¿La política agraria de Luis Arce tiene un punto de discontinuidad con respecto a la gestión Evista? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es más intrincada.
Luis Arce, hombre de unos sesenta años de edad, siempre con anteojos, de porte sereno y sin auras de líder carismático, prometió superar no una sino tres crisis: la económica, la sanitaria y la política. Lo hizo cuando tomó la silla presidencial el 8 de noviembre de 2020. En esa ocasión, con un tono de voz calmado y por momentos estridente, cuestionó la gestión de Jeanine Añez, aseguró que recuperaría la democracia y habló de reconstruir la unidad entre los bolivianos. Pronto caló hondo el slogan “gobierno de la industrialización”, entre los miles de funcionarios públicos. Sus intenciones de apegarse a las causas nacionales, sin embargo, no tardaron en perderse por otros rumbos. Pronto abandonó su principal misión, el de gobernar Bolivia, y posó la mirada en la reelección, al igual que su antecesora. Forjó el llamado movimiento arcista para controlar al Movimiento al Socialismo (MAS) e intentar sepultar políticamente a Evo Morales.
En materia agraria y tierras, inicialmente se mostró como defensor de la Madre Tierra, pero su gestión en cuestiones de desarrollo rural más bien ha sido tibia y hasta confusa. Desde un inicio, el Presidente fue bastante recatado con el sector rural al momento de hacer promesas, básicamente porque es un hombre ajeno al campesinado y mundo indígena. Sus discursos ocasionales sobre estos asuntos no anuncian revoluciones rurales ni reformas agrarias, sino que se limita a repetir el lema “la tierra es de quien la trabaja”. De vez en cuando se le escuchó hablando de intereses trasnacionales que buscan apropiarse de las tierras bolivianas, pero no cuestiona con el mismo ímpetu los males del agronegocio.
Aunque el gobierno de Arce no tiene una propuesta ideológica en materia agraria, al menos no una escrita y conocida, algunas de sus acciones radicales en el campo político parecen haber marcado una línea divisoria en la historia de la cuestión agraria. Al apresar al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, acalló algunas voces regionales que insistían en la idea separatista de administrar las tierras desde las gobernaciones departamentales. Al haber abierto las puertas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a los campesinos andinos, acortó la hegemonía de los campesinos interculturales de Santa Cruz.
Sin entrar al análisis de fondo, estamos ante el desafío de entender un proceso agrario de casi cuatro años marcado por ambivalencias, continuidades y discontinuidades con respecto a la política de Evo Morales. Al menos tenemos que identificar cuatro ámbitos: la institucionalidad agraria, la fuerza social rural, el saneamiento de tierras y la relación entre el gobierno de Arce y los agropecuarios del oriente.
La fragilidad de la institucionalidad agraria
El gobierno de Luis Arce se caracteriza por una gestión pobre, muy pobre, de las instituciones agrarias. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras fue una de las instituciones públicas en entrar en crisis desde un inicio. La primera persona en asumir este ministerio fue Wilson Cáceres, cuota de poder de los campesinos interculturales de Santa Cruz, fue destituido de su cargo a los 21 días por denuncias de nepotismo. Su sucesor, Edwin Characayo, también representante de los campesinos interculturales soyeros, fue depuesto y encarcelado por tráfico de tierras. En abril de 2021, Remmy Gonzáles, ex viceministro del gobierno anterior y de perfil empresarial cruceño, tomó el mando del ministerio. Ocupó el cargo por tres años y a inicios de 2024 ha sido sustituido por Santos Condori Nina, un militante del MAS procedente de Laja, uno de los municipios rurales de La Paz. En cuatro años, hubo cuatro ministros.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) está dirigido por un director interino, al igual que en la gestión de Morales. A diferencia de un director titular, el interino es un engranaje más en la maquinaria politizada de la administración de tierras. En un inicio, el INRA planteó una perspectiva pionera para incorporar el enfoque ambientalista en la verificación de la función social de la tierra, pero los caminos del MAS son intrincados. Primero, ante la ola de avasallamientos de tierras, el INRA optó por mantenerse pasivo y finalmente alegó sin razón que varios de los casos denunciados están fuera de su competencia. Segundo, el proceso de saneamiento de tierras está en su última etapa, quedan menos de 10% de tierras por sanear, sin embargo, el INRA hizo poco o nada para reinventarse y adecuarse al escenario post saneamiento. Tercero, desde el año 2016, el gobierno dirige un proceso masivo de distribución de tierras fiscales para la población con lazos políticos con el MAS. Es un proceso carcomido por la corrupción. Por eso, desde el 2018, mucha gente viene exigiendo la auditoría al INRA y la paralización de la distribución arbitraria, pero el gobierno de Arce hizo oídos sordos.
Fuerza social: ¿de interculturales a campesinos andinos?
Durante los últimos cuatro años, se dio un paulatino pero radical cambio en la alianza entre campesinos y Estado. En la época de Evo Morales, los interculturales o colonizadores se constituyeron en una de las fuerzas sociales motoras. Llegaron a controlar la agenda del Pacto de Unidad y cooptar varias instituciones agrarias. En los últimos años de Arce, los campesinos del occidente tienen un protagonismo creciente y los interculturales se sienten desplazados. Arce mostró señales inequívocas para cambiar de aliados. Por eso nombró como ministro a Santos Condori, un miembro de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz.
