La aprobación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) en octubre de 1996 abrió un proceso esperanzador para los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia en términos de reconocimiento y obtención de sus derechos sobre la tierra y territorio. Han pasado 27 años desde entonces y es válido preguntarse qué avances y cambios se han producido para estos pueblos, y si este proceso ha mejorado sus condiciones de vida.
La marcha por la Tierra y el territorio en 1990 —realizada por familias enteras desde los llanos de Moxos hasta la Sede de Gobierno en La Paz (650 km)— fue un hito importante en la lucha por el reconocimiento de la identidad de los habitantes, comunidades y pueblos de las selvas bolivianas, así como por el reconocimiento de su territorio como medio de vida. Esta marcha condujo al reconocimiento de cuatro territorios indígenas mediante decretos supremos, y resultó insuficiente para abarcar toda la diversidad de los pueblos indígenas de tierras bajas.
A partir de esta lucha, se introdujo el concepto de "territorio" como un nuevo concepto jurídico en la legislación agraria, en contraposición al tradicional concepto de "tierra" relacionado con la categoría de campesino. El concepto de territorio va más allá de la tierra solo como factor productivo, ya que no solo se refiere a la producción agrícola y pecuaria, sino que también incluye actividades de recolección como la caza, la pesca y la obtención de frutos del bosque para la alimentación, la artesanía, la vestimenta, la vivienda, etc. Estas actividades son elementos fundamentales de la cultura y la subsistencia de los pueblos indígenas de tierras bajas, y también incorporan aspectos espirituales y culturales relacionados con su entorno natural.
Para abordar estas complejidades, se estableció la definición de "Tierra Comunitaria de Origen" (TCO) en la Ley 1715 (Ley INRA de 1996) como un tipo de propiedad de la tierra que reconoce el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la tierra en cantidad y calidad suficientes para su reproducción social, cultural y política. Inicialmente, se admitieron 16 demandas de TCO en tierras bajas (en los hechos fueron 33 TCO independientes), posteriormente se fueron incorporando muchas otras demandas, incluyendo demandas de tierras altas en el altiplano y los valles.
La Ley INRA introdujo el mecanismo técnico-jurídico conocido como Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO) con el objetivo de lograr la titulación de estos territorios. Sin embargo, este proceso inicialmente enfrentó dificultades debido a la naturaleza compleja de limpiar y determinar la legalidad de propiedad tanto de terceros como de las propias comunidades indígenas en un espacio territorial disputado, es decir saneamiento de tierras como un proceso que tiene como objetivo regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. A medida que se involucraban más terceros y se disponía de menos documentos, el proceso se volvía más largo y desafiante.
El saneamiento enfrentó obstáculos significativos debido a la necesidad de resolver disputas de propiedad entre terceros y comunidades indígenas en los territorios en cuestión. Estas disputas complicaron el proceso y lo hicieron más complejo. El saneamiento de tierras resultó ser costoso en términos económicos para el Estado y también para las comunidades. Se necesitaron recursos financieros significativos para llevar a cabo las investigaciones, los estudios técnicos y los procedimientos legales requeridos para determinar la titularidad de los territorios indígenas.
En suma, fue un proceso prolongado de aprendizaje, tanto para el Estado como para las comunidades indígenas que atravesaron un período adaptación, cohesión y adiestramiento. Fue necesario adquirir conocimientos técnicos y legales para garantizar que el proceso se llevara a cabo de manera adecuada y justa. Estos incluyeron la recopilación y verificación de documentos, la resolución de disputas de propiedad y la coordinación entre diferentes entidades y actores involucrados en el proceso.
A pesar de los desafíos iniciales, el proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen ha sido fundamental para el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Bolivia. Sin embargo, es importante destacar que la fuerte unión de las comunidades en la lucha por la titulación de sus territorios también ha resultado en una concentración y especialización de las organizaciones indígenas, lo cual ha atenuado su capacidad para abordar las etapas posteriores de gestión de manera efectiva.
Según los datos del INRA (2023), se ha titulado un total de 24.8 millones de hectáreas en todo el país bajo esta modalidad, lo que representa aproximadamente el 24% del territorio nacional. En el caso de las TCO de tierras bajas, se estima que son alrededor de 14 millones de hectáreas, es decir, el 14% de la superficie de Bolivia. Aunque esta cifra es significativa en términos generales, es importante destacar que estas titulaciones no siempre cumplen con los deseos óptimos que surgieron de la lucha y las demandas iniciales de los pueblos indígenas.
Uno de los aspectos problemáticos se refiere al tamaño y calidad de las tierras tituladas, así como a la falta de continuidad espacial. Aunque existen Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que cuentan con la suficiente continuidad espacial, en muchos casos los territorios se encuentran dispersos y separados por la presencia de terceros. Esta fragmentación es uno de los puntos más débiles del proceso y una limitación importante para alcanzar el objetivo inicial de tener un territorio con los atributos necesarios para la reproducción social, cultural, política y, sobre todo, económica de sus habitantes.
