el proceso de redistribución de tierras, mostrando cómo se han asignado predios a personas y comunidades. A través de estos informes, se puede conocer en profundidad las acciones realizadas y los resultados alcanzados en el saneamiento de tierras y en la distribución de tierras fiscales disponibles.
Entre 1999 y 2022, se identificaron 4.5 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles, de las cuales cerca de 3,5 millones han sido intervenidas: 2,2 millones con Resolución de Autorización de Asentamiento en favor de 1.290 comunidades (la mayoría en Santa Cruz y en menor cantidad en Beni, Pando y La Paz), 160 mil hectáreas con Resolución de Dotación para 90 comunidades, y cerca de un millón de hectáreas tituladas en favor de 169 comunidades en los departamentos de Pando (65), Santa Cruz (38), La Paz (25), Chuquisaca (21) y Tarija (14). Aún queda cerca de un millón de hectáreas no solicitadas, susceptibles para su distribución.
Fuente: Informe de Rendición Pública de Cuentas gestión 2022 del INRA
Estos datos reflejan una realidad alarmante y plantean preguntas y desafíos sobre la situación actual. Los informes no proporcionan detalles claros sobre la redistribución de tierras, dejando varias interrogantes sin respuesta: ¿Cuántas de estas comunidades están compuestas por familias que realmente necesitan las tierras asignadas? ¿Cuántas de las 1,290 comunidades con Resolución de Autorización cumplen con la Función Social? ¿Poseen estas comunidades personalidad jurídica? ¿La distribución de tierras se ajusta a la vocación productiva, al plan de uso de suelo o al ordenamiento territorial de sus municipios?
Además, existe preocupación sobre la distribución de tierras fiscales, especialmente entre dirigentes que identifican la ubicación de estas tierras y crean nuevas comunidades para traficar autorizaciones. Un ejemplo notable son las comunidades nuevas en Santa Cruz, asentadas en las regiones de Guarayos y San José de Chiquitos.
Otros problemas incluyen los asentamientos ilegales en tierras fiscales no disponibles que afectan áreas protegidas y concesiones forestales, mostrando una débil participación del Estado y una fuerte vulneración de los derechos de la Madre Tierra.
La expansión de la frontera agrícola, impulsada por el saneamiento de tierras, la distribución de tierras fiscales y la agenda patriótica para habilitar tierras para uso agrícola, viene acompañada de mejoras en la infraestructura, como caminos, incentivos económicos, subsidios y autorizaciones de desmonte. Esta expansión acelerada tiene efectos e impactos ambientales significativos, como la conversión de bosques a tierras agrícolas, lo que disminuye la cobertura forestal, impactando en la temperatura y el ciclo hídrico del lugar. La deforestación contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono almacenado en la masa forestal. También tiene un efecto en la destrucción de los hábitats naturales, como la flora y fauna local, y hay un riesgo fuerte en la pérdida de especies endémicas animales y vegetales. Además, estos suelos en muchos casos son susceptibles a la erosión, afectando la fertilidad y su capacidad de retención de agua, lo que a mediano y largo plazo reduce la productividad agrícola.
Para abordar las cuestiones planteadas y mejorar la situación descrita, se proponen las siguientes recomendaciones para la agenda gubernamental:
- Evaluar el cumplimiento de la Función Económica Social en las comunidades beneficiarias y si las organizaciones poseen la personalidad jurídica requerida. Esto es crucial para asegurar que las tierras se utilicen de manera efectiva y sostenible.
- La distribución de tierras debe alinearse con la vocación productiva, los planes de uso de suelo y el ordenamiento territorial. La falta de una planificación adecuada puede llevar a usos inadecuados de las tierras y a conflictos.
- Prevenir asentamientos ilegales en tierras fiscales no disponibles y en áreas protegidas. Estos casos reflejan una necesidad urgente de una mayor supervisión estatal para proteger los derechos de la Madre Tierra y asegurar el uso adecuado de los recursos.
- Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la deforestación y promuevan la conservación de suelos.
- Los gobiernos subnacionales deben implementar programas de reforestación para restaurar áreas degradadas, zonas de recarga hídrica y recuperar la cobertura forestal en zonas de alto riesgo e impacto.
- Los sistemas de monitoreo y control de incendios deben enfocarse también en tareas de prevención con fuerte participación local.
- La transparencia en la distribución y la gestión de tierras es esencial para evitar prácticas indebidas y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
En términos generales, la redistribución de tierras en Bolivia es un proceso complejo que requiere una implementación justa y cuidadosa. Es fundamental priorizar a quienes realmente necesitan y pueden trabajar la tierra, integrando planes y programas que fortalezcan el desarrollo local y garanticen la sostenibilidad ambiental. Solo así se podrá alcanzar el equilibrio entre justicia social, desarrollo económico y preservación del medio ambiente.
Efraín Tinta es investigador de la Fundación TIERRA.