El ministro Condori, aymara hablante, adoptó un discurso confrontacional para romper con la consigna del gobierno de Evo Morales de que las oficinas estatales estaban abiertas para el pueblo. Dando una vuelta a la misma idea, planteó que en realidad el gobierno tendría que ir hacia el pueblo, las provincias y comunidades rurales, y así lo hizo. Pero, hasta ahora, parece no pretender redirigir los recursos públicos hacia los campesinos minifundiarios de la región andina, de hecho, una de las primeras agendas sectoriales que le tocó dar viabilidad es la de los empresarios cruceños que piden más cultivos transgénicos.
Sin embargo, el desplazamiento del sector intercultural en las cuotas de poder político no ha significado que hayan perdido su poder social y política para seguir acaparando las tierras fiscales. No todos los campesinos interculturales se dedican al tráfico ilegal de tierras, pero el séquito dirigencial continúa operando en complicidad de funcionarios públicos para acceder a tierras fiscales. Sabiendo que el saneamiento de tierras está por finalizar y existen pocas tierras disponibles, parecen haber extremado sus acciones. Mientras continúan con el camino de tramitar sus demandas ante el INRA, siguen tomando físicamente las tierras pendientes de sanear. En parte esto explica la escalada de los avasallamientos de tierras en los últimos años porque se tratan de parcelas en conflictos y disputas que abarcan predios ocupados por el sector empresarial como son los casos de Las Londras, Guarayos o Hacienda Laguna.
Saneamiento de tierras: ¿quiénes son los beneficiarios?
Aunque el 86% de las tierras rurales ya tienen dueño, la titulación y saneamiento de tierras como proceso jurídico continúa siendo uno de los mecanismos de distribución y gestión de tierras. El presidente Luis Arce prometió concluir el saneamiento, por lo que el INRA se ocupó de gestionar contra viento y marea un financiamiento de más de 40 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante las tres gestiones de Arce, la superficie titulada se incrementó en un 7%, es decir pasó de 86% a 93% (95,8 millones de hectáreas). ¿Quiénes son los beneficiarios? Buscar las respuestas es una tarea desafiante debido a que los datos oficiales siguen siendo generales y agregados con el fin de dificultar el análisis independiente. Pero una comparación de títulos de propiedad permite evidenciar que la tendencia es entregar más tierras al empresariado. Entre 2022 y 2023 el presidente Arce firmó un total de 119.345 mil títulos de propiedad, de los cuales el 96% (114 mil) es para la pequeña propiedad, mientras la propiedad empresarial posee 1% y la mediana 3%. Sin embargo, el resultado es otro cuando se analiza según la extensión de las tierras. La pequeña propiedad solo se benefició con el 20% de tierras tituladas, que suman 19 mil hectáreas, mientras entre la propiedad mediana y empresarial recibieron el 80% de las tierras, sumando 80 mil hectáreas[1].
Por otro lado, la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) avanzó casi nada. Entre 2022 a 2023, la superficie titulada pasó de 25,6 millones de hectáreas a 25,8 millones. No existe un reporte oficial de los pueblos beneficiarios, pero las noticias de prensa indican que se tratarían mayormente de poblaciones de tierras altas.
La frágil alianza con los agroindustriales
La relación entre el gobierno Luis Arce y el agroempresariado cruceño es una de las cuestiones más opacas. No hay intenciones abiertas de acortar los subsidios a la agricultura mecanizada ni cuestionar el predominio de las grandes propiedades de tierras. A pocos meses de su gestión, Arce tomó algunas medidas concretas que parecían achicar la alianza entre el sector empresarial y el Estado. En 2021, anuló el Decreto Supremo 4232 de 2020, que autorizaba la evaluación abreviada de nuevos eventos transgénicos. En 2021, limitó la propuesta empresarial de producir biodiesel con aceite de soya y rediseñó la propuesta de agrocombustibles con palma africana que se cultivarían con fuerza campesina. Y en 2023, a través del Viceministerio de Tierras, el gobierno gestionó un borrador de ley contra la extranjerización de tierras, una propuesta que parece ir contra el agronegocio transnacional pero resulta que no tiene un sustento jurídico ni técnico, más que elementos de xenófobo.
Pero las ambivalencias siguen reinando, de modo que hoy el Ministerio de Tierras junto a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo tramita un nuevo proceso de aprobación de soya transgénica. Buscan aprobar la variante HB4 bajo el argumento de que la sequía afecta al agronegocio y ello afecta a la disponibilidad de dólares. Al mismo tiempo, se sostiene un acuerdo de compra de alcohol etanol con las grandes empresas azucareras para la gasolina. Otra acción de pasividad o más bien de complicidad silenciosa es el caso de Branko Marinkovic, el empresario cruceño que insiste en apropiarse más de 36 mil hectáreas de tierras fiscales. A pesar de que el INRA determinó que esas tierras no son de su propiedad, la familia Marinkovic sigue ocupando y explotando tierras del Estado.
En suma, la política agraria de Luis Arce es difusa y ambivalente. En términos generales se podría enmarcar en dos horizontes. Una es la ruta de prolongación del lado conservador de la gestión de Morales. Sabemos que el MAS hizo transformaciones transcendentales en sus primeras gestiones, pero desde 2011, instauró una “revolución pasiva” o “transformismo”, como diría el investigador Jeffery Webber parafraseando a Gramsci. La otra ruta es de “ruptura”, pero que no tiene norte. Probablemente este sea el lado más preocupante para acercarse a los postulados de reforma agraria redistributiva a favor de la población campesina e indígena; es decir, a favor de quienes siguen siendo los más pobres entre los pobres y los que más sufren las consecuencias de la desigualdad en la tenencia de la tierra.
Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA.
[1] Datos obtenidos del INRA. Documento PowerPoint Audiencia de Rendición de Cuenta de Cuentas Final 2022 y Documento PowerPoint Audiencia de Rendición de Cuenta de Cuentas Final 2023.