Han pasado más de 30 años desde que se comenzó a luchar y a reconocer los territorios indígenas. Durante este tiempo, se han logrado avances significativos en la titulación de tierras y en la inclusión de derechos en la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, es importante resaltar que estos avances aún no se han traducido de manera clara en un desarrollo humano y económico real para estas comunidades. Parece ser que el enfoque de la lucha se ha centrado principalmente en la reivindicación territorial, y se ha prestado menos atención a la posterior gestión comunitaria de los mismos.
Aunque se han registrado logros destacados en ciertos aspectos productivos y económicos en algunos territorios del norte amazónico, como el cultivo de cacao, el turismo y la recolección de castaña, la realidad es que la mayoría de estos territorios enfrentan crecientes vulnerabilidades debido al avance de las actividades extractivas. El auge del agronegocio en la chiquitanía y la expansión de la minería en la amazonia y otras zonas representan una seria amenaza para estos territorios.
En la actualidad, estos territorios juegan un papel vital como bastiones de resistencia y protección ambiental. Sin embargo, se enfrentan a crecientes amenazas, especialmente en términos económicos. La lógica económica les indica a los pueblos indígenas que mientras ellos se encargan de cuidar sus territorios, otros se aprovechan de los recursos. Esta situación plantea riesgos latentes, como:
División de las organizaciones: La presión económica y los intereses externos pueden generar divisiones dentro de las comunidades y sus organizaciones, debilitando así su capacidad de lucha y defensa colectiva.
Diferenciación social: La explotación de recursos naturales puede generar desigualdades sociales dentro de las comunidades, ya sea por la distribución desigual de beneficios económicos o por la introducción de nuevas dinámicas sociales y culturales.
Desestructuración de la integralidad comunitaria: La explotación económica puede afectar la cohesión y la estructura integral de las comunidades indígenas, poniendo en riesgo su identidad cultural y su forma de vida tradicional.
A pesar de los avances logrados hasta el momento, todavía existen deficiencias significativas en áreas fundamentales, como la atención de la salud y la educación, que afectan a las comunidades indígenas. Algunos puntos destacados son:
Atención de la salud: A pesar de los esfuerzos realizados, las comunidades indígenas continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios de salud adecuados. La falta de infraestructura, recursos y personal capacitado en áreas rurales y remotas dificulta el acceso a atención médica de calidad. Esta situación impacta negativamente en el bienestar y la calidad de vida de las comunidades.
Educación: Aunque se han implementado políticas para promover la educación inclusiva y culturalmente relevante, persisten desigualdades en el acceso y la calidad de la educación para las comunidades indígenas. La falta de infraestructura educativa adecuada, los bajos niveles de capacitación docente y la falta de materiales didácticos contextualizados son barreras que limitan el acceso a una educación de calidad.
Dependencia económica: Muchas familias indígenas siguen dependiendo en gran medida de la venta de su fuerza de trabajo, lo que refleja la dificultad para lograr una inserción económica justa en la economía nacional y aprovechar de manera sostenible sus propios recursos. La falta de apoyo para el desarrollo de actividades económicas autónomas y la falta de oportunidades de empleo digno limitan las posibilidades de desarrollo económico de las comunidades.
Es fundamental abordar estas deficiencias y trabajar en colaboración con las comunidades indígenas para superar los obstáculos y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y educación de calidad. Además, se deben promover estrategias que fomenten la autonomía económica de las comunidades, fortaleciendo sus capacidades productivas y promoviendo un desarrollo sostenible y justo.
Es crucial abordar estos desafíos y encontrar soluciones que promuevan la sostenibilidad, la autogestión y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esto implica fortalecer la unidad y la participación activa de las comunidades, así como promover un enfoque integral que tome en cuenta tanto aspectos sociales y culturales como económicos y ambientales. De esta manera, se podrá garantizar la preservación de estos territorios como espacios de resistencia y protección ambiental.
Es necesario reconocer que el proceso de desarrollo de los pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia es complejo y requiere de un enfoque integral que aborde tanto las necesidades básicas de estas comunidades como su participación activa en la toma de decisiones y la planificación de su propio desarrollo. Se deben implementar políticas y programas específicos que promuevan la autonomía económica, la preservación de la cultura y la identidad, y la mejora de las condiciones de vida en general.
En conclusión, a pesar de los avances en la titulación de tierras y el reconocimiento de derechos, aún queda mucho por hacer para lograr un desarrollo humano y económico sostenible y equitativo para los pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia. Es fundamental seguir trabajando en la superación de las deficiencias en áreas clave como la salud y la educación, y promover la autonomía económica y el aprovechamiento sostenible de los recursos para garantizar un futuro próspero para estas comunidades.
José Luis Eyzaguirre es investigador de la Fundación TIERRA.