El último domingo de septiembre de 2011 fue un día aciago para los pueblos indígenas. Acatando órdenes superiores, alrededor de cuatrocientos policías antimotines llegaron hasta Chaparina y arremetieron contra los marchistas por el TIPNIS, ejerciendo brutal violencia física, psicológica y verbal. No tenían la orden de dispersar a los marchistas sino golpearlos, maniatarlos, amordazarlos y arrastrarlos uno por uno hasta los buses que esperaban en las cercanías sin placas de control. Doscientos cuarenta indígenas fueron aprehendidos y retenidos dentro de los buses por más de doce horas, sin un rumbo conocido. Fue un acto flagrante de humillación y violación de los derechos humanos.
Días después la marcha indígena resucitó y arribó triunfante a la sede de gobierno. Cientos de miles de ciudadanos se volcaron a las calles para expresar su apoyo y solidaridad. El respaldo popular fue decisivo para doblegar la voluntad gubernamental de negar el derecho a la consulta a los indígenas. Los marchistas no se fueron hasta que el presidente Morales promulgó la Ley 180 de protección del TIPNIS y prohibición de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del territorio indígena.
La represión de Chaparina catapultó la reivindicación de los indígenas y puso contra la pared a la administración de Morales. La lucha por el TIPNIS se convirtió en un fenómeno viral y hasta hoy representa una de las derrotas políticas más significativas del gobierno actual. El efecto electoral de la marcha quedó reflejado en las elecciones judiciales que se realizaron tres días antes de la llegada de los indígenas a la ciudad de La Paz. El voto nulo superó el 40 por ciento en la elección de los miembros del Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de Magistratura. Sumado a los votos blancos, la cifra bordeaba el 60 por ciento del total de votos emitidos. Muchos de los votos nulos llevaban la inscripción de "Todos somos TIPNIS".
Bandera arrebatada
El discurso indígena y ambientalista era la bandera de lucha más importante del Movimiento Al Socialismo (MAS) pero el movimiento por el TIPNIS la arrebató con contundencia. Desde el 2006, el MAS luchó por hacer más sólida tanto la imagen de un presidente indígena como la de un gobierno también indígena. El presidente revolucionó la manera de hacer política despreciando a los políticos tradicionales y, en su lugar, reivindicando al indígena pobre, excluido y discriminado. Cambió la manera de conectar el poder político con el pueblo, creó programas sociales para los pobres, proclamó la conquista del Estado para la mayoría excluida y, para que sea duradera, reescribió la Constitución Política del Estado.
Pero cuando llegó el turno de materializar los derechos indígenas y ambientales, el partido oficialista titubeó entre la implementación del derecho a la consulta a fin de subordinar los proyectos desarrollistas a los objetivos de protección ambiental y la adopción del camino opuesto. El movimiento indígena presionó y planteó demandas concretas. Exigió la aprobación de una ley de consulta, compensación y mitigación del cambio climático, asignación de más recursos del 'fondo indígena' y continuidad de la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Ninguno de estos puntos fue atendido a pesar de la firma de varios acuerdos. Esto ha sido así porque en realidad el materializar derechos indígenas conlleva transferir recursos económicos y poder de negociación a los pueblos indígenas. En la lógica de poder, eso no es permisible.
Aunque de inmediato el gobierno arremetió para recuperar su carácter de gobierno indígena, la ruptura con los pueblos indígenas estaba sellada. La contramarcha de una facción de indígenas del TIPNIS y campesinos de la zona colonizada fue promovida por el gobierno en un intento por descalificar la reivindicación de los marchistas y anular la Ley 180. Sin embargo, estos y otros intentos por volver a enarbolar la bandera indígena no pudieron revertir la derrota gubernamental provocada por la represión policial de Chaparina.
Derrota neutralizada
Cuando casi todos asumían que el conflicto por el TIPNIS afectaría políticamente al gobierno y restaría apoyo popular, el MAS comenzó a recobrar fuerzas. Y lo hizo cambiando la fuente de su legitimidad política.
El proyecto político de inspiración indígena – el "vivir bien", los derechos de la Madre Tierra y la descolonización- fue sustituido por un modelo económico basado en el control estatal de la renta de las actividades extractivistas. El sector hidrocarburífero se constituye en la principal fuente de ingresos estatales. La recuperación de la minería atenúa la pobreza de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo mientras que la expansión de la frontera agrícola restablece las viejas alianzas entre el Estado y grupos de poder regional.
En otras palabras, si bien la reivindicación del indígena empobrecido se constituyó en fuente de legitimidad política en momentos de alta exclusión social y un Estado sin fondos en sus arcas, hoy la situación luce muy distinta. Los logros sociales y económicos -así sea a costa de la exportación siempre indeseable de materias primas- allanaron el camino para que el MAS traslade su fuente de legitimidad y poder electoral desde un proyecto en sus inicios antidesarrollista, indigenista y ambientalista hacia un programa de gobierno economicista.
Bandera abandonada
A pocos días de las elecciones generales, ninguno de los partidos políticos tiene interés por levantar la bandera indígena y ambientalista. A diferencia de la última elección, el MAS no tiene propuestas para la implementación de los derechos indígenas. Aunque el Partido Verde postula al líder indígena del TIPNIS, Fernando Vargas, y plantea varios principios medioambientales, su propuesta no luce consistente al no incluir, por ejemplo, el derecho a la consulta previa o enmiendas a la ley de tierras para la protección de los territorios indígenas. En contraposición, resulta llamativo que Unidad Democrática (UD) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) incluyan algunas propuestas a favor de los indígenas aunque, por supuesto, no son parte central del modelo de desarrollo que ofrecen. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) simplemente desconoce estas cuestiones.
Si hubiese que esperar algún tipo de voto-rechazo por la represión de Chaparina, lo más probable es que quedará oculto entre los votos nulos, más que traducido en apoyo electoral. La ausencia de un proyecto político alternativo al extractivismo también representa el cierre de un ciclo para el movimiento indígena. Pero el declive de este modelo rentista será inevitable porque no hace más que acelerar la propagación de las múltiples crisis de carácter global. Y probablemente, en ese nuevo ciclo, la represión de los indígenas y el conflicto del TIPNIS recobrarán sentido para generar procesos político-económicos más equilibrados, cada vez menos dependientes de la renta de los recursos naturales y más responsables en términos sociales y ambientales.
* Director Ejecutivo - TIERRA